La semana pasada el Gobierno anunció la extensión de la prueba del polígrafo (Mal llamado detector de mentiras) para acceder a cargos en el Ministerio del Transporte y entidades relacionadas con la elaboración y adjudicación de contratos, como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Invías, Aeronáutica Civil, entre otras. Y la presentó como una medida para combatir la corrupción en estas entidades.

Si bien la prueba del polígrafo tiene carácter voluntario para quien se someta a ella, no cayó bien en el sindicalismo estatal, que la considera inconveniente e incorrecta, ya que puede afectar los derechos de las y los trabajadores.

Percy Oyola, presidente de Utradec-CGT, señaló que la medida es como buscar el ahogado río arriba, porque por lo general la gran corrupción se da al más alto nivel de la jerarquía de la administración pública, o sea entre quienes ostentan el poder de la contratación, y si se quiere quienes diseñan las políticas públicas, y no entre los empleados de nivel medio.

“Por eso estamos en total desacuerdo con esa forma de seleccionar la gente para ingresar al servicio público. Y ya que no se trata de una medida obligatoria, nuestra orientación a los trabajadores es que por su voluntad no accedan a ella”, agregó el dirigente de la CGT.

Otro de los argumentos contra el polígrafo —herramienta cuyo uso es cada vez más frecuente incluso en empresas del sector privado en procesos de selección de personal o para resolver problemas internos— es que carece de piso jurídico, ya que la legislación colombiana no considera sus resultados como válidos para tomar decisiones administrativas, disciplinarias y menos legales. De ahí que en el expediente de ningún funcionario nunca se encontrará como causa de despido el no haber superado la prueba del polígrafo.

Para el abogado Robinson Larios, del equipo jurídico de la Escuela Nacional Sindical, lo que el Gobierno hace ahora es ampliar el uso de polígrafo en procesos de selección de personal en algunas entidades públicas, porque la medida ya es de uso común en empresas de vigilancia y seguridad privada, en procesos de selección de personal, no de permanencia o desvinculación.

Y la considera inconveniente porque puede vulnerar los principios de la buena fe y presunción de inocencia, asuntos ligados a la prueba del polígrafo, ya que es un aparato que solo sirve para detectar variaciones en constantes vitales, de las cuales no se puede deducir ningún tipo culpabilidad de la persona examinada, ni puede anticipar la posible comisión de una irregularidad laboral, administrativa o penal. Por eso lamentó que el Ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, respaldara la aplicación generalizada del polígrafo en todo el Estado y el sector privado relacionado con procesos de contratación.

Hablan los sindicatos

La CUT, a través de su responsable de asuntos estatales, Francisco Maltés, calificó la medida como incorrecta e inútil. “Las pruebas con polígrafo son fácilmente vulnerables y no garantizan las seguridad que el Estado requiere en algunas funciones. Es cierto que se trata de una medida voluntaria, pero entre comillas, porque es evidente que se han convertido en obligatorias, como lo son en la Unidad Nacional de Protección, por ejemplo”, señaló el directivo.

Por su parte Moisés Sepúlveda Muñoz, secretario de Sintradian, recordó que en la DIAN la prueba del polígrafo se viene haciendo desde cuando su anterior director, Juan Ricardo Ortega, emitió una resolución que obliga a someterse al polígrafo a quienes aspiraren a ocupar cargos directivos y de libre nombramiento y remoción.

“No se pude establecer una relación laboral con base en la mala fe, por eso los sindicatos no estamos de acuerdo con la medida del polígrafo, ni para funcionarios de alto rango ni menos para los de carrera. No la encontramos prudente ni sana, atenta contra principios fundamentales”, anotó Sepúlveda, quien además cuestionó su efectividad, porque por lo general todos los que presentaron la prueba en la DIAN la superaron.

Por otra parte, en cargos de libre nombramiento y de jefatura se manejan intereses políticos, y la prueba termina sujeta al clientelismo. “Si por ejemplo una persona no pasa la prueba pero es la que políticamente está propuesta para el cargo, termina contratada”, explicó.

