En este camino de lucha contra la impunidad y al lado de las organizaciones y autoridades indígenas hemos representado a victimas del etnocidio al que han sido sometidos pueblos indígenas como el Kankuamo, Wiwa, Wayuu, y nasa en el Cauca, a través de asesinatos y masacres como la de 20 indígenas en la hacienda en Nilo del municipio de Caloto, la masacre de Gualanday, la masacre de Canoas entre otras, así como la defensa frente a la persecución, encarcelamiento y asesinato de líderes y liderezas como el de Edwin Legarda, German Escue por el que el Estado Colombiano fue declarado responsable en la Corte IDH, al demostrarse la responsabilidad de las fuerzas militaresen este crimen.

PUEBLOS INDÍGENAS, CONFLICTO ARMADO Y PAZ
Audiencia Pública
Convocada por los parlamentarios
Luis Evelis Andrade y Alirio Uribe Muñoz.

Jueves, 3 de septiembre de 2015
Edificio Nuevo del Congreso, salón “Luís Guillermo Vélez”
Intervención: Soraya Gutiérrez Argüello. CAJAR

Video de la intervención

La violencia estructural en Colombia, ha determinado la coexistencia de una pluralidad de conflictos: El conflicto cultural, social y político que ha sido una de las causas determinantes para el origen y persistencia de un conflicto armado interno de mas 50 años de duración. Estos conflictos han originado innumerables impactos en distintos sectores de la sociedad colombiana y en particular en los pueblos indígenas.

El colectivo de abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR – , desde hace mas de 35 años ha realizado un acompañamiento integral a victimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, para que se garanticen sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral como garantías para la No repetición de los hechos victimizantes. En este camino de lucha contra la impunidad y al lado de las organizaciones y autoridades indígenas hemos representado a victimas del etnocidio al que han sido sometidos pueblos indígenas como el Kankuamo, Wiwa, Wayuu, y nasa en el Cauca, a través de asesinatos y masacres como la de 20 indígenas en la hacienda en Nilo del municipio de Caloto, la masacre de Gualanday, la masacre de Canoas entre otras, así como la defensa frente a la persecución, encarcelamiento y asesinato de líderes y liderezas como el de Edwin Legarda, German Escue por el que el Estado Colombiano fue declarado responsable en la Corte IDH, al demostrarse la responsabilidad de las fuerzas militaresen este crimen.

Igualmente hemos adelantado acciones para la salvaguarda y la permanencia en el territorio frente al despojo por megaproyectos como el carbonífero del Cerrejón en la Guajira, la implementación de la represa Urra y extracciones mineras y de agrocombustibles que han afectado entre otros a los EmberaIgualmente acciones frente a la implementación de infraestructuras para el saqueo de petróleo que ha generado impactos a comunidades indígenas asentadas en los departamento del Casanare, Meta y Nariño y acciones contra la militarización en casi la totalidad de sus espacios de vida en el país. Este acompañamiento nos ha permitido constatar entre otros los siguientes patrones de agresión y persecución:

1) Que en el marco del conflicto cultural, social, político que tiene su origen en la conquista, el exterminio colonial y su agudización con la imposición del actual modelo de desarrollo, los pueblos indígenas han sido víctimas de un racismo estructural que se evidencia en el abuso del poder dominante a través del ejercicio de la fuerza física y legal, que ha generado impunidad en la mayoría de las violaciones masivas y sistemáticas cometidas contra los pueblos originarios en Colombia.

Estos patrones se expresan a través de persecución a los procesos organizativos indígenas, con asesinatos selectivos de lideres y lideresas y deautoridades tradicionales. Las cifras son alarmantes, en los últimos 17 años han sido asesinadas mas 2 mil indígenas, el despojo de sus tierras colectivas, campañas de estigmatización, señalamientos, amenazas, desplazamiento forzado, etc. los cuales no pueden considerarse como hechos aislados, sino que responden a políticas masivas de persecución y represiónde agentes del estado, grupos paramilitares y grupos económicos y políticos, que tienen como propósito el exterminio físico y cultural y con ello su autonomía, cosmovisión y el despojo de sus territorios ancestrales.

En segundo lugar, eneste contexto surgió el conflicto armado interno en donde el Estado a través de sus fuerzas militares, y los grupos insurgentes, hanexacerbadoe intensificadola grave situación de violencia contra los pueblos indígenas, y esto se evidencia en la militarización y presencia de los actores armados dentro de sus territorios, con ocupación de viviendas, edificios comunitarios, el reclutamiento forzado, los controles sobre la movilidad de personas, alimentos, medicamentos, combustibles, bienes y servicios básicos y ayuda humanitaria de emergencia, el desplazamiento forzado, la violencia sexual, la utilización de las comunidades indígenas como escudos humanos en enfrentamientos y otros, que en su conjunto ponen en riesgo también la autonomía y pervivencia física y cultural de las comunidades en sus territorios.

