DEFENDER LA VIDA PARA CONSTRUIR LA PAZ INTEGRAL
CON JUSTICIA SOCIAL
Durante los días 28 y 29 de octubre de 2022, Bogotá acogió diversas delegaciones de todo el país en el XIII Foro Nacional de Derechos Humanos y Paz, convocado por 26 organizaciones representativas de los más variados sectores políticos y sociales; Este evento se inscribe en un momento político inédito de la historia del país, que genera retos y esperanzas de cambio en la realización de una nueva política de Estado para la protección de la vida, la búsqueda de paz y la garantía de los derechos humanos del conjunto de la población.
Los asistentes expresaron su preocupación por el desenvolvimiento de un escenario internacional marcado por el conflicto en Ucrania y las crecientes tensiones protagonizadas por los Estados Unidos y Rusia. En su afán de superar la recesión y las dificultades económicas para mantener su posición hegemónica, los Estados Unidos y sus aliados de Europa occidental recurren a la guerra, fórmula bien conocida por el capitalismo para afrontar tiempos de crisis.
Ahora China y otras potencias emergentes han entrado a jugar un rol protagónico en la economía mundial y desafían el orden norteamericano abogando por un mundo multipolar.
En Colombia, las luchas populares que se han venido cualificando tras el Acuerdo de paz de la Habana, son el resultado del acumulado histórico del movimiento social, que desde el 2019 se reagrupo para movilizarse en contra del incumplimiento de los Acuerdos de Paz, el asesinato sistemático de líderes sociales, la represión policial y las reformas que pretendía aprobar el gobierno de Iván Duque en detrimento de los trabajadores y la población en general.
La creciente rebeldía popular expresa las nuevas preocupaciones y propuestas para el cambio: el medio ambiente, la lucha contra el fracking, la resistencia juvenil contra el Esmad, el cese de la violencia contra la mujer, las niñas y niños; la crisis en la salud y la educación, fenómenos que expresan también la presencia de nuevos sujetos, especialmente de los jóvenes y las mujeres, en las ciudades y la ruralidad, como manifestaciones de la acción de masas, que trascienden las reivindicaciones tradicionales para imponer modalidades de poder popular naciente. Es evidente que la realidad nacional cambió y dio paso inicialmente al Programa del Pacto Histórico, el cual permitió el ascenso del primer gobierno alternativo en Colombia.
El fracaso de la llamada “Paz con legalidad”, para bloquear a la JEP, para crear una “historia oficial” que niega el conflicto y la victimización; los escándalos del espionaje militar a magistrados, opositores, periodistas y la responsabilidad de altos cargos del Ejército en ejecuciones extrajudiciales; la represión y judicialización de los campesinos cocaleros, indican las razones del creciente aislamiento que alcanzo el gobierno Uribista.
El militarismo de las elites tradicionales y su brazo paramilitar continúan actuando para entorpecer el acuerdo de paz, desestabilizar el gobierno alternativo, proseguir la guerra y los planes de exterminio; su estrategia es el control territorial, el despojo campesino, afro e indígena y la acumulación de la propiedad de la tierra en manos de poderosos terratenientes y empresas transnacionales.
Avanzar hacia un nuevo país exige contemplar los derechos y necesidades económicas y sociales de la población como pilar fundamental para la construcción de un modelo de desarrollo equitativos y sostenible, que debe realizarse con la inclusión y participación de las mujeres; nos referimos a la exclusión en los asuntos políticos, la inequidad en los cargos públicos, la soberanía alimentaria y la autonomía de las mujeres; Exigimos el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres.
El programa del nuevo gobierno apunta en dirección a enfrentar aspectos agudos de la crisis, la urgencia de recursos fiscales para la inversión social, la reforma a la policía, la suspensión del Esmad y la renovación de mandos de las fuerzas militares, las medidas contra la criminalidad a líderes sociales. Como tarea inmediata se ha propuesto enfrentar la crisis de hambre, efecto del empobrecimiento de capas sociales afectadas por el desempleo y la llamada informalidad, que sufren en particular el azote
de la inflación en los precios de los alimentos y la insolvencia monetaria para adquirirlos.
Hay que enfrentar así mismo, la violencia estructural y discriminaciones contra líderes, lideresas, defensoras y defensores de los Derechos Humanos, firmantes de la paz, víctimas de masacres y amenazas a dirigentes sociales y a organizaciones de izquierda; contra la población LGBTI, indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y adultos mayores. Un plan de choque para defensa de la vida y el desmonte del paramilitarismo está en proceso de ser puesto en marcha.
