EL 6 de noviembre de 2014, se hicieron explícitas las dificultades del Gobierno para encontrar una solución a la crisis presupuestal del sistema de protección. La justicia, lejos de amparar el derecho a la libertad de expresión de periodistas en riesgo, considera irrelevante que cien periodistas completen siete semanas en las que sus esquemas de protección han dejado de funcionar de manera adecuada, afectando gravemente el derecho de la sociedad a estar informada.
EL 6 de noviembre de 2014, se hicieron explícitas las dificultades del Gobierno para encontrar una solución a la crisis presupuestal del sistema de protección. La justicia, lejos de amparar el derecho a la libertad de expresión de periodistas en riesgo, considera irrelevante que cien periodistas completen siete semanas en las que sus esquemas de protección han dejado de funcionar de manera adecuada, afectando gravemente el derecho de la sociedad a estar informada.
La Unidad Nacional de Protección (UNP) y el Ministerio de Hacienda zanjan sus diferencias a través de redes sociales y medios de comunicación, a costa de la generación de una innecesaria zozobra en las personas beneficiarias del programa de protección.
La crisis
A mediados de septiembre de 2014 se hizo pública la existencia de un déficit cercano a los 70 mil millones de pesos que amenazaba la viabilidad del programa de protección. El Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, y el Director de la UNP, Andrés Villamizar, dieron partes de tranquilidad a las personas en riesgo y anunciaron un plan para reducir costos del programa de protección que actualmente atiende a más de 2000 personas, de las cuales, 100 son periodistas en riesgo.
Las declaraciones públicas sobre medidas de austeridad y el compromiso de no suspender la protección siempre estuvieron a la espera de que desde el Ministerio de Hacienda se canalizaran recursos para la continuidad del programa de protección.
Periodistas en riesgo: Siete semanas sin protección adecuada
El programa de protección a periodistas no sólo fue diseñado para preservar la vida de comunicadores, tiene como objetivo principal la protección de la actividad periodística.
Desde mediados del mes de septiembre las medidas de austeridad que fueron implementadas por la UNP han obstruido gravemente las labores de reportería de los periodistas en riesgo. Deben escoger entre hacer periodismo sin la protección a la que tienen derecho, o no hacer su trabajo. En algunos casos los periodistas deben pagar los gastos para que operen los esquemas de protección asignados por el Estado, en otros, se niegan las solicitudes de autorización para los desplazamientos de un lugar a otro.
Los esquemas no se han retirado y esta es la premisa que tienen las autoridades de protección para argumentar que están garantizada la seguridad de los periodistas.
Sin embargo, los esquemas de protección no están funcionando y esta es la razón por la cual la UNP no está garantizando plenamente la actividad periodística.
Desprotección judicial
Teniendo en cuenta que el inadecuado funcionamiento de los esquemas de protección afecta gravemente los derechos a la seguridad personal, a la libertad de expresión, al trabajo de los periodistas en riesgo y el de la sociedad a estar informada, la FLIP presentó una acción de tutela favor de una periodista de Arauca y como agentes oficiosos de los demás colegas beneficiarios del programa de protección.
En un ejercicio de minimizar las dimensiones del problema de garantías a la libertad de expresión, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá negó la tutela argumentando, entre otras cosas, que si a un periodista en riesgo no se le había autorizado un desplazamiento relacionado con su labor, este es un hecho consumado del pasado frente al cual no hay nada que hacer. El tribunal pasó por alto la exposición que argumentaba que esta situación es reiterativa, por eso, afectó y sigue afectando día a día los derechos de los periodistas protegidos por el Estado.
No es la negativa de autorizar un desplazamiento puntual y aislado, es un sistema de protección que por falta de recursos ha dejado a los periodistas en riesgo en una difícil disyuntiva de protección sin trabajo o trabajo sin protección.
Esta lamentable decisión judicial será impugnada a la espera de un análisis constitucional que sitúe las verdaderas dimensiones del problema y le brinde solución.
Posiciones contradictorias del Gobierno a costa de zozobra de protegidos
El 6 de noviembre de 2014 el Director de la Unidad Nacional de Protección anunció: “Si no recibimos en las próximas horas los recursos necesarios de Min Hacienda, en los próximos 8 días se levantarían todos los esquemas”.
Al cabo de pocas horas, el mismo funcionario confirmó que el Ministerio de Hacienda había girado recursos que “solucionan parcialmente el problema”.
Es lamentable que la sociedad deba presenciar un pulso entre dependencias del Gobierno cuando se aspira, precisamente, a que se brinden soluciones coherentes como Poder Ejecutivo.
Por encima de las posturas de las carteras de Hacienda, Interior y la UNP está el deber de brindar protección a personas a las que el mismo Estado les ha diagnosticado una condición de riesgo. El Gobierno puso a los protegidos en el medio de su tensión interna, provocó una zozobra innecesaria en los protegidos y develó la fragilidad en la sostenibilidad del programa de protección.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) destacó en su informe sobre violencia contra periodistas y trabajadores de medios que a la hora de adoptar esquemas de protección de periodistas es fundamental “1) la importancia de garantizar los recursos financieros y de personal necesarios para la implementación adecuada del mecanismo; 2) la necesidad de asegurar una efectiva coordinación entre las entidades responsables de la implementación de medidas de prevención, protección y procuración de justicia; 3) la necesidad de definir adecuadamente las medidas de protección contempladas por el mecanismo y el procedimiento para su adopción (…)”.
Mientras el programa de protección a periodistas en Colombia había sido reseñado internacionalmente como una experiencia positiva, el desarrollo del mismo en las últimas semanas ha distanciado su funcionamiento de los estándares internacionales sobre protección a periodistas.
La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) exige al Ministerio de Hacienda, a la Unidad Nacional de Protección y al Ministerio del Interior que asignen de manera inmediata los recursos necesarios para solventar las dificultades económicas del programa de protección de periodistas. Igualmente, reclama que las medidas que se adopten, garanticen no sólo la vida e integridad de los periodistas en riesgo, sino la actividad periodística como tal, procurando que en la operación de los esquemas de protección no se generen obstáculos para el desarrollo del trabajo. Por último, invita a las autoridades a cargo de la protección a evitar involucrar a los protegidos o generar escenarios de incertidumbre y zozobra sobre su situación de seguridad, esto es revíctimizante y pone en duda al Estado en su posición de garante de los derechos humanos y las obligaciones que ha suscrito a nivel internacional.