Civiles: Presidencia de la República, Vicepresidencia de la República, Ministerio del Interior, Programa Presidencial de DDHH y DIH, Procuraduría General de la Nación, Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gobernación del Meta, Alcaldía Municipal de la Uribe y Personería Municipal de la Uribe.
Militares: Comando General de las Fuerzas Militares, Comando del Ejército Nacional, Comando de la Brigada móvil 10 del Ejército.
Policiales: Director de la Policía Nacional, Comandante Departamental de Policía, Director de la Oficina de DDHH de la Policía Nacional.
Antecedentes
La Región del bajo Duda (Mesetas y La Uribe) es un territorio que fue colonizado por individuos y familias desplazadas, que buscaban resguardar sus vidas del terror oficial que se recrudeció en los años 40 y 50, producto del asesinato de Gaitán. Otros llegan atraídos por la gran riqueza forestal y silvestre, se pueden identificar importantes recursos como el petróleo, las fuentes hídricas, la plata, el oro, la madera, entre otros, que se han convertido en herramienta clave dentro de la economía campesina. Además la ganadería extensiva, los cultivos de coca, la producción agroindustrial, economía latifundista y la implantación de Megaproyectos hacen de ésta región un gran atractivo para las multinacionales convirtiéndola en uno de los escenarios del conflicto.
En el marco del desarrollo del conflicto político, Social y Armado que vive el país, esta región, por haber sido la zona donde se desarrollaron los diálogos con la insurgencia, es estigmatizada por parte del Gobierno atreves de la Fuerza Pública, los medios de comunicación y los enemigos del proceso de paz de todo pelambre, quienes calificaron y siguen calificando a los habitantes de estos territorios como muy adeptos a la guerrilla de las FARC EP.
Una vez terminada la llamada zona de distención, el gobierno nacional aplica lo que denominó “Plan Colombia”, entregándole a las Fuerzas Militares más de 360.000 Millones de Pesos unos 180.3 Millones de Dólares, donde integra una serie de estrategias militares que ha denominado “Plan Patriotas”, y “Plan de Consolidación Integral de la Macarena”. PCIM. Que es aplicado en los Municipios de Vistahermosa, Mesetas, Uribe, San Juan de Arama, Puerto Rico y la Macarena.
La región presenta diferentes problemas de tipo ambiental como la contaminación relacionada con la minería, las fumigaciones aéreas (con el GLIFOSATO), los insumos del procesamiento de la coca, además de la deforestación y el uso de tecnologías inadecuadas (agroquímicas, sobrepastoreo y cultivos en ladera). Sin embargo, las fumigaciones indiscriminadas con Glifosato del PLAN COLOMBIA, ejecutadas sistemáticamente desde el año 2001, han traído la contaminación de fuentes de agua y el envenenamiento de la flora y fauna existente en la región entre las cuales se encuentran las selvas, las pasturas, los cultivos de pan coger, generando problemas alimentarios, enfermedades y desplazamientos.
De igual manera luego del levantamiento de la Zona de Distensión ha habido fuerte presencia militar en la región que ha traído consigo la vulneración de DDHH, del DIH y de Ejecuciones extrajudiciales, además se ha desatado una persecución, especialmente contra los líderes de sus comunidades, de cuyo resultado han ocurrido varios asesinatos a manos de agentes del Estado, detenciones arbitrarias masivas y selectivas, empadronamientos, bloqueo alimentario, actos de pillaje, desplazamiento forzado, control a la misión médica; estigmatización de la lucha social y de sus habitantes, mediante señalamientos por integrantes de la autoridad civil y agentes de la fuerza pública; situación que se ha agravado con el escalonamiento del conflicto, a través de bombardeos y ametrallamientos indiscriminados desde cascos poblados como La Julia hacia las fincas de los habitantes de veredas aledañas sin justificación entendible alguna, esto sin contar con la llegada de las Transnacionales, que bajo la protección del Estado, exploran y explotan sus recursos naturales sin mayores controles, ocasionando daños irreparables al medio ambiente y al hábitat de la región que han contribuido al agotamiento de los recursos faunísticos y florísticos en cuanto a disminución de especies terrestres y acuícolas, lo cual deteriora la estructura y riqueza de nuestro ecosistema.
Es en este contexto histórico donde las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, de trabajadores y trabajadoras agrícolas y ganaderos, juntas de acción comunal y comités de derechos humanos de la Región del Bajo Duda, ante la crisis humanitaria que afecta a la población convocamos al encuentro regional “por el derecho a la vida, la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz”, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 DE agosto de 2012, en La Julia, localidad del municipio de La Uribe Meta.
El día 20 de agosto de 2012, siendo la 1:00pm, en las instalaciones de la alcaldía municipal de la Uribe del departamento del meta, en el marco de un consejo de seguridad, se desarrollo un punto relacionado con el encuentro regional “por el derecho a la vida, la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz”, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 DE AGOSTO de 2012, en La Julia, localidad del municipio de La Uribe Meta.
Esta reunión se realizo con el propósito de solicitar las garantías constitucionales en materia de Derechos Humanos, que deben brindar las instituciones del estado representadas en las autoridades civiles, militares y de policía del Municipio de la Uribe y la región en el marco de la realización del evento mencionado.
El señor Coronel; Juan Carlos Bustamante Rodríguez, quien cumple sus funciones como comandante de la brigada móvil No. 10, produce fuertes señalamientos y estigmatización contra la organización y realización del encuentro regional “por el derecho a la vida, la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz” quien menciona: “ en la emisora la Voz de la Resistencia se está incitando para que los campesinos vayan armados, con palas, machetes, y picas” seguido a esto el Coronel Bustamante argumenta que por informes de inteligencia militar tiene conocimiento que las FARC y alias Romaña del frente 40 son los que están detrás de este evento y que los campesinos están siendo amenazados y obligados a asistir a este encuentro, recalcándole a los organizadores del evento que: “ están a tiempo y que se les informa esta situación para que tengan conocimiento y no pongan en riesgo la vida de las personas que participen en dicho encuentro”. Declaraciones que han generado preocupación y zozobra no solo a las personas que están impulsando esta importante iniciativa por la paz, sino también al conjunto de las comunidades de la región del bajo duda.
Rechazamos ante la Comunidad Nacional e Internacional la política sistemática de persecución contra las comunidades de la región del bajo duda en el departamento del Meta y su proceso de construcción organizativa que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de agosto de 2012 en el marco del encuentro regional por la defensa de la vida, la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz, con la participación de alrededor de 3000 campesinos de la región. Esta práctica sistemática de persecución se ha materializado a través de acciones ilegales y pronunciamientos, que afectan de forma directa los derechos fundamentales, y que son constitutivos de conductas delictivas como calumnia, estigmatización, hostigamientos y amenaza, razón por la cual alertamos de forma temprana sobre posibles consumaciones de crímenes de lesa humanidad contra las personas, organizaciones y comunidades participantes del mencionado evento durante y después de su realización.
luego de los antecedentes y los hechos descritos nos permitimos: alertar de manera temprana sobre la ocurrencia de nuevos hechos de violaciones a los derechos humanos en la región del bajo duda en el departamento del meta, los cuales ponen en riesgo la vida, la libertad, la seguridad e integridad personales de los líderes de la región, las organizaciones y al conjunto de las comunidades campesinas.
Es por eso que hoy elevamos la voz, para declarar a las siguientes autoridades como responsables de cualquier violación a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario contra las comunidades campesinas y líderes sociales de la región del bajo duda en el departamento del Meta, por acción o por omisión.
