El general Navas afirmó que:
“…espera que se haga justicia frente al caso del coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quien fue condenado a 30 años de prisión y precisamente el Tribunal Superior de Bogotá está revisando el caso y se alista a decidir si deja en firme la sentencia o lo absuelve…”. “…en el caso del coronel Plazas “hay intereses políticos basados en testigos falsos y pruebas fabricados” y solicitó a la Fiscal General y a los magistrados del Tribunal que actúen en derecho…”.
Invitamos al general Navas a que proceda a demostrar y denunciar ante las autoridades quiénes han sido los “fabricantes de pruebas y de falsos testigos”; de qué manera actuaron o están actuando; por qué su silencio frente a esa irregularidad, la cual queremos saber desde hace cuánto la conoce.
Las palabras del General Navas lesionan e irrespetan la necesaria independencia judicial. El General Navas como alto mando militar, debe respetar los fallos judiciales y no hacer injerencia indebida en ellos. Las declaraciones del General Navas van en contravía de las manifestaciones verbales de respeto a los fallos judiciales, contenidas en discursos del Presidente Juan Manuel Santos, que éste mismo ha desconocido.
Las declaraciones del General Navas contribuyen a crear un clima de amedrentamiento ante la instancia que debe definir la apelación de la sentencia en mención: el Tribunal Superior de Bogotá, siendo una presión indebida que nos recuerda el contexto en el cual se provocó el forzoso exilio de la ex Juez Tercera Especializada María Estella Jara en compañía de su hijo, días después de proferir la sentencia condenatoria al Coronel (r) Plazas Vega.
Es inentendible que el General Navas proponga un indulto a los militares actualmente procesados, pero de manera simultánea hable de irregularidades en los juicios, preguntamos: ¿a quién se debe indultar, si nadie reconoce delito alguno sobre nuestros familiares aún desaparecidos?, ¿a quién hay que indultar si nadie nos ha devuelto ni siquiera los restos?
La manifestación del General Navas es coincidente con las ambientaciones y presiones indebidas que se han dado en las últimas semanas frente a este caso, como las publicadas ayer en el diario El Tiempo.
¿Qué pueden esperar en estas condiciones las víctimas de Estado en sus derechos a la Verdad, a la Justicia y a la reparación integral?
¿Qué pueden esperar los ciudadanos colombianos que habitan en zonas de conflicto con estas declaraciones?
