Bogotá, 13 de mayo de 2020. Las interceptaciones y seguimientos ilegales por cuenta de la inteligencia militar contra organizaciones sociales, políticos, periodistas y magistrados están al servicio de dirigentes del uribismo y de una red de corrupción de militares con bandas delincuenciales, como el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado.

La afirmación la hizo el senador Iván Cepeda durante el debate que se llevó a cabo este miércoles en la Comisión Segunda de Senado.

“El debate que hemos planteado desde la oposición tiene que ver con este aparato criminal de inteligencia que, como se sabe, buscaba hacerle daño a los líderes de oposición, a periodistas, magistrados, defensores de derechos humanos y al proceso de paz. También hemos señalado que este aparato de inteligencia ilegal está vinculado a la ‘Operación Bastón’ que ha puesto al descubierto un entramado de corrupción que vincula a cerca de 300 oficiales y suboficiales del ejército y al menos a 16 generales con políticos, el Clan del Golfo y la Oficina de Envigado, para desvirtuar y ocultar estas denuncias que se estaban produciendo en el ejército sobre corrupción y violaciones de derechos humanos”, señaló Iván Cepeda.

En este sentido, se estableció que 9 generales están detrás de esas acciones ilegales, que serán denunciadas penalmente y expuestos ante instancias internacionales. Algunos de los altos oficiales comprometidos son:

General Eduardo Quiróz: tuvo que salir del Ejército al revelarse la investigación de Semana, jefe del Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar, CACIM participó de la persecución contra quienes estaban filtrando información a periodistas sobre corrupción y violaciones de DDHH.

General Gonzalo García Luna: pidió su retiro siendo comandante del Departamento Conjunto de Inteligencia y Contrainteligencia, en el marco de los escándalos por las “carpetas secretas” viene desde el DAS y participó en las chuzadas de los gobiernos de Uribe.

General Adelmo Fajardo: investigado por la Corte Suprema de Justicia por supuestamente desviar dineros públicos para gastos personales.

General Jorge Horacio Romero: habría montado un negocio en la Cuarta Brigada para recibir dinero a cambio de la entrega de salvoconductos para armas de integrantes de la Oficina de Envigado.

General Juan Pablo Rodríguez: según Semana, tendría relación con el escándalo de inteligencia del Comando General de las FFMM. Estaría interesado en espiar a José Miguel Vivanco de Human Rights Watch (HRW) por denuncias en su contra por “falsos positivos”.

General Diego Luis Villegas Muñoz: En una reunión en la sede de la Trigésima Brigada indicó a los asistentes: “Acá lo que toca es dar bajas. Si toca sicariar, sicariamos”. Sostuvo que tenían alianza con Los Pelusos para atacar al ELN.

General (r) Jorge Humberto Jerez Cuéllar: el 13 de febrero de 2015 en la finca Montecristo ubicada en zona rural de Montería, el general Jerez, quien en ese momento se desempeñaba como comandante de la Segunda División del Ejército, se reunió con el testaferro de narcotraficantes José Guillermo “Ñeñe” Hernández.

General Mauricio Moreno: el general tiene varias denuncias de sus propios subalternos que lo relacionan con supuestos casos de corrupción. Estos van desde desvío de recursos hasta complicidad con criminales cuando fue comandante de la Fuerza de Tarea Titán.

General Nicacio Martínez: como inspector del Ejército conoció estos casos, y bajo su mando el aparato de contrainteligencia contra la corrupción interna se transformó en el aparato de inteligencia criminal.

El senador advirtió que esta no era una operación de ‘perfilamiento’. La inteligencia criminal se hacía más allá de la recolección de datos públicos de las víctimas y buscaba servir a propósitos políticos claros, los blancos seleccionados han sido objeto de seguimientos, amenazas, chantajes y operaciones difamatorias. ¿Ministro, entre las personas que estábamos en la lista de esta operación criminal había líderes sociales que fueron luego amenazados o asesinados? preguntó el congresista al ministro de Defensa, Carlos Holmes.

Junto a los senadores Gustavo Bolívar, Feliciano Valencia y Antonio Sanguino, Cepeda anunció que se elaboró un informe para la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con el aparato de inteligencia criminal y la Operación Bastón. Se denunciará penalmente a los nueve generales mencionados por los presuntos delitos de violación de comunicaciones, concierto para delinquir agravado, peculado por apropiación, entre otros. Copia de esa denuncia se entregará a la CPI para lo que considere dentro de su competencia de acuerdo con el examen preliminar que realiza sobre Colombia.

La información expuesta por la oposición hoy, será enviada también para el conocimiento de congresistas de Estados Unidos, puesto que la operación, se hizo utilizando dineros de la cooperación de ese país.

También se entablará denuncia penal contra Rafael Nieto Loaiza, miembro del Centro Democrático, por haber presuntamente cometido los delitos de violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir.

Por último, se le solicitará a la Contraloría General de la República auditar el patrimonio de los generales y su relación en los procesos de contratación o manejos de recursos públicos en los que hayan participado.

Audio y artículo original en: https://www.ivancepedacastro.com/dirigentes-uribistas-y-corrupcion-detras-de-inteligencia-ilegal/