27 años después de la masacre de La Rochela y 9 años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado por estos hechos, no hay avances significativos en materia de justicia.

Si bien el Estado colombiano ha realizado en los dos últimos años diferentes actos simbólicos como medidas de satisfacción en homenaje a las víctimas de la masacre de La Rochela y sus familiares, 27 años después de la masacre y 9 años después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que condenó al Estado por estos hechos, no hay avances significativos en materia de justicia, mientras que en materia de reparación integral medidas como becas estudiantiles, oportunidades laborales y atención en salud para las familias de las víctimas no se han cumplido.

Así se consigna en el informe presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, Cajar, , y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, Cejil, representantes de las víctimas ante la Corte Interamericana este 15 de enero de 2016. El informe hace parte del seguimiento al cumplimiento del Estado colombiano de la sentencia proferida el 11 de mayo de 2007.

La sentencia se refiere a los hechos ocurridos el 18 de enero de 1989 en el corregimiento La Rochela, municipio de Simacota, Santander, cuando 15 funcionarios judiciales fueron atacados por un comando de 40 paramilitares, conocido como “Los Masetos” que actuaron en asocio con agentes estatales. Doce funcionarios de la Comisión Judicial fueron ejecutados y tres de ellos sobrevivieron a la masacre. Los funcionarios investigaban hechos recientes de asesinato y desapariciones en la región, incluyendo la desaparición de 19 comerciantes ocurrida en octubre de 1987, víctimas de la misma alianza.

El informe presentado a la Corte IDH sobre el cumplimiento de la sentencia, señala que los avances en la justicia, han sido el aspecto que menor cumplimiento ha tenido por parte del Estado, ya que la única condena por estos hechos es la que cumplió a mediados de 2015, el paramilitar Alonso de Jesús Baquero, Alias “el negro Vladimir”. Cabe señalar que en la investigación penal, el paramilitar señaló a los militares Farouk Yanine Díaz, Juan Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado y Alfonso Vacca, y al ex congresista Tiberio Villarreal Ramos, como determinadores de la masacre, sin que las investigaciones hayan arrojado resultados en este sentido.

Por otra parte, añade el Cajar en su informe, “Ramón Isaza Arango, comandante de las AUC, durante la ocurrencia de la masacre y beneficiario de la Ley de Justicia y Paz, ha negado reiteradamente su participación directa en la masacre de La Rochela, aceptando únicamente algún tipo de responsabilidad por cadena de mando y desconociendo su obligación de colaborar en la construcción de la verdad histórica” En este sentido, el Cajar solicitó la exclusión del paramilitar del procedimiento de la Ley de Justicia y Paz, sin que haya habido hasta la fecha pronunciamiento jurisdiccional al respecto.

Otro de los procesados, el exjefe paramilitar Iván Roberto Duque, ha solicitado cesación del proceso penal por vencimiento de términos, solicitud que se encuentra pendiente de resolver.

En consideración a la impunidad sustancial del presente caso, es preocupante la situación de riesgo en la que se encuentran las familias de las víctimas de la Rochela, toda vez que la Unidad Nacional de Protección no ha cumplido de manera satisfactoria y eficaz sus compromisos en materia de protección de varias víctimas, beneficiarias además de Medidas Provisionales ordenadas por el Tribunal Interamericano.

En cuanto a la reparación integral a las familias de las víctimas, el Estado colombiano está en mora de cumplir los compromisos asumidos en materia de becas educativas pues dejó en manos de entidades privadas el otorgamiento de este beneficio, sin resultados satisfactorios; y en similar sentido, a pesar de los compromisos adquiridos con las víctimas, no existe un pronunciamiento oficial respecto a las oportunidades laborales. Por otro lado, en materia de salud la atención a los familiares de las víctimas de La Rochela ha sido nula, a pesar del mandato interamericano de gratuidad e inmediatez.

En su informe, el Cajar solicita a la Corte Interamericana mantener la supervisión de las medidas de reparación ordenadas en la sentencia de 2007 y requerir al Estado colombiano información detallada en relación con su obligación de investigar, juzgar y sancionar los hechos conforme a lo ordenado en la sentencia. El Estado colombiano también debe informar sobre las medidas concretas para la protección de operadores judiciales, testigos, víctimas y familiares en casos de graves violaciones a los derechos humanos, para que hechos como este nunca se repitan.

Ver y descargar el informe