Consecuentemente, se ha presentado al Congreso el proyecto de reforma tributaria, reforma al Congreso con reducción de salario a los congresistas, y medidas para la recuperación de baldíos. Otras iniciativas como la reforma pensional, la ley estatutaria de reforma laboral y un proyecto de estatuto del trabajo, se prevé presentarlas a comienzos de 2023. Son importantes asimismo la ley de garantías para el derecho a la protesta social, las propuestas vinculadas a la reforma universitaria para mejorar el presupuesto, avanzar en la lucha contra la corrupción y la democratización del gobierno universitario en el marco de la autonomía.En el plano de los cambios institucionales tienen especial relieve las reformas políticas.
Se requieren diálogos regionales humanitarios que permitan consolidar la paz territorial y la inclusión social, que han sido espacios regionales donde la intensidad del conflicto armado ha golpeado duramente a las comunidades y a los territorios. Estigmatización y criminalización de la protesta social, que se encuentran ligadas también al racismo. Es una manera de intimidar y obstaculizar el ejercicio político de sectores excluidos, de la participación política de la izquierda; persiste una matriz mediática que estimula el pensamiento retardatario, conservador, patriarcal, anticomunista.
El derecho a la protesta en Colombia, es un derecho fundamental que se desprende del derecho a la libertad de expresión, libertad de asociación y de reunión, libertad de libre locomoción, libertad de conciencia y el derecho a la oposición en una democracia. Planteamos al gobierno la implementación de las recomendaciones entregadas por CIDH en el marco de la protesta social.
La justicia implementada para las víctimas de carácter estructural es de impunidad por las violaciones históricas de los derechos humanos. Justicia ordinaria, donde los procesos contra agentes del Estado miembros de la Fuerza pública con claros elementos probatorios no avanzan, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía para desmontar grupos paramilitares, que fue creada por el Acuerdo de Paz, mantiene en la impunidad las investigaciones de hechos victimizantes contra líderes, lideresas, defensores y defensoras de derecho humanos y los homicidios perpetrados a los firmantes de la paz.
La justicia se encuentra en un estado de debilitamiento, se juzga a los sectores populares y a sus manifestantes con delitos de concierto para delinquir con fines de terrorismo, declarándolos delincuentes comunes, quedo abolido el derecho a la rebelión. Los tribunales de Justicia y Paz que juzga a los paramilitares están en un progresivo detrimento de justicia, verdad y reparación, en relación con la Jurisdicción Especial de Paz, la justicia para las víctimas es lamentable, hasta el momento se conoce solo una resolución contra 11 miembros de la Fuerza Pública, por aproximadamente 110 homicidios y desapariciones sin la realización efectiva de reparaciones ni aportes a la verdad. Dentro de la propuesta presentada por Asonal Judicial se recoge la urgente reforma constitucional de la justicia con autonomía e independencia política de la rama judicial.
Es claro que la paz en Colombia no se puede reducir a la finalización de las acciones bélicas ni a la dejación de las armas por parte de la insurgencia. En la formulación de la paz total se debe entender que la paz se alcanza cuando se supere el ejercicio violento del poder y las circunstancias económicas y políticas de desigualdad que dieron origen a la confrontación armada.
La agenda de paz debe incluir el cumplimiento de los acuerdos de la Habana, al cumplimiento de la ley 1820 de amnistía e indultos, los diálogos humanitarios regionales, a la paz territorial, a seguir insistiendo en una paz total, que permita desarrollar los liderazgos territoriales, la preservación de la vida, y la permanencia en los territorios, la reanudación de conversaciones con el ELN; la definición de una salida política para las distintas variantes de las llamadas disidencias de las antiguas FARC; Los mecanismos jurídicos para el sometimiento a la justicia de las estructuras paramilitares y clanes del narcotráfico.
El XIII Foro llama a la solidaridad y libertad para los jóvenes de la primera línea, para las y los presos políticos que se encuentran privados de la libertad por exigir mejores condiciones de vida, dignificación y humanización de sus comunidades y sectores sociales. Debemos trabajar con las propuestas de elaborar una política criminal adecuada para presos de conciencia. Hacemos un llamado a la solidaridad de repatriación de Simón Trinidad.
Salimos de este foro a colmar las calles, carreteras y plazas públicas del país, para ser protagonistas de las transformaciones políticas y sociales, de la democracia popular y la paz integral con justicia social.
Bogotá 29 de octubre de 2022