Insistimos en que la Corte Constitucional retome el seguimiento directo a sus órdenes sobre aspersiones con Glifosato
#ElGlifosatoNosMata
Recientemente el Ministerio de Justicia expidió el Decreto 380 donde regula los aspectos del control de riesgos a la salud y ambiente en el marco de la Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida Glifosato. El acto administrativo cita las órdenes de la Corte Constitucional dadas en la Sentencia T- 236 de 2017 que condiciona el regreso de las aspersiones aéreas a una serie de requisitos que deben cumplirse en atención a los graves riesgos que representa.
Lo cierto es que hasta el momento las órdenes citadas no han sido acatadas, por ejemplo, se han negado los derechos a la consulta y consentimiento previo de las comunidades étnicas que se encuentran en los territorios priorizados para asperjar glifosato. Tampoco se han cumplido las condiciones de participación reforzada en la construcción del Plan de Manejo Ambiental, ni la evaluación de riesgos a la salud y el ambiente, ni existen los estudios independientes con los criterios de rigor, calidad e imparcialidad que la Corte Constitucional ordenó.
En suma, no se han resuelto las incertidumbres en materia de salud, ambiente y en ese sentido reactivar el programa representa un peligro para las comunidades étnicas y campesinas, las mujeres embarazadas y los niños, los cultivos de pancoger y la biodiversidad de los distintos territorios priorizados. Tampoco es claro hasta hoy el funcionamiento del mecanismo de quejas a que podrían acudir las comunidades que se vean afectadas por la aspersión con Glifosato en caso de querer denunciar daños. El decreto del Ministerio de Justicia, señala una serie de instituciones a las que, de acuerdo al tipo de daño, podrían acudir las víctimas, esto no sólo fragmenta las denuncias y les impone cargas, sino que no tiene en cuenta las situaciones de seguridad, conectividad, acceso y conocimiento de las TIC, y además tampoco ha sido socializado.
Por otra parte, se insiste en desconocer el Auto 387 de 2019 en el cual la Corte Constitucional añadió que el gobierno debía enmarcar la decisión sobre el regreso de las aspersiones dentro de la política política pública que se deriva del punto 4 de los Acuerdo de Paz. Esto significa que tiene la obligación de respetar la jerarquía constitucional que prioriza la sustitución voluntaria sobre los métodos de erradicación forzada violenta, estableciendo que sólo en caso de que la sustitución voluntaria falle, y luego del fracaso adicional de la erradicación manual, podrá acudirse a la aspersión aérea con glifosato.
Por todo lo anterior, insistimos en la solicitud de que la Corte Constitucional retome el seguimiento directo del cumplimiento de las órdenes establecidas en la Sentencia T-236 de 2017, tal como lo solicitamos en diciembre junto con la Coccam. Consideramos que en atención a la trascendencia del impacto de esta decisión que perpetúa la vulneración de derechos fundamentales de las comunidades étnicas y campesinas, como de las presiones y sistemáticas acciones arbitrarias del Gobierno Nacional para burlar las condiciones de la sentencia, es indispensable la intervención por la misma Corte en aras de salvaguardar la supremacía e integridad del ordenamiento constitucional y asegurar la protección efectiva de los derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
Del mismo modo, en abierto desacato a la Corte, el Gobierno sigue por la vía de forzar su regreso a como dé lugar. Así, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales -ANLA- mediante el Auto 2134 del 13 de abril de 2021, decidió levantar la suspensión decretada por la medida provisional interpuesta por la autoridad judicial que conoce de la tutela interpuesta por Redphana y el Colectivo Sociojurídico Orlando Flas Borda, y reactivar el procedimiento para la aprobación del permiso ambiental general, alegando que el reciente decreto expedido por el Ministerio de Justicia libera al ANLA de la obligación de garantizar el derecho a la consulta previa.
La terquedad gubernamental para imponer este plan es tal, que también pasó por encima del fallo de tutela del Tribunal Administrativo de Nariño del pasado 23 de julio de 2020 que protegía la participación reforzada de los municipios priorizados para ser asperjados con glifosato y la consulta previa a comunidades étnicas, tutela que hoy está siendo revisada por la Corte Constitucional y en cuyo trámite este Tribunal debería decretar como medida provisional la suspensión de este procedimiento que lleva el ANLA, hasta tanto no se emita su decisión de fondo.
Por otra parte, observamos con preocupación las contradicciones y deficiencias en los estudios relativos al riesgo sobre la salud que representa asperjar con glifosato. El gobierno nacional, en el marco de la evaluación de riesgos ordenada por la Corte Constitucional, pretende presentar una revisión bibliográfica contratada con la Universidad de Córdoba que concluye que los riesgos sobre la salud asociados al glifosato son muy bajos. No obstante, otra revisión bibliográfica previa hecha directamente por el Instituto Nacional de Salud concluyó, con estudios al 22 de febrero de 2019 que la clasificación del Glifosato como cancerígeno persistía y no cambiará en mucho tiempo. Por su parte, la Universidad del Valle y el Centro de Derechos Reproductivos presentaron una investigación sobre los efectos negativos del glifosato en la salud reproductiva de las personas y concluyó que lo más conveniente es aplicar el principio de precaución y abstenerse de volver a asperjar con Glifosato.
Así mismo, el gobierno nacional ha omitido deliberadamente las diferentes voces que desde las comunidades de los 13 departamentos y los 104 municipios afectados, la academia y la opinión pública le han enviado respecto de no insistir en esta fracasada política que atenta contra los derechos humanos,la salud, el ambiente, la paz, y sólo posterga las salidas estructurales al flagelo del narcotráfico.
