Trabajadores/as informales de Medellín se movilizaron este miércoles 21 de abril con el fin de pedir garantías sociales para enfrentar la pandemia y las medidas de aislamiento social. Además, con esta protesta se suman a la campaña nacional que viene exigiendo renta básica en el país y, en Medellín, vienen realizando acciones de incidencia para que se debata y apruebe un proyecto sobre este tema en la ciudad.
Comunicado sobre una #RentaBásicaYa para Medellín:
Tras más de un año de crisis desatada por la pandemia, la ciudadanía ha tenido que enfrentarse a vivir en medio del miedo a la infección, la incertidumbre ante posibles colapsos de los sistemas de salud y la falta de claridad frente al plan de vacunación. Y, por si fuera poco, miles de personas han tenido que cerrar sus negocios o han sido despedidos de sus lugares de trabajo, lo que ha terminado por agravar los índices de pobreza y desigualdad que ya teníamos en nuestros territorios. Entre las graves carencias que enfrentan las familias en estas condiciones está la falta de acceso a alimentos, que es una situación que viene en aumento, como recientemente mostró la encuesta Pulso Social del DANE (2021), señalando que hoy, en Colombia, hay alrededor de 2.4 millones de hogares que ingieren menos de tres porciones diarias de alimento, 2.2 millones de familias en el país que comen dos veces al día, 179.174 hogares que se alimentan solo una vez y 23.701 hogares que a veces no tienen un plato diario.
Movidos por esta grave situación, la sociedad civil ha motivado en nuestro territorio, a través de una amplia participación en diálogos con la administración, el Concejo de Medellín y en espacios de ciudad, una reflexión sobre la necesidad de implementar una política local de renta básica. De manera particular, durante la formulación del plan de desarrollo, la Veeduría Ciudadana al Plan de Desarrollo de Medellín, en alianza con diversas organizaciones sociales y colectivos ciudadanos, hizo un llamado a la administración municipal para adoptar rutas de acción dirigidas a combatir la pobreza y la desigualdad en la ciudad, encaminadas a avanzar en la garantía de derechos básicos como la seguridad alimentaria, la atención adecuada y digna en salud, educación de calidad, acceso y derecho a la cultura, trabajo decente y reconocimiento del trabajo no remunerado (economía del cuidado), servicios públicos domiciliarios y vivienda digna.
Valoramos que dentro el plan de desarrollo de la ciudad se haya atendido este llamado, incorporando el programa “Canasta básica de derechos”, que avanza en la garantía de: uno, la atención en vulnerabilidad alimentaria con enfoque diferencial, mediante un paquete alimentario para la familia; dos, la atención a la población más pobre y vulnerable de la ciudad, mediante el servicio de albergue temporal; y, tres, un ingreso monetario de $100.000, que ya han recibido 120.000 familias. Un esfuerzo importante, pero que urge redoblar ante un nuevo pico de la pandemia que agrava la situación que ya vivíamos, reduciendo, entre otras cosas, la posibilidad de que las familias cuenten con acceso a alimentos.
Ante esta situación, en la que permanecemos como país, creemos de vital importancia promover las diversas alternativas que se puedan gestionar para superar la pobreza y el hambre que se agudizan con las medidas de confinamiento social. Por ello, saludamos el nuevo proyecto de acuerdo sobre renta básica que cursa en el Concejo Municipal, que busca establecer este mecanismo para la prevención del hambre como un asunto de salud pública. Y, además, insistimos e instamos a que se abra un diálogo entre la administración municipal, el Concejo de Medellín, el sector empresarial, la academia, los colectivos organizados y el movimiento social de la ciudad, para que entre todos(as) logremos responder al reto de transformar y dignificar la vida miles de familias en la ciudad.
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