En su decisión de cesación de procedimiento, la Fiscalía argumentó que la única prueba contra los militares era el testimonio del paramilitar Alonso de Jesús Baquero alias Vladimir, uno de los autores materiales de la masacre que cumplió una condena de 30 años de prisión impuesta en 1997, y señaló que por no ser claro ese testimonio, decreta la prescripción de la investigación.
La masacre de La Rochela fue perpetrada el 18 de enero de 1989, por un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar denominado “Los Masetos”, que operaba en el sur de la región del Magdalena Medio, con la aquiescencia, colaboración y operación conjunta con miembros de la fuerza pública. 12 de los 15 integrantes de la comisión judicial fueron asesinados mientras investigaban algunas graves violaciones a los derechos humanos ejecutadas en esa zona, entre ellas la desaparición forzada de 19 comerciantes, ocurrida el 6 de Octubre de 1987.
Los autores de la masacre intentaron simular que la misma había sido cometida por la guerrilla, fue así como pintaron en la superficie exterior de los vehículos “Fuera el MAS, fuera los paramilitares”. Antes de emprender la retirada se apropiaron de veintitrés de los veinticinco expedientes que portaba la Comisión Judicial, lo que evidencia que uno de los motivos principales de este atroz crimen era impedir que la Comisión Judicial esclareciera varios hechos de violencia que habían ocurrido en la región del Magdalena Medio en los dos últimos años.
Cabe recordar que para la época operaba en la región una asociación para delinquir compuesta por los narcotraficantes Gonzalo Rodríguez Gacha y Pablo Escobar, los paramilitares del Magdalena Medio “Masetos” al mando del paramilitar Henry Pérez, así como con la Asociación de Ganaderos del Magdalena Medio -Acdegam, miembros de la Policía, la V Brigada al mando de Alfonso Vaca Perilla y la XIV Brigada al mando de Juan Salcedo Lora, Farouk Yanine Díaz comandante de la segunda División del Ejército, para asesinar a integrantes del partido Unión Patriótica -UP, el Partido Comunista -PC y toda forma organizativa de la región, incluyendo a los 19 comerciantes asesinados por no pagar impuestos al paramilitarismo. Estos eran los hechos que iba a investigar la comisión judicial que corrió la misma suerte.
Los tres militares fueron vinculados a la investigación desde junio de 2009 cuando fueron llamados a indagatoria junto con el ex congresista santandereano Tiberio Villarreal y el capturado ex cabecilla de las autodefensas, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”, quien evadiendo la justicia y una condena proporcional por el crimen cometido, se acogió a la Ley de Justicia y Paz donde solo reconoció responsabilidad por línea de mando y no aportó verdad sobre los hechos. El proceso contra Yanine Díaz, por otra parte, cesó por la muerte del general en 2009.
La representación de las víctimas apelará la decisión en el caso de Salcedo Lora y Vaca Perilla, según anunció el abogado del caso Eduardo Carreño Wilches, integrante del Cajar, quien señaló que: “si bien es cierto que Vladimir no menciona al general Juan Salcedo Lora en forma expresa, sí rindió testimonio de que le suministraba granadas aportando detalles como que les quitaban los pines a las mismas, y que también le vendía municiones y armas, para desarrollar su lucha contra las guerrillas al servicio de fuerzas militares. Es decir que se trataba de estructuras criminales que trabajaban con ellos.
Pero incluso, el no haber hecho nada para proteger a la comisión judicial, implica ya una responsabilidad de estos mandos militares, como cómplices necesarios, señala el abogado Eduardo Carreño, quien agrega que también existen los testimonios de paramilitares de la misma estructura criminal que ratifican todo lo que dijo alias “Vladimir” además de los tres sobrevivientes que también lo confirman, así como documentos y otros indicios. Por consiguiente no puede argumentar la Fiscalía que hubo una sola declaración.
Esta decisión es el lamentable desenlace de una larga historia de impunidad que se inicia cuando se abre la investigación por los hechos en el municipio de San Gil, Santander donde se nombra a una comisión judicial que es amenazada, luego de lo cual se integra una nueva que dura escasos días hasta que el caso es trasladado a Bogotá y luego a Pasto por condiciones de seguridad, donde dura casi 11 años sin avances significativos. Por estas y otras razones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano en 2007 lo que generó algún impulsó el proceso a nivel nacional el procesamiento de otros paramilitares.
A pesar de tratarse de un crimen que ha sido documentado en informes oficiales, y cuyas víctimas han sido objeto de medidas de satisfacción y de reparación material y de actos de reconocimiento de responsabilidad y perdón público, la verdad, la justicia, la reparación integral no llegan para las víctimas de La Rochela.