El 11 de febrero de 2016 el Juzgado 56 Penal del Circuito, Programa OIT, declaró como crímenes de lesa humanidad las desapariciones forzadas de Geiner Antonio Munive Rodríguez y Nairo Homero Chaparro, en el marco de una sentencia condenatoria proferida contra Yesid Farid Cachayas Quevedo, Alias “El Rolo”, miembro de las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), por su responsabilidad en calidad de coautor impropio de los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada agravada. (Foto: Rutas del Conflicto)
En el expediente se encontró abundante información sobre más de cincuenta desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos de la población civil cometidos entre los años 2002 y 2003 en los municipios de Chámeza y Recetor, Casanare, cometidas por la organización paramilitar con control militar y territorial en la región.
Luego de asistir a un Consejo de Seguridad en Yopal, Casanare y manifestar su inconformidad ante varias autoridades públicas del departamento sobre la presencia y actuar paramilitar en el municipio de Recetor y sectores aledaños, el médico Geiner Antonio Munive del Centro de Salud de dicho municipio fue citado el 27 de febrero de 2003 por los paramilitares de las ACC de la misma manera que lo hicieron otras personas víctimas de desaparición forzada. Nairo Homero, afiliado a ANTHOC y conductor de la ambulancia fue a acompañarlo.
Según declaraciones de varios paramilitares, en la vereda Guafal del Caja del municipio de Tauramena, Casanare, las víctimas fueron cruelmente asesinadas, sus cuerpos fueron desmembrados, inhumados y cuatro meses después desenterrados y arrojados a una quebrada para evitar que las autoridades los hallaran.
El Juzgado determinó que “las desapariciones forzadas de estas víctimas se cometieron en el contexto de un ataque sistemático y repetido de actos criminales contra la población civil, a quienes se les persiguió masivamente y se les discriminó sin misericordia alguna”, y por tanto las declaró como crímenes de lesa humanidad. Los cruentos actos perpetrados contra el médico y su acompañante hicieron parte de un plan cuidadosamente orquestado, puesto en marcha a través de medios públicos oficiales y privados de la región para desaparecer continuamente a sus habitantes por razones políticas, tales como silenciar a quienes estuvieran en contra del accionar paramilitar.
En este sentido, la sentencia ordena a la Fiscalía General de la Nación la investigación en contexto de estos crímenes contra varios funcionarios públicos con el fin de determinar acciones u omisiones en el ejercicio de sus funciones, que hubieren permitido el control y accionar paramilitar en la región. Es así, como de acuerdo a las pruebas obrantes en el proceso, el Juzgado ordena iniciar investigación contra quien en la época de los hechos se desempeñaba como Personero de Yopal, Casanare, como Comandante de la base militar de Chámeza, las personas que se mencionan en el expediente como “El Capitán Guerrero”, el Mayor “Jerez”, y el Coronel Juan Carlos Castañeda Villamizar, así como otros servidores públicos.
Además de las consecuencias jurídicas conocidas de la Declaratoria de crimen de lesa humanidad, como la imprescriptibilidad de la acción penal y el hecho de que los delitos pasan a ser crímenes internacionales, esta decisión ofrece una lectura de contexto interesante que permite avanzar en el esclarecimiento integral de la verdad sobre el accionar paramilitar en el departamento del Casanare, al mostrar que no fueron hechos aislados sino que respondieron a un plan metódicamente creado por actores legales e ilegales que sembraron terror en la región.
La desaparición forzada de los dos trabajadores de la salud y los más de cincuenta casos documentados en este proceso, que ocurrieron bajo la jurisdicción del Batallón 44 “Ramón Nonato Pérez”, se enmarcan dentro de un contexto de graves violaciones a los derechos humanos que han azotado al departamento del Casanare, donde confluyen actores económicos, como la multinacional petrolera British Petroleum y las Autodefensas Campesinas del Casanare . El banco de datos del Cinep ha documentado el caso de Casanare y el papel de los diferentes actores de esta violencia sistemática y generalizada en su informe Casanare: Exhumando el genocidio, y el informe Los desaparecidos del Casanare señala que entre 1986 y 2007, 1.500 personas se reportaron como víctimas de desaparición forzada en el departamento.