La principal tarea de la Mesa Nacional será encontrar un mecanismo o marco jurídico a través del cual las personas y comunidades que han perdido su actividad productiva a causa de la construcción de proyectos hidroeléctricos, puedan acceder a tierras y de esta manera restablecer sus derechos al trabajo y la vida digna. El INCODER será la entidad del Estado responsable de liderar el proceso y articular otras instituciones gubernamentales para que los acuerdos suscritos tengan un alcance real. En tal razón, deberá convocar a la Mesa Nacional a los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente e Interior.
El espacio es una conquista del Movimiento Ríos Vivos, producto de las acciones de resistencia de los afectados por las represas de El Quimbo, Ituango, Sogamoso, Urrá y Salvajina, quienes han logrado demostrar en escenarios internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que los proyectos hidroeléctricos los despojan de sus territorios y los convierten en “Víctimas del desarrollo”.
El pasado 29 de julio se realizó en la ciudad de Bogotá una reunión entre delegados del Movimiento Ríos Vivos y funcionarios del INCODER con el objetivo de buscar soluciones a la situación de despojo que viven las comunidades afectadas por la construcción de proyectos hidroeléctricos en Colombia, dando como resultado la creación de la “Mesa Nacional de Tierras para Afectados por Represas”.
Ríos Vivos presentó ante el INCODER una serie de argumentos y denuncias sobre la forma como los megaproyectos de generación de energía han causado el desplazamiento de campesinos, jornaleros, arrendatarios, mayordomos, partijeros, pescadores, mineros artesanales, entre otros que no eran propietarios de tierras, realizaban actividades productivas ligadas al mundo rural y fueron sacados a la fuerza de sus territorios para la construcción de represas.
La principal tarea de la Mesa Nacional será encontrar un mecanismo o marco jurídico a través del cual las personas y comunidades que han perdido su actividad productiva a causa de la construcción de proyectos hidroeléctricos, puedan acceder a tierras y de esta manera restablecer sus derechos al trabajo y la vida digna.
El INCODER será la entidad del Estado responsable de liderar el proceso y articular otras instituciones gubernamentales para que los acuerdos suscritos tengan un alcance real. En tal razón, deberá convocar a la Mesa Nacional a los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente e Interior.
Ante la incapacidad del Estado Colombiano para garantizar y proteger los derechos fundamentales de los afectados por estos proyectos, se ha solicitado la presencia de la Organización de las Naciones Unidas para que actúe como mediadora y garante del proceso.
La instalación oficial de este escenario de concertación será el próximo 25 de agosto a las 9:00 a.m. en la sede nacional del INCODER en la ciudad de Bogotá, reunión en la que se ha solicitado además la presencia de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación.
El Caso Quimbo
La reunión tuvo especial énfasis en el caso de los Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo dado que aumentan las denuncias por el inicio del llenado sin previo cumplimiento de las obligaciones de la licencia ambiental por parte de la multinacional EMGESA.
Delegados de Asoquimbo exigieron la restitución de 5.800 hectáreas de tierras en producción adecuadas con distritos de riego, reclamando al INCODER que la restitución de tierras que está contemplada sólo incluye a las personas que han sido censadas por EMGESA.
Asoquimbo insistió en que el Gobierno Nacional no puede hacer la restitución de tierras para los afectados por este proyecto basado en un censo amañado y calificado por la Corte Constitucional en su Sentencia T-135/13 como irregular y poco participativo. También señaló que más del 60% de los afectados por El Quimbo son sujetos de reforma agraria y no han sido reconocidos en el censo adelantado por EMGESA.
Por su parte el INCODER en cabeza de Carlos Ignacio Carmona, Subgerente de Tierras Rurales, presentó un informe sobre sus actuaciones en el caso Quimbo, señalando que hasta el momento la entidad ha comprado solamente 387 hectáreas de las 2.700 que les corresponde, argumentando que ha sido imposible encontrar tierras que cumplan con las condiciones necesarias. De la misma manera señaló que EMGESA no ha aceptado varios predios que se perfilan para compra debido a que sostienen que en esos terrenos sería difícil realizar las adecuaciones que les corresponde.
A la reunión asistió, Julio César Triana, Ex Secretario de Gobierno Departamental del Huila y hoy asesor de la Subgerencia de Tierras Rurales del INCODER, quien afirmó que la entidad ha constituido un equipo especial para agilizar el proceso de restitución de tierras a los afectados por El Quimbo. También señaló que cumplir con la obligación de las 2.700 hectáreas que debe comprar el INCODER será imposible si no se amplía a por los menos tres municipios más la zona autorizada para la compra de tierras.
Lea además,
http://millerdussan.blogia.com/2015/080101-foro-extractivismo-y-creacion-de-mesa-nacional-de-tierras-para-afectados-por-rep.php
Acta de creación de la Mesa Nacional de Tierras para Afectados por Represas: