Por medio de análisis y de casos concretos, el documento pretende, asimismo, dar muestra del accionar de los grupos neoparamilitares, y de la amenaza que representan para las personas defensoras de derechos humanos y la construcción de una paz duradera.
En 2017, las acciones bélicas derivadas del conflicto disminuyeron hasta sus niveles históricos más bajos, mientras que la violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales se ha recrudecido a niveles no vistos hace 10 años.
Dicha ola de violencia ha culminado con el asesinato entre la firma del Acuerdo Final y el 31 de enero de, al menos, 17 personas defensoras, líderes y lideresas comunitarias y miembros de las Juntas de Acción Comunal.
En febrero, la dinámica ha persistido, incluso se ha documentado un aumento en el número de amenazas, agresiones, atentados y ataques, entre otros incidentes de seguridad, perpetrados en contra del grupo de personas antes mencionado.
Particularmente alarmante es la situación de hombres y mujeres pertenecientes al movimiento Marcha Patriótica: de los y las lideresas sociales asesinados desde el anuncio del Acuerdo Final en noviembre de 2016, la mayoría pertenecían a este movimiento que, además, desde su conformación en 2012, ha denunciado el asesinato de alrededor de 130 4 de sus miembros y un sinfín de amenazas, agresiones y atentados.
En los primeros 40 días del año, han sido asesinadas otras 5 lideresas sociales de la Marcha Patriótica 5, lo que muestra de que la violencia sociopolítica en Colombia no ha terminado con la firma del Acuerdo de Paz con las FARC-EP.
Estos asesinatos ocurren en un contexto en el que las víctimas y sus comunidades han denunciado el aumento de la presencia de grupos neoparamilitares.
A pesar de los pasos positivos que se han dado para poner fin al conflicto armado entre el Estado colombiano y las FARC-EP, y a la instalación de una mesa de diálogo entre representantes del gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos y líderes sociales y políticos, así como el aumento del neoparamilitarismo, significan un reto real y un desafío importante en la construcción de una paz duradera y verdadera en Colombia.
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