La tristeza e indignación que produce las acciones militares de las partes, no puede llevarnos a desistir del propósito de consolidar un proceso de negociación política del conflicto armado, que redunde en una democratización de la sociedad colombiana, mandato que tiene el actual gobierno de sus electores, quienes en la pasada contienda electoral optaron por respaldar la paz.
La muerte de once soldados profesionales y las heridas provocadas a otros veinte, en desarrollo de una operación militar en el Departamento del Cauca, evidencia de nuevo lo inconveniente que resulta desarrollar los diálogos de paz en medio de la confrontación armada.
El avance en la agenda de discusión política entre el gobierno y las FARC – EP, permitió que las partes proyectaran esa evolución en la negociación con decisiones como el cese de hostilidades ofensivas por parte de la insurgencia, el acuerdo de las partes sobre desminado humanitario y el cese de bombardeos a las retaguardias rebeldes por parte de las fuerzas armadas estatales.
Sin embargo, ese desarrollo en la negociación política, se pone de nuevo en discusión frente a un acto propio de la guerra (tal y como sucedió con la retención del general Rubén Darío Alzate) como el acaecido en el Departamento del Cauca, al punto que de manera temeraria se muestran las medidas tomadas unilateralmente por las partes (tregua unilateral y cese de bombardeos), como las que propiciaron el accionar rebelde en contra de la fuerza pública.
Los enemigos abiertos y subrepticios de la salida concertada al conflicto armado, de nuevo tienen la oportunidad de instrumentalizar el dolor que genera una acción militar para exacerbar sus embates contra el proceso de paz.
La tristeza e indignación que produce las acciones militares de las partes, no puede llevarnos a desistir del propósito de consolidar un proceso de negociación política del conflicto armado, que redunde en una democratización de la sociedad colombiana, mandato que tiene el actual gobierno de sus electores, quienes en la pasada contienda electoral optaron por respaldar la paz.
Mandato que fue refrendado masivamente en las calles el pasado nueve de abril, por miles de colombianos que marcharon por la paz con justicia social y por un proceso de negociación política que posibilite la participación activa de la sociedad en el diseño de una nueva Colombia incluyente y democrática.
Hoy cuando destempladas voces reclaman la agudización de la guerra, persistimos en nuestra convocatoria a las partes para desescalar el conflicto, decretando un cese bilateral del fuego verificable, que permita consolidar el actual proceso de negociación política y el que se vislumbra con el ELN, impidiendo de esta manera que quienes obstinadamente insisten en la confrontación, no encuentren pretexto para prolongar las hostilidades, que valga recordar, han tenido como víctima principal a la población civil, la cual debe en estos álgidos momentos rodear y respaldar la culminación concertada del conflicto armado.
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