reconocemos el esfuerzo del gobierno colombiano por pactar una paz negociada con las guerrillas y trasladamos la preocupación de los líderes sociales de todas las regiones visitadas ante el Plan Nacional de Desarrollo -discutido actualmente en el Congreso- al no contemplar recursos de inversión ni las políticas sociales correspondientes, en contraposición con los puntos pactados en la Mesa de Diálogo de La Habana. Así mismo, instamos al gobierno colombiano a que abra un proceso de negociación con el ELN y el EPL y a que ordene un cese bilateral del fuego lo antes posible, sumándose al establecido por las FARC-EP el 17 de diciembre de 2014, con el objetivo de parar el dramático conteo de muertes y no desestabilizar el proceso de diálogo, a la vez que pedimos a los medios de comunicación responsabilidad aportando una información objetiva de los hechos.

El articulado del Plan, otorga numerosas ventajas a las empresas mineras, como si no fueran suficientes las ya existentes. Queremos subrayar la ampliación irresponsable de la declaración de utilidad pública e interés social para proyectos de desarrollo, a facultad de ministerios y otras entidades (arts. 48-49). El Plan profundiza la idea de que “utilidad pública” equivale a riquezas de las empresas. El planteamiento se traduce en la potencial expropiación de predios en el país que se consideren dentro del área de interés de cualquier proyecto. Para comunidades campesinas, indígenas, negras la expropiación equivale a despojo, a la pérdida de relaciones sociales, económicas, ambientales, espirituales irrecuperables con el territorio, la expropiación es una forma de cercenar la vida de miles de familias colombianas que se encuentran en zonas de interés económico.