El pasado martes 21 de julio, nos enteramos de que esta columna que sería difundida en el espacio de opinión del portal informativo Pulzo.com no fue publicada y se nos informó que nuestras columnas entrarían en un periodo de prueba por abordar “temas políticos” y no de derechos humanos. A continuación la damos a conocer, y en breve ampliaremos los detalles de este preocupante hecho de censura.

Las afectaciones a los derechos humanos en tiempos de pandemia han sido poco discutidas, a pesar de su importancia. La privatización de la salud pública y la desatención de la población por parte de gobiernos negacionistas, han afectado el derecho a la salud de millones de personas. Al manejo de la pandemia efectuado por los gobiernos de Brasil y Estados Unidos solo le cabe un adjetivo: catastrófico. A lo anterior, se suman las consecuencias de las medidas que procuran contener el virus. Las medidas de cuarentena, aunadas a la incertidumbre en la economía mundial, generan un riesgo de grave retroceso en los derechos sociales. Hoy millares de personas sufren inseguridad para garantizar alimentación, trabajo y vivienda.

En ese contexto, las donaciones se convierten en un elemento de solidaridad social para la crisis y la incertidumbre. Frente a Estados desmantelados por las reformas neoliberales y ante la negativa de implementar una renta básica, o un ingreso mínimo de emergencia para la población, la solidaridad ciudadana activa nuevas redes de afecto y cuidado compartido. En estos tiempos de pandemia, las donaciones han sido una práctica que ha aliviado necesidades y tejido apoyo mutuo.

Sin embargo, hoy tenemos buenas razones para mirar ciertas donaciones con sospecha. A nuestro juicio, algunos donativos no cumplen con el objetivo de ayudar, incluso pueden agravar los problemas que ya estamos viviendo o pueden ser resultado de una agenda que no es precisamente humanitaria.

El pasado 2 de julio la empresa transnacional Nestlé hizo entrega de desayunos en Bogotá y Medellín, que incluían comestibles ultraprocesados. Dicha donación tuvo un amplio despliegue publicitario en las redes de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Algo similar ocurrió a finales de abril, con la entrega de 11 mil bebidas azucaradas y 16 mil comestibles de paquete por Pepsi Co; entrega que fue inicialmente publicitada en las redes sociales de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero posteriormente tales publicaciones fueron borradas.

En una carta enviada a la alcaldía de Bogotá por el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, expresamos que “organismos como UNICEF hoy recomiendan no aceptar donaciones de productos con altos contenidos de grasas saturadas, azúcar o sal por considerarlos ‘comestibles no saludables’. Las donaciones en especie de las empresas de bebidas y alimentos son aceptables cuando contienen únicamente alimentos saludables, preferiblemente producidos por productores locales. Productos como dulces, papas de paquete, embutidos, ‘comida chatarra”, o bebidas azucaradas como las gaseosas, no cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud –OMS- sobre dietas saludables, por lo que entre otras medidas se ha buscado que dichos productos contengan sellos frontales de advertencia, y su promoción puede afectar el consumo de alimentos locales”.

Tales recomendaciones tienen mayor relevancia en este momento, pues la evidencia científica señala que el consumo excesivo de comida chatarra genera enfermedades no transmisibles, como la diabetes o la hipertensión, y que las personas que padecen tales enfermedades hoy son más propensas a enfermar de gravedad en caso de verse infectadas por el Covid 19. Por tales razones, en países como Uruguay el Ministerio de Desarrollo Social estableció un Protocolo para la evaluación de donaciones de alimentos que busca evitar, precisamente, las donaciones de comida chatarra e incentivar las donaciones de alimentos reales, nutritivos, producidos por campesinos locales.

La carta también señala una preocupación por la publicidad realizada con recursos públicos de estas donaciones: “A nuestro juicio, las instituciones públicas deben abstenerse de participar en ejercicios de ‘marketing asociado a causas’, en programas de donación impulsados por compañías que produzcan comestibles no saludables, y deben evitar a toda costa convertir las donaciones en oportunidades para que las marcas que donan hagan publicidad, o para que desarrollen estrategias de lavado de imagen”.

Vale la pena recordar que una empresa como Nestlé, una de las compañías transnacionales más grandes del mundo, ha sido acusada de vulnerar derechos humanos en varias ocasiones. En 1977 fue duramente cuestionada por impulsar una agresiva campaña publicitaria para vender sustitutos de leche materna en regiones del sur global que no contaban con agua potable; a la postre, la irrupción de estos productos generó un desestimulo a la lactancia materna, así como el desmejoramiento de la nutrición de los niños y niñas, e incluso un aumento de los fallecimientos infantiles. Esta compañía también es una de las mayores distribuidoras de agua embotellada del mundo, mientras varios de sus ejecutivos han afirmado que el agua no es un derecho humano. No es una casualidad que se opongan al derecho al agua, pues la compañía ha sido acusada en varias ocasiones de acaparamiento de ese bien común, así como de fomentar la violencia antisindical en Colombia. Sobre el asesinato de Luciano Romero, trabajador de esa compañía y dirigente sindical, aún hay mucho por aclarar.

Insistamos en que “recurrir a personal del Distrito, usar las redes sociales de sus entidades o emplear los canales públicos de prensa para favorecer campañas de lavado de imagen de empresas privadas genera un claro conflicto de interés que los servidores públicos deben evitar, en cualquier caso, en aras de garantizar transparencia y defensa de lo público”.

Finalmente, recordamos las palabras del periodista español Antonio Maestre, quien expreso que “una donación si se hace pública ya no es donación, solo marketing”. En algunos casos tales donaciones ya no son marketing, sino una clara campaña de lavado de imagen. Campañas que, por cierto, pueden ser muy funcionales a la hora de bloquear políticas de salud pública que buscan prevenir enfermedades, salvar vidas y proteger derechos.