La Fiscalía 75 especializada contra las violaciones a los derechos humanos declaró como crimen de lesa humanidad el homicidio contra el dirigente sindical Jorge Luis Ortega García, cometido el 20 de octubre de 1998, cuando se desempeñaba como vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- en el contexto de un Paro General Nacional durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango en contra de su política de privatización de las empresas estatales.
Nacido en San Jacinto Bolívar en 1960, a sus escasos 18 años, Jorge Ortega inició su labor sindical cuando trabajaba en la Electrificadora de Bolívar, en donde se formó como dirigente sindical en Sintraelecol, Cartagena. En 1990, fue elegido miembro del Comité Ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores -en adelante CUT-. Como sindicalista, dio la pelea incansable por el bienestar de los trabajadores y trabajadoras, por la defensa de las empresas estatales como un bien público que no debía ser entregado al sector privado multinacional y por la defensa de la vida de quienes ejercían el derecho de asociación.
En marzo de 1994, fue víctima de montaje judiciales, como una de las formas de persecución sindical y fue privado injustamente de su libertad por estar presuntamente vinculado con el grupo insurgente del ELN. Posteriormente, la Fiscalía General de la Nación precluyó la investigación a su favor el 28 de diciembre de 1998, en un caso que también acompañó el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, logrando demostrar la inocencia del sindicalista.
Después de su privación injusta de la libertad, Ortega García siguió siendo blanco de persecución y amenazas que fueron puestas en conocimiento de las autoridades sin ninguna respuesta en materia de protección. “Las medidas de protección nunca se materializaron, fueron postergadas por procedimientos burocráticos y por falta de voluntad política de salvaguardar a uno de los líderes sindicales más importantes del país, lo que ocasionó que finalmente la noche del 20 de octubre de 1998 fuese asesinado. Una muerte anunciada que las autoridades no quisieron impedir.” Señala la Fiscalía en su decisión.
Para la Fiscalía: “…existe fundamento suficiente para establecer que en este caso se cometió un asesinato selectivo que hacía parte de un ataque sistemático y generalizado que hizo parte de una política de una organización, con conocimiento de dicho ataque, y que tenía como propósito el exterminio del movimiento y la acción sindical; acto que constituye un Crimen de Lesa Humanidad.”
A pesar de que en mayo de 2002 el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 27 años de prisión y 80 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Rafael Céspedes Álvarez como autor material del homicidio, los autores intelectuales del crimen nunca fueron identificados. Con esta declaratoria de crimen de lesa humanidad, la justicia conserva la obligación de investigar y sancionar a todos los responsables, sin que la misma prescriba.
Esta declaratoria de lesa humanidad se da como resultado de una solicitud de su familia representada por la abogada defensora de derechos humanos integrante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar- Yessika Hoyos quien resaltó que: “Hay que recordar que Jorge Ortega fue asesinado en medio de un Paro lo cual refleja cómo efectivamente a los sindicalistas se les asesina por su labor de ser sindicalistas. Es muy importante porque de esta forma no se ve el crimen de manera aislada sino que se enmarca en un contexto de violencia antisindical que se vivió anteriormente pero que lastimosamente hoy se sigue viviendo”.
Según datos de la Escuela Nacional Sindical, desde el 1 de enero de 1973 hasta el 31 de diciembre de 2018, se registraron 14.992 violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de los sindicalistas, 3.240 de esas agresiones fueron homicidios que victimizaron a más de 480 sindicatos. (Fuente: https://ail.ens.org.co/informe-especial/el-pais-de-los-3-240-sindicalistas-asesinados/)
“Para que no siga ocurriendo esto es necesario y urgente un llamado al presidente para que nos permita la estigmatización contra sindicalistas, para que desde el partido de gobierno con las campañas de estigmatización porque lo que causan son amenazas y que finalmente sean asesinados”, concluyó la abogada.