Hoy, surgen nuevos mecanismos de persecución que buscan deslegitimar los procesos de lucha y resistencia de los pueblos indígenas, a través del abuso del poder mediático, como el recientemente ejercido por una de las cadenas televisivas más importantes del país a través de su programa séptimo día titulado “Desarmonización: La Flecha del conflicto”, el cual hace parte de una estrategia de difamación no solo contra los pueblos indígenas, sino también contra organizaciones como la nuestra que los han representado en defensa de sus derechos individuales y colectivos.

El contenido de dicho programa, es profundamente racista y discriminatorio tal como lo expresaron en su momento el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ACIN y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC .En este programa también se hicieron afirmaciones mentirosas sobre el acompañamiento que hemos realizado frente a la “Masacre de Caloto”, ocurrida el 16 de diciembre de 1991.

A las periodistas se les entrego toda la información en la que consta el acompañamiento integral realizado a lo largo de veinticuatro años a los 158 familiares de las 20 personas asesinadas, así como a las comunidades afectadas colectivamente por esta masacre. Este trabajo ha implicado representación ante la justicia colombiana, órganos de control, sistema Interamericano de Derechos Humanos y apoyo en procesos de formación, protección, fortalecimiento organizativo, incidencia y publicaciones para la pervivencia de la memoria de estos hechos. Este acompañamiento aun no ha terminado, pues hoy nos encontramos adelantando juicio en contra el ex Mayor JORGE ENRIQUE DURÁN ARGÜELLES y Ex General y para la fecha de los hechos CAPITÁN FABIO ALEJANDRO CASTAÑEDA MATEUS, miembros activos durante los hechos de la Policía de Santander de Quilichao, así como en el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se encuentran plasmadas en el informe No. 036/2000 en donde se concluyo que agentes de Estado colombiano y civiles estaban vinculados con la masacre de Caloto.

A pesar del esfuerzo conjunto realizado entre el CAJAR, familiares de víctimas y las organizaciones CRIC Y ACIN para superar la impunidad de estos hechos, aun está pendiente que el Estado de cumplimiento integral a sus obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación.

En junio del 2014 el Consejo de Estado, condeno al Ministerio de Defensa- Policía Nacionala indemnizar a 20 de los familiares de algunas victimas que después de 23 años de ocurridos los hechos no habían sido reparadas. En esa misma decisión se ordeno a los dos altos oficiales de la Policía Nacional, que reintegraran de su pecunio a la Nación el 40% de las indemnizaciones y se dispuso que el Concejo de Ministros evaluara el cumplimiento de los acuerdos de reparación colectiva ya celebrados entre las autoridades del pueblo nasa y el Gobierno Nacional, los cuales incluían la adjudicación de tierras y la puesta en marcha de planes de desarrollo alternativo.

Es preciso aclarar que en cumplimiento de la voluntad de conciliación que en materia de reparación manifestó el Estado Colombiano en el marco del caso tramitado ante la CIDH, entre 1997 y el 2004 se llevaron a cabo audiencias de conciliación ante la Procuraduría de Popayán que fueron aprobadas por el Tribunal administrativo del Cauca, y se cancelaron las respectivas indemnizaciones a 138 familiares de las victimas entre el año 2001 y el año 2004

Frente a las falsas acusaciones contra el CAJAR, de apropiación de indemnizaciones y tierras, se expuso a las periodistas del mencionado programa, así como a instancias del Gobierno Nacional y órganos de control, el trámite procesal ante las diferentes instancias y jurisdicciones, los pagos realizados a cada una de las víctimas indemnizadas acompañando dicha información con los respectivos poderes, recibos, consignaciones e informes contables.

La verdad fue falseada por este programa periodístico, en donde se señalo que las indemnizaciones a los familiares de las victimas fueron de 20 mil millones de pesos, cuando se había aportado la documentación en donde constaba que las indemnizaciones para 138 familiares de las victimas representadas, no superaban los 2 mil millones de pesos. Igualmente se dijo en este programa que nuestra organización habría recibido mas de 6 mil millones de pesos, hecho totalmente falso, cuando el aporte recibido por un trabajo de mas 23 años, fue una cifra infinitamente menor a los estándares establecidos, equivalente a 16 mil pesos mensuales por cada persona representada, monto que en gran medida se ha reinvertido en el acompañamiento jurídico-social del mismo caso. El CAJAR mantiene una práctica innovadora y socialmente responsable, puesto que destina los aportes que a través de las demandas de reparación recibe, a un fondo social que apoya la defensa de los DD.HH y el acceso de las victimas a la Justicia nacional e internacional.

También se mostró en el programa, que el Cajar se habría aprovechado del analfabetismo de algunos de los familiares de las víctimas para la firma de los respectivos poderes. Al programa se le detalló que los poderes se confirieron en procesos claros y transparentes frente a las personas que los otorgaron, y que además éstas estuvieron acompañados por parientes y organizaciones sociales. Así mismo, que todos esos documentos fueron reconocidos por tribunales nacionales e internacionales y que no habían sido objeto de ningún cuestionamiento. Pero así no fue presentado en el mencionado programa.

Algunos familiares de las víctimas, han sido desinformadas y manipuladas para usarlos en contra de sus propios intereses y de los procesos organizativos en una campaña de persecución por sectores que históricamente han perseguido la labor de las organizaciones indígenas en el Cauca y del CAJAR desde hace varios años.

