Queremos que la #CorteRespaldeAComunidadesDeLaGuajira
En 2016 la Corte Constitucional ordenó a distintas entidades públicas elaborar una investigación científica y sociológica para evaluar el impacto de la actividad minera en los ecosistemas del país.
El Gobierno no solo no garantizó la participación de las comunidades locales y de pueblos étnicos que han sufrido directamente los impactos de la minería en sus territorios, sino que dentro del grupo de expertos que participaron de este estudio seleccionó a los directores ambientales de las compañías multinacionales Drummond y Carbones del Cerrejón. Es decir, las empresas están siendo juez y parte en la investigación.
Esto ocurre debido al gran poder que tienen las empresas multinacionales sobre los gobiernos que los hace prácticamente dueños del Estado. A esto se le conoce como captura corporativa del Estado, y genera graves conflictos de intereses en la toma de decisiones y políticas que han de destinarse a la protección de los derechos de las comunidades y de la naturaleza.
En este caso, por ejemplo, los estudios en los que participa la empresa concluyeron que ¡¡¡No se observa que el proyecto minero cause un conflicto significativo por el agua de la región!!!. Según los capítulos hechos por las multinacionales sobre La Guajira, la explotación carbonífera durante 40 décadas no ha causado daños en el agua de la región. ¿Esto podrá ser cierto? ¿Un estudio sin su participación, habría llegado a las mismas conclusiones?
Desde liderazgos de las comunidades wayuu del sur de la Guajira en conjunto con las organizaciones sociales Cajar y Terrae interpusimos una acción de tutela que perdimos en primera y segunda instancia, bajo argumentos de los jueces tales como que era “inoficioso” dictar órdenes al respecto o que esa indebida interferencia corporativa “no pasa de ser una hipótesis que no cuenta con ninguna evidencia que lleve al convencimiento de que ello ha ocurrido”.
La tutela busca que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior, Unidad de Parques Nacionales Naturales, Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, Ministerio de Minas y Energía, Agencia Nacional de Minería, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira, rehagan los estudios para que sean imparciales y cuenten con la suficiente evidencia científica sobre los impactos de la extracción de carbón a cielo abierto que durante años viene afectando el ambiente y la salud de las comunidades vecinas de la mina El Cerrejón.
También buscamos que la Corte ordene a las autoridades ambientales que la actualización de la política pública para controlar la contaminación de aire y agua por la minería de carbón, se haga con la participación de las comunidades afectadas, las organizaciones y entidades académicas que han realizado estudios serios y con soporte científico.
¡Y que no se sigan haciendo reuniones a puerta cerrada como la desarrollada en diciembre de 2020, donde las empresas carboníferas y el gobierno acordaron la actualización de esta política!