A su turno Juan Diego Gómez, representante en Colombia de la Federación Internacional de Servicios Públicos (ISP), calificó la medida de policiva, y como tal violenta derechos fundamentales de los trabajadores y su intimidad. Insistió en que el sindicalismo es partidario de lucha a fondo contra la corrupción en la administración pública, tanto la que se genera a gran escala (caso de las multinacionales que compran funcionarios y hacen cabildeo para imponer sus condiciones), como la corrupción de pequeña escala, derivada de las malas condiciones laborales y salariales de los funcionarios, quienes aceptan dinero para agilizar algún trámite o resolver un asunto administrativo.

“Pero esa corrupción no se combate con medidas policivas sino con sistemas selectivos de control y una política de incentivos y mejoras salariales, de Trabajo Decente. Eso es más productivo que medidas como el polígrafo”, precisó el directivo de la ISP. Otra forma de luchar contra la corrupción, dijo, es que entre las autoridades y los trabajadores haya un diálogo constructivo y permanente que permita identificar los fenómenos de corrupción y combatirlos.

Y Germán García Delgado, presidente del Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) Seccional Bogotá, también sostiene la tesis de que los grandes negociados del Estado se hacen en los despachos de los ministros, alcaldes y gobernadores, y no por funcionarios de rango medio o bajo.

La corrupción, dijo, se combate haciendo más efectivos los instrumentos de comunicación y con personal suficiente. Porque hay entidades, como el Fondo Nacional del Ahorro, que tiene un millón y medio de afiliados y apenas atiende con 300 empleados; o el Distrito de Bogotá, que tiene 9 millones de habitantes y apenas cuenta con 19 mil servidores públicos. “Y en esas condiciones un polígrafo ni quita ni pone”, aseguró.

La opinión de la ENS

La opinión de la Escuela Nacional Sindical corrió por cuenta de Robinson Larios, abogado de su equipo jurídico, quien conceptuó que es una práctica que riñe con los derechos que otorga la Constitución Nacional, el Código Sustantivo del Trabajo, la normatividad de la OIT y tratados internacionales sobre dignidad humana y debido proceso.

“Si bien no existe una norma jurídica que valide el uso del polígrafo de manera indiscriminada y habitual, tampoco existe una norma que lo prohíba. Y en ese contexto lo primero que se debe tener presente, de acuerdo con los principios del derecho laboral, es la dignidad de las y los trabajadores. Entendiendo por ésta el debido proceso, el principio de legalidad y la presunción de inocencia, asuntos estos que van ligados a la aplicación de la prueba del polígrafo, que es un aparato que lo único que hace es detectar variaciones en constantes vitales, de las cuales no se puede deducir ningún tipo culpabilidad de la persona examinada, ni un anticipo de posible comisión de una irregularidad laboral o administrativa, o incluso penal”, señaló Larios.

Explicó que a una persona de temperamento nervioso, o que haya tenido un reciente problema familiar, personal o sentimental, frente a la prueba del polígrafo se le puede subir la presión, o sudar, o alterar los latidos de su corazón, y la resistencia eléctrica de su piel va a cambiar, y eso no indica que la persona sea culpable de nada. “Por eso ni la Corte Suprema de Justicia ni la Corte Constitucional han validado el polígrafo como mecanismo probatorio”, precisó Larios.

Lo otro, agregó, es que los procesos de adjudicación de contratos no los decide el personal técnico sino el personal directivo, e incluso gentes externas a la entidad, y ésas no son sometidas a prueba alguna. “Si se quiere dar un marco de transparencia, los primeros que tendrían que pasar por el polígrafo deberían ser los altos funcionarios, del presidente de la república hacia abajo”, subrayó.

A la pregunta de si el trabajador puede demandar en caso de que sienta vulnerado sus derechos por la prueba del polígrafo, Larios señaló:

“Puede demandar, claro, pero entra a jugar en el terreno de lo probatorio. Es decir, debe demostrar que la decisión que lo afecta se temó con base en los resultados del polígrafo. Y eso es difícil demostrarlo porque no queda una evidencia formal de que ese fue el motivo. Por lo regula se esgrime otra razón diferente”.