El pasado 2 de junio de 2021 el Teniente Coronel (r) Joaquín Correa López murió mientras estaba recluido en las instalaciones de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en donde se encontraba en virtud de la medida de aseguramiento contra él impuesta por su presunta responsabilidad en la masacre del 16 de mayo de 1998 y al habérsele negado varias veces su solicitud de revocatoria de la medida de o sustitución por detención domiciliaria. Como consecuencia, la JEP en resolución del pasado 12 de julio decretó la preclusión del proceso contra él.

El TC. Joaquín Correa López era el Comandante Operativo de la Policía del Magdalena Medio cuando se cometió la masacre del 16 de mayo de 1998 en Barrancabermeja, Santander. El Coronel, quien fue prófugo de la justicia por estos hechos entre los años de 2013 a 2019, habría sido uno de los principales artífices para que el día de la masacre los paramilitares entraran a la zonas nororiental y suroriental de la ciudad de Barrancabermeja a perpetrar la masacre y no encontraran resistencia por parte de la fuerza pública. La masacre una vez consumada dejó 7 muertos y 25 personas desaparecidas.

Anterior tesis se sustenta en un copioso y sólido material probatorio que demostraba con creces que Correa López conoció con antelación sobre la inminencia de la masacre, mantuvo contacto mediante intermediarios con los paramilitares e incluso ordenó en lenguaje cifrado la no presencia de la policía en los lugares de los hechos. Pese a lo anterior, el Coronel siempre mantuvo una actitud de descrédito al material probatorio que le implicaba y siempre negó su participación en la masacre.

Correa López en el proceso adelantado en la jurisdicción ordinaria se encontraba en etapa de juicio, no obstante, el juicio no pudo realizarse con motivo de su trámite de comparecencia ante la JEP que comenzó con su solicitud de sometimiento en agosto de 2019.  Inclusive, una vez en la JEP, Correa se mantuvo en su posición de hacerse el inocente y ajeno a la masacre. Ver Por tercera vez, JEP niega beneficios al Coronel Joaquín Correa López

Su tránsito por la JEP fue lamentable. Fue evidente a lo largo de estos dos años que su intención nada compaginaba con el espíritu del Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y Garantías de No Repetición y que solo perseguía sus beneficios punitivos. A pesar de los múltiples requerimientos que le hiciera la JEP en diferentes oportunidades para que aportara verdad y un derrotero para la verdadera reparación de las víctimas, nunca hizo lo que se esperaba. Además de no asumir la responsabilidad que le correspondía, lo cual se puede amparar bajo la presunción de inocencia, nunca se dedicó a explicar asuntos basilares como la participación de –otros- agentes de la fuerza pública en la masacre, o la financiación de algunos comerciantes a los grupos paramilitares de la zona, o la innegable relación de la Policía y el Ejército con los paramilitares para la época y la región, entre otros aspectos.

Por el contrario, la defensa del Coronel se encargó durante el proceso en la JEP de formular por varios medios y de varias formas solicitudes que le llevaran a gozar de beneficios de la justicia transicional aun cuando era evidente que no cumplía ni los requisitos legales ni jurisprudenciales para que los obtuviera. Ahí la JEP se mantuvo firme y en más de tres oportunidades supo rechazar sus pedidos sin sustento y, en su lugar, conminarle a que dijera la verdad y se ofreciera a reparar a las víctimas de la masacre del 16 de mayo.

La muerte de Correa López es lamentable no solo porque toda pérdida de una vida es lamentable, sino también por el hecho de que con él se va una valiosa oportunidad para la construcción dialógica de una verdad y reparación que han sido esquivas y, en su lugar, dolorosas y revictimizantes.

En el proceso resta por resolver una pregunta de capital importancia: ¿Dónde están las personas desaparecidas? Esa pregunta que ha durado 23 años no se ha respondido y, en su lugar, ha presenciado que mueran personas tan valiosas como Jaime Peña (Q.E.P.D) quien hasta su último suspiro luchó por saber qué había ocurrido con su hijo, no obstante, no lo logró.

La JEP, la CEV y la UBDP en el marco de sus mandatos deben redoblar esfuerzos por satisfacer los derechos de las víctimas de esta masacre tan lamentablemente icónica.

Con el deceso de Correa, solo quedan dos agentes de la fuerza pública en la JEP: el Teniente del Ejército Antonio Daza Camargo y el Capitán Osvaldo Prada. En ellos reposa la esperanza de que el Estado colombiano y sus agentes asuman la responsabilidad por los hechos de la Masacre de Barranca y, en consecuencia, reparen a sus víctimas.