El 30 de enero de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró que el brote de un nuevo coronavirus representaba una emergencia de salud pública de importancia internacional. Cuarenta y dos días después advirtió que la enfermedad covid-19 constituía una pandemia y, como una de las principales medidas para prevenir el contagio, recomendó que las personas se lavaran las manos con frecuencia.
Lavarse las manos, una acción elemental, pero sólo factible de realizar si hay agua disponible. En abril de 2020, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, advirtió en su informe sobre la covid-19:
Muchas de las personas más afectadas por la crisis son las que ya tienen enormes dificultades en la lucha diaria por sobrevivir. Para más de 2.200 millones de personas de todo el mundo, lavarse las manos asiduamente no es una opción porque no tienen un acceso suficiente al agua (Naciones Unidas, 2020a).
Resonó entonces, de muchas formas, la decisión que un decenio atrás adoptó la Asamblea General de las Naciones Unidas: reconocer el derecho al agua potable como un derecho esencial (2010). En ese momento, 884 millones de personas en el mundo carecían de acceso a agua potable , y ya era lejana la meta de que, en 2015, se hubiera reducido a la mitad el porcentaje de la población mundial carecía de acceso a agua potable o no pudiera costearlo (Naciones Unidas, 2000a).