Eje Político 1: Lucha contra la impunidad
Consiste en contribuir al esclarecimiento de la verdad procesal e histórica de las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad; a la investigación, juzgamiento, sanción y visibilización de los autores materiales y máximos responsables intelectuales o beneficiarios de los crímenes; a la identificación de macro casos emblemáticos, modus operandi y patrones de agresión; a la reparación integral de daños individuales y colectivos; al fortalecimiento organizativo de las víctimas, comunidades y procesos organizativos; y a la adopción de reformas estructurales para la materialización de garantías de no repetición, a nivel nacional e internacional.
Eje Político 2: Defensa del territorio y lucha contra la crisis climática
Consiste en construir con las comunidades rutas de exigibilidad integral de derechos para contribuir al fortalecimiento de su autonomía; a la protección de las personas, comunidades y sus procesos organizativos para la defensa de derechos humanos, territoriales y ambientales; a la permanencia en el territorio; a la identificación de máximos responsables y protección de derechos colectivos frente a la imposición de proyectos extractivos; y a la justicia ambiental para enfrentar el cambio climático.
Eje Político 3: Superación del conflicto armado y construcción de paz
Consiste en promover el cumplimiento e implementación del Acuerdo de Paz; los diálogos entre el Gobierno y el ELN; el desmonte del paramilitarismo; la protección de líderes/as sociales y defensores/as de DD.HH.; una cultura de paz, y la construcción de paz desde los territorios.
Noticias por ejes
Facilitadores Jurídicos Suroccidente reunidos en la Ecoaldea Atlántida – Cajibío, Cauca
Se explicó la propuesta que se ha construido a través de los procesos de facilitadores que se condensa en las ’Estrategias Integrales de Exigibilidad Jurídica’ que proponemos crear en conjunto con cada organización para proteger los territorios, labor en la que hay esfuerzos recíprocos para que se obtengan avances y fortalecimiento organizativo. De allí se abordó el tema de la ’Documentación y la Investigación’ de cada organización en sus territorios, como una labor clave para denunciar y tener pruebas de los daños y afectaciones ambientales producidas por empresas y por las labores extractivas en nuestras regiones, explicando el caso del ’Monitoreo Ambiental’ como un ejemplo práctico de acercarnos como procesos a esa acción participativa de recolectar pruebas autónomamente de estos hechos.
Creada Mesa Nacional de Tierras para Afectados por Represas
La principal tarea de la Mesa Nacional será encontrar un mecanismo o marco jurídico a través del cual las personas y comunidades que han perdido su actividad productiva a causa de la construcción de proyectos hidroeléctricos, puedan acceder a tierras y de esta manera restablecer sus derechos al trabajo y la vida digna. El INCODER será la entidad del Estado responsable de liderar el proceso y articular otras instituciones gubernamentales para que los acuerdos suscritos tengan un alcance real. En tal razón, deberá convocar a la Mesa Nacional a los Ministerios de Agricultura, Hacienda, Ambiente e Interior.
Víctimas, organizaciones y congresistas demandan reforma al fuero penal militar
La reforma señala que al momento de investigar conductas delictivas que ocurran en el marco del conflicto armado, fiscales y jueces deben aplicar el Derecho Internacional Humanitario. Este cambio, de acuerdo con el espíritu de la reforma y la sustentación de la misma en los debates legislativos, significa que en estos casos se excluye la aplicación del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, regla contraria a las normas internacionales que establecen que los derechos humanos se aplican en todo tiempo y lugar. Como se recodará, ya la Corte Constitucional había declarado la inconstitucional del Acto Legislativo 02 de 2012 por vicios de forma, y en esta oportunidad se espera que se pronuncie de fondo y establezca que el nuevo texto constitucional contradice tratados internacionales de derechos humanos y la voluntad del constituyente de 1991.