No respaldamos al gobierno Santos. Por sus políticas y planes económicos, políticos y sociales, lo consideramos un enemigo de los trabajadores del país. Tampoco respaldamos a las FARC, ni tenemos nada que ver con su estrategia de lucha guerrillera y sus errados métodos para, supuestamente, enfrentar la opresión, la anti-democracia o la explotación del régimen bajo el cual vivimos todos los colombianos

Con el ataque de las FARC a un destacamento del Ejército el pasado 15 de abril, causando la muerte de 11 soldados, con el posterior levantamiento por el Presidente Santos de la orden que había emitido de cesar los bombardeos a los campamentos de las FARC en respuesta al cese unilateral de fuego de dicha guerrilla declarado desde el pasado 20 de diciembre, con el ataque de las Fuerzas Armadas el 21 de mayo a un campamento de las FARC causando la muerte de 26 de sus integrantes, muchos cuestionan el actual proceso de negociaciones en La Habana.

No respaldamos al gobierno Santos. Por sus políticas y planes económicos, políticos y sociales, lo consideramos un enemigo de los trabajadores del país. Tampoco respaldamos a las FARC, ni tenemos nada que ver con su estrategia de lucha guerrillera y sus errados métodos para, supuestamente, enfrentar la opresión, la anti-democracia o la explotación del régimen bajo el cual vivimos todos los colombianos.

Desde el punto de vista de los trabajadores, señalamos abiertamente que ni el gobierno de Santos ni la dirección de las FARC –por los intereses que cada uno defiende– tienen ningún derecho ni autoridad para continuar la guerra actual. Menos aun cuando en tres años de negociaciones no han sido capaces de ponerle fin. ¡Esta guerra no debe continuar!

Las negociaciones se han hecho a espaldas de los millones de colombianos que somos quienes pagamos los costos, especialmente expresados en la muerte de los soldados (hijos de campesinos y obreros pobres) y de guerrilleros (hijos de campesinos y obreros pobres).La amplia mayoría del pueblo colombiano debe tomar entonces en sus manos la solución inmediata al conflicto armado.

Los trabajadores y sus organizaciones debemos continuar enfrentando al gobierno de Santos, organizando la lucha por defender nuestros derechos. Pero no podemos permanecer indiferentes ante las posibilidades de más y mayores enfrentamientos militares. Las organizaciones obreras, sindicales y populares, democráticas, de los indígenas, afrocolombianos, de los campesinos pobres, debemos tomar las iniciativas y presentar las propuestas, con independencia absoluta tanto del gobierno como de la guerrilla, para que esta guerra termine de inmediato.

Proponemos a los Comités Ejecutivos de las centrales obreras del país, a todas las organizaciones sindicales de base, a las organizaciones campesinas, indígenas, afrocolombianas, a las organizaciones populares, a las organizaciones democráticas, de manera muy especial a las organizaciones de víctimas del conflicto (tanto del Estado como de las FARC), que se organice una gran Cumbre Obrera y Popular por la Paz. Todos los delegados a esa Cumbre Obrera y Popular por la Paz, para que ella represente el real sentir del pueblo colombiano, deberán ser elegidos democráticamente por las bases de las distintas organizaciones.

Que las FARC expresen públicamente su compromiso de someterse a las decisiones que, para lograr la terminación del enfrentamiento armado, se adopten en dicha Cumbre. Que las resoluciones de esa Cumbre se presenten al gobierno con la exigencia perentoria de su acatamiento. Que dichas resoluciones y exigencia de acatamiento por parte tanto del gobierno como de la guerrilla sean respaldadas por una enorme movilización obrera y popular que levante como bandera central: ¡Esta guerra no debe continuar! ¡Que las FARC y el gobierno se sometan a las resoluciones de la Cumbre Obrera y Popular!