Para el Movice es urgente la creación de una comisión independiente, conformada por la sociedad civil, delegados de los países garantes del proceso y de Naciones Unidas, que investigue a fondo los hechos de hostilidades que de aquí en adelante puedan presentarse en el marco del proceso de paz para esclarecer las reales circunstancias e impedir, a su vez, que los enemigos de la paz logren torpedear los diálogos.

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) celebra el anuncio del Gobierno y de las FARC de avanzar en el desescalamiento del conflicto y considera que es el camino correcto para alcanzar la paz.

Las víctimas de crímenes de Estado hemos sido enfáticos en señalar que urge una tregua bilateral y un cese al fuego, que cuente con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por las partes.

Para el Movice es urgente la creación de una comisión independiente, conformada por la sociedad civil, delegados de los países garantes del proceso y de Naciones Unidas, que investigue a fondo los hechos de hostilidades que de aquí en adelante puedan presentarse en el marco del proceso de paz para esclarecer las reales circunstancias e impedir, a su vez, que los enemigos de la paz logren torpedear los diálogos.

De igual manera, proponemos como medida de desescalamiento del conflicto por parte del Estado detener las iniciativas legislativas que refuerzan el conflicto e impiden una salida negociada.

También consideramos relevante concretar la instalación de la mesa de diálogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y que se busquen mecanismos para pactar un cese a las hostilidades.

Urgen también mecanismos que permitan que cesen los bombardeos por parte del Estado, que afectan de manera directa a la población civil colombiana y generan muertes, desplazamiento forzado y pérdidas económicas, que pueden ser evitadas.
Exigimos nuevamente al Estado frenar la impunidad que cobija al paramilitarismo en el país, poner fin a la violación de derechos humanos y reiteramos la necesidad de depurar las fuerzas militares de agentes comprometidos con violaciones de derechos humanos y de hacer las reformas institucionales necesarias para que hayan garantías de no repetición de crímenes de Estado.

Hemos señalado que la solución política al conflicto armado implica reformas estructurales que combatan las causas que lo han originado y cambios en la política nacional, que superen los obstáculos para el ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos humanos.

Insistimos en que la paz es un derecho que el Estado debe garantizar y pasa por el reconocimiento de su responsabilidad en hechos victimizantes. La paz significa un proyecto nacional sin exclusión política, religiosa, cultural, racial y de ningún tipo; un proyecto con justicia social.