HECHOS
Entre el 31 de julio y el 9 de agosto, se han documentado cinco (5) nuevos homicidios que engrosan los escalofriantes guarismos allí expresados, y que afectaron a las comunidades indígenas y a la niñez.
En la madrugada del 9 de agosto, fue violada sexualmente y asesinada una menor de 14 años y su hermana de 17 años resultó gravemente herida, en la vereda Costa Rica del municipio de Tame. La comunidad capturó y entregó a la Policía Nacional al presunto autor de los hechos, identificado como Mario Alberto Torres Méndez de 20 años de edad.
El 8 de agosto, fue asesinado en su casa de habitación ubicada en la vereda Puerto Arturo de Saravena, el señor Miguel de los Santos Duarte. El 1 de agosto, en la vereda San Lorenzo de Arauquita, fue ultimado con impactos de arma de fuego el indígena Silvestre Morenos, de 28 años de edad, miembro de etnia Sikuani de la comunidad El Vigía de ese municipio. Ese mismo día fue llevado a la morgue del municipio de Saravena, el cuerpo de un hombre que a la fecha no ha sido identificado, quien presenta varios impactos de arma de fuego en su humanidad.
El 31 de julio, aproximadamente a las 2:00 a.m., en el establecimiento comercial El Oití, en el Barrio San Jorge de Saravena, resultó muerto el señor Alcides Ardila, en hechos que no han sido esclarecidos por las autoridades, cuando un grupo de soldados de inteligencia militar en estado de embriaguez realizaron varios disparos.
Por los medios de comunicación regionales se difundió la información de que el ejército había manifestado que los militares fueron atacados y en su reacción dieron de baja a uno de los atacantes, versión que fue desmentida no solo por los familiares de las víctimas sino por testigos del hecho, quienes aseveraron que el asesinado era un mecánico de vehículo pesados, muy reconocido en la región y que no hacía aparte a ningún grupo armado. Por su parte el administrador y organizador del evento musical, denunció que los militares habían estado preguntando por él haciéndose pasar por miembros de la SIJIN.
Hacemos un llamado a los organismos de justicia y control a adelantar de forma inmediata, con la responsabilidad que los hechos ameritan, las investigaciones penales y disciplinarias tendientes a establecer la verdad, lograr la justicia y que haya reparación integral a las víctimas, así mismo para que se adopten las medidas para proteger a las personas que están denunciando públicamente y ante las autoridades competentes.
