La Fiscalía 73 Especializada de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, procedió a resolver la petición presentada por la apoderada de parte civil, a través de la cual buscaban que se declarara crimen de lesa humanidad el homicidio del que fue víctima el dirigente sindical y político Jorge Darío Hoyos Franco.
En la decisión se reconoce el liderazgo sindical, cívico y comunitario del destacado líder político, social y sindical, integrante del partido Unión Patriótica y candidato por esta colectividad al concejo de Fusagasugá.
La declaratoria se produce en el marco de la investigación que sigue abierta en la Fiscalía para determinar toda la cadena de mando que actuó detrás de estos hechos, por los cuales ya han sido condenados los paramilitares Luis Edilmer Rojas Rincón y Giovanny Moncada Cortés, integrantes de las milicias urbanas del grupo paramilitar autodenominado Autodefensas Campesinas del Sur del Casanare.
De igual forma, fueron condenados Héctor Germán Buitrago Parada, alias “Martín Llanos” y a Héctor José Buitrago Rodríguez alias “Tripas y/o El Patrón”, integrantes del mismo grupo paramilitar, así como el oficial de la policía Carlos Gilberto Mora Alfonso, adscrito al Noveno Distrito con sede en Fusagasugá, y el comerciante Luis Alberto Rodríguez Sánches, alias “Yoyo” quien como propietario de un burdel “aportó importante información determinante” en la comisión del homicidio.
Así mismo el suboficial del Ejército Nacional, asesor de la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano, Freddy Francisco Espitia Espinosa, enfrenta dos juicios: por este crimen y por el posterior desplazamiento forzado de la familia Hoyos, y se acogió en la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- y le fue otorgado el beneficio de libertad transitoria y condicionada a cambio de su contribución a la verdad, lo que hasta el momento no se ha cumplido.
Para el despacho de la Fiscalía especializada resultó importante resaltar que el móvil del homicidio fue la calidad de sindicalista de la víctima y que no se trató de un hecho aislado, así lo señaló en su decisión:
(…) “hizo parte de un ataque sistemático realizado por grupos paramilitares en todo el país, para atacar los movimientos sociales y sindicales, para generar miedo y zozobra en la población civil. Personas como JORGE DARÍO HOYOS FRANCO, quienes ejercían actividades sindicales, cívicas, comunales y populares fueron declaradas objetivo militar, asimilando dicha labor con colaboración o auxilio a grupo guerrillero (…)”
Para la Fiscalía, hasta este momento se tiene que las estructuras paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Campesinas del Sur del Casanare, en alianza y complicidad con integrantes de la Policía Nacional y del Ejército Nacional incurrieron en la comisión de conductas atentatorias contra la dignidad humana y fueron los causantes de graves sufrimientos que afectaron la vida del líder sindical.
En conclusión, refiere la Fiscalía:
“El homicidio de JORGE DARÍO HOYOS FRANCO, reúne las condiciones descritas para que sea declarado como crimen de lesa humanidad, toda vez que fue perpetrado con conocimiento de causa, en el marco de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, en específico, contra personas de la región a quienes tildaba de colaboradoras de la guerrilla; y basado en móviles discriminatorios, por razones políticas e ideológicas, por la defensa a los derechos humanos, por ejercer actividades sindicales, cívicas, comunales y populares”
Esta es una decisión que sin lugar a duda reconoce la existencia de políticas y prácticas de exterminio contra colectivos y liderazgos del movimiento social y sindical que han sido impulsadas por el Estado de forma directa y con el apoyo de estructuras paramilitares.
Como lo han recogido las diferentes decisiones judiciales, el crimen contra Jorge Darío Hoyos hizo parte de un ataque sistemático contra líderes sociales y el movimiento sindical y social de la región para acallar las voces de inconformidad y los derechos del movimiento sindical en el municipio de Fusagasugá, pero también del plan de exterminio contra el movimiento sindical y contra militantes de la Unión Patriótica. Solo en 2001, 197 sindicalistas y 98 integrantes de la UP fueron asesinados dentro de procesos de exterminio y persecución ampliamente documentados.
Develar los responsables de dar la orden es una deuda de la justicia con el derecho a la verdad de los familiares que durante más de 20 años han luchado por la búsqueda de la verdad, la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición. Resulta de suma trascendencia que el Estado avance en el esclarecimiento integral que permita la garantía del derecho a la justicia y las reformas institucionales para la no repetición de estas prácticas de exterminio.
