La Fiscalía Segunda Especializada de Desaparición y Desplazamiento forzado de Bogotá suspendió el proceso en contra de Juan Francisco Prada Márquez, alias ‘Juancho Prada’ por el desplazamiento forzado de alrededor de 600 campesinas y campesinos de la hacienda Bella cruz, al sur del Cesar, el 14 de febrero de 1996 y los días siguientes. El pasado 19 de Diciembre de 2014, el mismo despacho había proferido medida de aseguramiento en su contra en el marco de este proceso. Cabe recordar que la semana pasada la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la libertad de ‘Juancho’ Prada por pena cumplida en el marco de la Ley de Justicia y Paz. Ante la inminencia de su salida en libertad y en protección de los derechos de las víctimas, el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Cajar, solicitó a la Fiscalía librar la orden de de detención respectiva.(Foto:verdadabierta.com)

La Fiscalía segunda especializada no accedió a la petición del Cajar porque, en su concepto, Prada Márquez “confesó desde el año 2012 los hechos objeto de pesquisas en este sumario”. Es decir, ya habría reconocido los cargos que se le imputan en el caso Bella cruz ante los tribunales de Justicia y Paz.

En concepto del Cajar, el imputado no cumple los requisitos establecidos para acceder a los beneficios, ya que las verdades a medias aportadas al proceso no han permitido establecer toda la cadena de mando de estos crímenes ni reparar integralmente a las víctimas del caso Bella cruz.

El 14 de febrero de 1996 un grupo paramilitar bajo las órdenes de Juan Francisco Prada Márquez alias ‘Juancho Prada’, jefe paramilitar del sur del Cesar, luego de haber expulsado a un primer grupo de campesinos que vivían en la hacienda, instaló una base en uno de los lotes de la propiedad, el San Carlos, y con violencia provocó el desplazamiento de por lo menos 600 campesinos. “Juancho Prada” al mando del grupo Paramilitar “Héctor Julio Peinado”, desalojó, golpeó, quemó los ranchos y se tiene conocimiento de que bajo sus órdenes algunos campesinos fueron asesinados, para perpetrar el desalojo de la Hacienda Bellacruz, una extensa propiedad ubicada en terrenos que corresponden a los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque, en el sur del César.

Para consumar los hechos, el grupo paramilitar “Héctor Julio Peinado” fue contratado por la familia Marulanda Ramírez. Esto se ha podido establecer por medio de las versiones libres que rindieran en el marco de Justicia y Paz varios desmovilizados de esta estructura paramilitar, así como por denuncias presentadas por la comunidad ante la fiscalía 34 de DDHH de Bucaramanga.

Según declaraciones de Alfredo Ballena, Alias ‘Rancho’, “el grupo paramilitar fue contratado por el doctor Francisco Alberto Marulanda y su administrador general Édgar Rodríguez, conocido como ‘Caballito’, para montar una unidad de las Auc, Autodefensas Unidas de Colombia (sic) en la finca Bellacruz”, cuyo objetivo principal era mantener el control territorial sobre tierras arrebatadas a los campesinos. Así mismo, señaló que el grupo que entró a la hacienda fue dirigido por Manuel Alfredo Rincón, Alias ‘Paso’, junto con otros once paramilitares.

El desplazamiento, según Alias ‘Paso’, contó con la complicidad de un teniente de la base militar del Batallón Ayacucho, con sede en el municipio de La Gloria, Cesar. El testimonio de este exparamilitar y uno de los autores materiales del desplazamiento se suma a las confesiones parciales de ‘Juancho Prada’ y a las declaraciones en Justicia y Paz de Alias ‘Rancho’ para señalar la responsabilidad de la familia Marulanda.

En 2003, Francisco Marulanda fue condenado en primera instancia a 18 años de prisión por la conformación de grupos paramilitares. Francisco Marulanda es hermano de Carlos Arturo Marulanda, ministro de Desarrollo del Gobierno de Virgilio Barco e hijo de Alberto Marulanda quien ha reclamado la propiedad e estas tierras desde los años 50. En 2007, la familia Marulanda vendió 5.500 hectáreas de estos terrenos en disputa al empresario brasileño Germán Efromovich.

Entre tanto las familias desplazadas de Bellacruz se encuentran dispersas en diferentes municipios del país y cerca de la mitad viven en condiciones socioeconómicas de enorme vulnerabilidad.

Con la suspensión del proceso ordinario en contra del paramilitar “Juancho” Prada, y la verdad incompleta que aportó en Justicia y Paz, se aplaza una vez más la deuda histórica con la verdad, la justicia y la reparación integral de las víctimas, así como el esclarecimiento histórico de lo ocurrido en Bella cruz.