“Se detectó sangre humana”. Esa es la conclusión a la que llegó el informe pericial de biología forense DRBO-BIOFO-0001674-2025 de la Subdirección de Servicios Forenses de Medicina Legal, conocido por EL TIEMPO y solicitado por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

A través de ese informe, el despacho de Medicina Legal encontró que, en un fragmento plástico hallado en una excavación al interior de la Escuela de Logística del Ejército en Bogotá, hay coincidencia con sangre humana.

Justo en una zona de interés forense para la JEP, por la alta probabilidad de que el sitio haya sido utilizado para ocultar desaparecidos, entre ellos el líder sindical Pedro Julio Movilla.
Además se indaga si Irma Franco, la única guerrillera del M-19 que salió con vida de la Toma del Palacio de Justicia, desaparecida habría sido llevada a este batallón.

Aunque salió caminando del edificio y fue identificada en la Casa del Florero, fue trasladada posteriormente al Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano (ubicado en el sur de Bogotá), donde se presume que fue torturada y asesinada.

Por la desaparición de Irma Franco Pineda, el general (r) Iván Ramírez Quintero fue excluido por la Jurisdicción Especial para la Paz del caso relacionado con la retoma del Palacio de Justicia, al no aportar verdad plena.

Como consecuencia, la justicia ordinaria lo condenó en 2024 a 31 años de prisión por este hecho. No obstante, continúa vinculado a la JEP en el caso que esclarece el exterminio de la Unión Patriótica, donde fue imputado como coautor de los asesinatos y desapariciones sistemáticas contra ese movimiento.

Entre tanto, las entidades involucradas avanzan en la recolección de información de contexto, así como en el estudio de resultados forenses e informes periciales.

De acuerdo con los dictámenes emitidos por Medicina Legal, las estructuras óseas humanas halladas en el predio fueron dispuestas de manera secundaria en los Sitios de Interés Forense.
Este hallazgo constituye un indicio de su posible relación con hechos ocurridos en el marco del conflicto armado, entre ellos desapariciones forzadas y homicidios.

Otro elemento relevante es el hallazgo de sangre humana en un fragmento de plástico recuperado el 3 de febrero de 2025 en uno de los Sitios de Interés Forense que había sido vulnerado.
Según el análisis forense, este rastro biológico solo se explica por el uso del predio como lugar de disposición de cuerpos, lo que lo vincula con acciones posteriores a la comisión de desapariciones forzadas.

El expediente Pedro Julio Movilla

El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar), el 11 de febrero pasado, dio a conocer los hechos en un comunicado público.
Refirió que el caso se enmarca en un expediente de medidas cautelares solicitado sobre el lugar, ubicado en San Cristóbal, con el objetivo de que se preserve toda zona donde se cree puede haber presencia de desaparecidos.

La sangre fue hallada en elementos de prueba que fueron extraídos ilegalmente el año pasado por militares, en una clara violación al debido proceso y a las medidas cautelares impartidas previamente por la JEP. Esta última institución, mediante el uso de un dron equipado con un sensor capaz de generar nubes de puntos 3D en color real, modelos digitales de elevación (DEM) y mapas topográficos de alta precisión centimétrica en tiempo real —incluso en condiciones de poca luz—, logró recuperar los elementos. Ello fue posible a pesar de que miembros de la Fuerza Pública realizaron una excavación ilegal en un punto previamente identificado como posible lugar de inhumación de restos humanos.

la hipótesis de que la intervención ilegal buscaba sustraer evidencia y restos humanos del lugar. Ante la evidencia de que este sitio albergaba restos biológicos, familiares y víctimas planteamos el interrogante que el Estado debe responder: ¿Se encontraba allí inhumado Pedro Julio Movilla?”.

Pedro Julio Movilla era un reconocido líder sindical que desapareció en mayo de 1993, cuando se dirigía a recoger a su hija en un colegio de Bogotá. La víctima, además, ejercía como integrantes del Partido Comunista de Colombia Marxista Leninista (PCC-ML) en Bogotá.

Por el expediente Movilla, en septiembre de 2022, el Estado colombiano fue condenado por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Durante el expediente se recopiló prueba que establecía que, para la época de los hechos, Movilla era blanco de inteligencia por parte del Ejército Nacional.

Entre las hipótesis que se manejan se encuentra que Movilla pudo haber sido desaparecido en este batallón, considerado uno de los lugares más temidos de Bogotá: la sede del batallón Charry Solano, centro de inteligencia militar ubicado en el suroriente de la ciudad.

Ante la justicia internacional, incluso, el Estado reconoció que era responsable por omisión al no investigar la desaparición de Movilla y no realizar un plan de búsqueda oportuno y eficaz para encontrar al dirigente sindical. Una actividad que, recién 33 años después, está realizando la JEP.

De tal gravedad fue la excavación realizada por los militares en la Escuela de Logística del Ejército, el año pasado, que la JEP abrió un incidente de desacato contra el sargento viceprimero Ronald Durán Páez y los soldados profesionales Brahian Andrés Villa Díaz y Johan Fernando Miranda Casas, por presuntamente alterar los lugares de inhumación.

En estas instalaciones, la justicia ordinaria, liderada por la Fiscalía también investiga si se llevaron a personas desaparecidas del Palacio de Justicia, entre ellas Irma Franco, la única guerrillera del M-19 de la que se tiene certeza que salió con vida. Además, este lugar ha sido señalado como uno de los centros de tortura durante el holocausto del Palacio.