El gobierno del presidente Petro tuvo un tibio balance en materia de derechos humanos, según más de 500 organizaciones sociales

El gobierno del presidente Petro tuvo un tibio balance en materia de derechos humanos, según más de 500 organizaciones sociales

Foto: Juan Pablo Rueda

Una exhaustiva evaluación del estado de los derechos humanos en Colombia, hecha por más de 500 organizaciones sociales, reveló pobres resultados, pese a los “esfuerzos e inversiones” que ha hecho el gobierno del presidente Petro para fortalecer este frente.

El informe ‘El camino del cambio: avances y tropiezos de la paz, los derechos humanos y la democracia’ analizó la situación de las políticas sociales, el derecho a la vida, la realidad de las regiones y el trabajo de otros poderes del estado en cuanto a la reducción de la pobreza, la protección de los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+, de los defensores de derechos humanos y el balance legislativo.
Esta versión incluye la novedad de tasar el aporte de los programas de protección social a la reducción de índices de pobreza monetaria.

¿En qué se rajó el Gobierno?

Uno de los factores analizados fue el estancamiento en los diálogos de paz. La investigación señala que las negociaciones con distintos grupos armados están paralizadas y, mientras se plantean nuevos escenarios de diálogos, se cuestionan sus resultados.
“A pesar de que el Gobierno mantiene activos nueve escenarios de negociación, el papel errático de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz no ha permitido generar certezas sobre el avance de estos procesos”, se lee en el documento.
Así mismo, la implementación de los acuerdos de paz sigue en veremos, pues, aunque se ha invertido más de 50 billones, de los cuales 41 fueron destinados a la reforma rural, está pendiente el cumplimiento de casi el 49 % de los compromisos pactados.
Otro factor fue el homicidio de líderes sociales. En 2023 se asesinaron a 168 líderes indígenas, comunales y defensores de derechos humanos, con un incremento del 33 % en los asesinatos de mujeres defensoras, que refleja “cambios en las dinámicas armadas y sociales de los grupos ilegales”.
En orden público, el año pasado el desplazamiento aumentó 18 % en comparación con el 2022 y se registraron 222 desapariciones. Según el informe, el ‘clan del Golfo’ aumentó su presencia de 213 municipios en 2019 a 392 en 2024, mientras que las disidencias de las Farc pasaron de 124 a 299 municipios, y el Eln de 139 a 142”.
Y en gobernabilidad, durante la segunda legislatura del Congreso, se tramitaron un total de 747 proyectos de ley, sin embargo, solo el 7,36 % fueron aprobadas, “lo que demuestra un bajo nivel de eficacia legislativa. Sólo seis de las leyes aprobadas tienen un impacto directo en la protección de dichos derecho”.
Por su parte, en el factor de otros poderes del Estado, para los investigadores, las Cortes se han alineado cada vez más con los sectores conservadores, lo que amenaza su papel como garantista de derechos de las poblaciones vulnerables.

¿Qué puntos le fueron favorables?

La reducción de la pobreza fue uno de los temas clave en los que el saldo es a favor, gracias a incentivos económicos como la renta ciudadana, la tasa de pobreza monetaria se redujo en 6.7 puntos porcentuales y la pobreza extrema disminuyó en 2.4 puntos. Una reducción significativa poniéndola en perspectiva con años anteriores.
En cuanto a políticas inclusivas, el Plan Nacional de Desarrollo incluye mecanismos para la participación del pueblo afrocolombiano y se aprobó la jurisdicción agraria fortaleciendo la seguridad jurídica de los territorios afrocolombianos.
Y en política ambiental el informe destaca la aprobación del acuerdo de Escazú, la promoción de energías renovables y la selección de Colombia como sede de la COP16 en octubre, un evento clave en la discusión sobre diversidad.
Entre los desafíos más graves están los altos índices de impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos y las acusaciones de instrumentalización del sistema judicial para obstruir la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.
“En general, identificamos avances importantes como una política social clara, expuesta en el Plan Nacional de Desarrollo, que por primera vez se se construye con enfoque participativo, de derechos humanos, territorial y de género. Igualmente, la reducción de la pobreza monetaria gracias a incentivos económicos del gobierno”, aseguró la vocera de la Plataforma de derechos humanos, Jomary Ortegón.
Mientras tanto, la principal preocupación es la política de paz. “Tiene que reestructurarse totalmente, debe construirse el marco jurídico que facilite la negociación y en algunos casos el sometimiento de los grupos armados, al tiempo en que se suscriben acuerdos humanitarios en las regiones que alivien la situación de desplazamiento, confinamiento y asesinatos que se viven en el país”, agregó.
SARA VALENTINA QUEVEDO
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