Esta campaña ha incorporado mecanismos tendientes a fracturar su tejido social y organizativo,generar desconfianza, legitimar procesos de persecución, asesinato y encarcelamiento de líderes y lideresas en el marco de las movilizaciones más importantes de los últimos años en esa región y el país, entre ellas la de la liberación de la madre tierra; estigmatizar procesos organizativos, y cuestionar sus derechos inalienables como son la autonomía, autodeterminación , derecho propio y sus autoridades entre otras.

Esta persecución a pueblos indígenas y sus defensores, hacen parte de una estrategia para la apropiación violenta de sus tierras derivados de intereses extractivistas de grandes poderes políticos, económicos y militares, nacionales e internacionales que ven en estos territorios, fuente de riqueza y acumulación a través de la implementación de megapoyectos previstos para esa zona del país y en los que los pueblos indígenas, su autonomía y organización son vistos como obstáculos para la concreción de esos intereses.

PROPUESTAS de GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN (GNR).

En consecuencia, y en el marco de los diálogos que desarrollan en la Habana entre el Estado colombiano y la insurgencia de las FARC, es necesario preguntarnos ¿Cuáles serían verdaderas GARANTÍAS DE NO REPETICIÓN de los crímenes perpetrados contra los pueblos indígenas como producto de los diversos conflictos a los que hemos aludido, y que atacan su existencia, pervivencia y autonomía?

Esta pregunta, llevada a los territorios en reflexión con las comunidades, nos arroja una serie de propuestas que sucintamente nos permitiremos mencionar:

– Garantías y respeto a sus derechos constitucionales de autonomía para la gestión de sus intereses, a sus autoridades propias, a la administración de recursos, a sus usos y costumbres, a sus políticas, planes y programas de desarrollo económico y social dentro de su territorio, a su derechos a velar por el manejo y preservación de los recursos naturales entre otros

– Garantías de inclusión reales y de fortalecimiento a la participación, social y política que responda a sus particularidades culturales y que tengan como base el respeto a su autonomía y su derecho a existir en un país que se declara multiétnico y pluricultural.

– Superación del racismo estructural y el reconocimiento de sus derechos ancestrales que trascienden la existencia misma del Estado colombiano y
del que deberían obtener protección y no ataques sistemáticos.

– Reconocimiento fáctico y jurídico de la existencia de los pueblos indígenas en los lugares que habitan física y espiritualmente a través de la entrega y titulación de sus territorios colectivos.

– Desmilitarización de la vida y el territorio de las comunidades indígenas en respeto a su autonomía, derechos étnicos, a sus territorios, autoridades y derecho propio.

– Desmonte del paramilitarismo y de sus estructuras económicas y políticas.

– Eliminación de las doctrinas, leyes y políticas estatales que ven en la cultura indígena, su pensamiento y acción un peligro que se ataca través del uso de la fuerza física y jurídica.

– Resignificación del término de “utilidad pública” que legitima el saqueo y destrucción de los territorios y la vida de pueblos indígenas, a través de la titulación, concesión y ejecución de megaproyectos sin su consentimiento previo e informado.

– Implementación de garantías reales y efectivas para el pleno ejercicio de los derechos de autonomía, consulta, consentimiento y participación de los pueblos indígenas en las decisiones que los afectan

– La firma y el cumplimiento de acuerdos sobre la terminación del conflicto armado que incluyan el reconocimiento de responsabilidad de las partes, el esclarecimiento de la verdad, la obtención de justicia por las graves violaciones de DH e infracciones al DIH cometidas en contra de los pueblos indígenas, así como las garantías de que las causas que originaron el conflicto armado sean superadas.

– La superación de lo que la Corte Constitucional ha llamado “desamparo institucional” que alimenta los conflictos, exacerba la marginalidad y la exclusión de las comunidades indígenas y profundiza el riesgo de exterminio físico y cultural.

Finalmente, sin el reconocimiento de la sociedad en su conjunto sobre su permisividad y legitimación de los rasgos más perversos de exclusión y discriminación deque han sido víctimas los pueblos indígenas, será muy difícil evitar que el exterminio siga perpetrándose.

En este sentido, la actividad periodística es clave en la investigación y análisis profundo de los hechos victimizantes de los que han sido objeto los pueblos indígenas y donde la responsabilidad radica en el Estado por el incumplimiento en sus obligaciones en garantizar los derechos lo que ha generado y agudizado los conflictos y por la omisión y acción frente a violaciones de derechos humanos y al derecho humanitario.

Instamos a los medios de comunicación a reconocer su importante rol en la construcción del respeto y la protección a los derechos de los pueblos indígenas, en la construcción de la paz y frente a la manera de abordar situaciones que afectan a estos pueblos y a sus defensores quienes por su condición de riesgo ameritan mayor rigor en el manejo informativo.

El estado colombiano, tiene la obligación de reconocer su deuda histórica con los pueblos indígenas y la oportunidad para saldarla es a través de la implementación de verdaderas medidas para garantizar que los crímenes sufridos por los pueblos originarios no vuelvan repetirse nunca más.

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