El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar y Temblores ONG radicamos ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1844 de 2018, referido a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias declaradas ilícitas.

DECRETO SOBRE DOSIS PERSONAL DESCONOCE COMPETENCIAS DEL CONGRESO Y AFECTA DERECHOS FUNDAMENTALES DE CIUDADANÍAS MÁS VULNERABLES

Bogotá, 29 de octubre de 2018. El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar y Temblores ONG radicamos ante el Consejo de Estado una demanda de nulidad contra el Decreto 1844 de 2018, referido a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir o comercializar drogas o sustancias declaradas ilícitas.

Las organizaciones demandantes consideramos que la expedición del Decreto 1844 de 2018 expedido por el Ministerio de Defensa desconoce las competencias del Congreso para regular el núcleo esencial de derechos fundamentales, lo cual debe hacerse mediante Ley Estatutaria. De manera complementaria, consideramos que el Decreto del poder ejecutivo crea nuevos procedimientos, que deberían expedirse mediante ley en tanto modifican el Código Nacional de Policía expedido por el Congreso.

De otro lado, en una democracia es a los jueces penales a quienes les corresponde valorar si un ciudadano/a ha incurrido en un comportamiento delictivo, en este caso, si los consumidores portan una dosis superior a la mínima. Afecta a la independencia del poder judicial y el debido proceso que sea de competencia policial esta determinación, lo cual significa darle funciones judiciales a la policía. Más aún cuando la propia Corte Suprema de Justicia ha señalado que no siempre que se porten estupefacientes en dosis mayores a la mínima se está ante la comisión de un delito, ya que se ha reconocido la “dosis de aprovisionamiento”.

Igualmente, consideramos que el Decreto cuestionado desconoce el precedente constitucional que desde 1994 cambió el enfoque represivo con el que se atacaba el porte y el consumo de drogas. Así, termina criminalizando al usuario, que es uno de los eslabones más débiles de la cadena de las drogas; alimentando prácticas discriminatorias en contra de las ciudadanías que habitan en la calle y desconociendo derechos fundamentales como la dignidad, al libre desarrollo de la personalidad, al debido proceso y a la salud al contemplar un procedimiento administrativo que no es de orden pedagógico, profiláctico ni terapéutico.

Más aún, el decreto incrementa el perfilamiento policial en contra de identidades que pueden ser arbitrariamente percibidas como usuarias, vulnerando el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad

El Decreto tiene un efecto que favorece las redes de narcotráfico porque, como ya se ha visto, el precio de la dosis aumentó. Es decir, el beneficia a las grandes empresas del narcotráfico a costa de la criminalización del eslabón más débil de la cadena, que es el usuario.

Por último, rechazamos el hecho que el Decreto implica destinar la mayor parte del cuerpo policial a la persecución del porte de drogas, desatendiendo otras realidades de violencia en las que la policía se necesita mucho más.

Texto de la demanda