El día 3 de septiembre a medio día se presentan combates y se desconoce el saldo de los enfrentamientos, pero se espera que no ocurran desgracias como cuando el pasado 27 de agosto perdió la vida el estudiante de esta escuela Efraín Silvia Jilacué.
Sino fuera por lo dramático de la situación, daría risa la postura del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia quien para justificar las denuncias sobre la incursión del ejercito nacional sobre personas y bienes protegidos por el DIH, haya manifestado mediante nota DIDHD.GAPDH 56738/2178 de 24 de agosto de 2012 enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- lo siguiente:
“3. Por lo demas, dada la necesidad e importancia de velar por la situación de seguridad del departamenteo del Cauca, y especificamente de las comunidades del Vergel y el Pedregal, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Defensa Nacional continúa haciendo presencia en este departamento, incrementando el número de efectivos con el objeto de ofrecer a la población la asistencia social y la protección requerida”
La verdadera protección que estas golpeadas comunidades requieren, no es más bala y estruendos que generan terror y zozobra en los niños y en el resto de la población civil.
El primer y gran favor que le prestaría el Ejercito Nacional a estos pobladores, sería abstenerse de generar enfrentamientos en las zonas pobladas y prohibidas por el DIH. Esta sería un principio de protección.
Si verdaderamente el Estado colombiano tiene el propósito de “ofrecer asistencia social” a esta población vulnerable, que lo haga a través de las autoridades civiles de manera eficaz y urgente. Bastantes son los lesionados en medio de los enfrentamientos que requieren atención medica, muchos son los campesinos que se han quedado sin techo, decenas son las personas que están desplazadas forzadamente sin atención adecuada.
Si el Gobierno colombiano verdaderamente desea la protección y la asistencia social para estas familias campesinas, que el Estado de Colombia a través de la Justicia Penal ofrezca resultados concretos e inmediatos a las mas de cuatro decenas de violaciones a los derechos humanos y al DIH cometidas por parte de efectivos militares en estas humildes veredas, en tan solo dos años.
Si verdaderamente el gobierno desea la Paz, el primer paso que debe dar es respetar los derechos de la población civil en medio del conflicto armado y que garantice eficazmente el derecho a la educación de los 150 niños y niñas de la vereda El Pedregal. Es lo mínimo.
