Artículo publicado originalmente en: https://debatesdh.blogspot.com/
Crímenes contra la humanidad. Derecho a la verdad. Identificación de las víctimas. Corte IDH. Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de julio de 2022. Serie C No. 455
Por Rafael Barrios Mendivil
1.- Introducción
El partido político colombiano Unión Patriótica (UP) se constituyó como organización el 28 de mayo de 1985. Su nacimiento fue resultado de un proceso de paz entre el Secretariado Nacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del expresidente Belisario Betancur Cuartas, firmado el 24 de mayo de 1984 y conocido como “Acuerdos de la Uribe”.
Como parte de los Acuerdos, el Gobierno Nacional se comprometió a otorgar las garantías y seguridades indispensables para que la UP pudiera actuar en las mismas condiciones que los demás partidos políticos. El Estado no solo incumplió con este compromiso, sino que es responsable bajo el derecho interamericano por la violación de múltiples derechos de miles de víctimas que simpatizaron con la UP en vida. Así falló la Corte IDH luego de más de treinta años de litigio.
La UP participó por primera vez en las elecciones en 1986, alcanzando a tener 15 parlamentarios. Con presencia política en todo el territorio nacional, entre ese año y 1994 obtuvo considerables resultados en el Senado, la Cámara de Representantes, Concejos y Alcaldías Municipales y la Asamblea Nacional Constituyente de 1990.
Pero, desde su inicio desencadenó la violencia en su contra. En los primeros meses de la administración de Virgilio Barco (1986-1990) fueron asesinados los representantes a la Cámara, Leonardo Posada Pedraza y Octavio Vargas Cuéllar, y el senador Pedro Nel Jiménez Obando. Su primer candidato presidencial, Jaime Pardo Leal, fue asesinado el 11 de octubre de 1987. Tres años después, el 22 de marzo de 1990, el candidato presidencial Bernardo Jaramillo Ossa, corrió la misma suerte, siendo acribillado en el Puente Aéreo de Bogotá.
Ante el estado de indefensión e impunidad por la falta de respuestas del Estado a los asesinatos, y luego del crimen del dirigente comunista José Miller Chacón en Bogotá y el asesinato del excongresista Henry Millán, en Florencia, Caquetá, el 16 de diciembre de 1993 la Corporación Reiniciar y la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) radicaron una petición ante la CIDH, alegando la responsabilidad del Estado. Recién el 29 de junio de 2018 la CIDH sometió el caso a la jurisdicción de la Corte IDH.
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