El presente Informe alternativo al séptimo informe presentado por el Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas muestra el insuficiente cumplimiento de las obligaciones derivadas del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (en adelante PIDCP) por parte de Colombia en el período comprendido entre 2010 y 2015, haciendo énfasis en las medidas adoptadas para atender recomendaciones formuladas al Estado por dicho Comité en 2010.
El período de análisis de este Informe coincide con los dos mandatos de Juan Manuel Santos, quien fue elegido Presidente de la República en 2010 y reelegido en 2014 para un segundo mandato. Durante este período se conservaron y profundizaron las políticas de militarización del territorio y las políticas de desarrollo económico minero y agroindustrial, las cuales han vulnerado los derechos civiles y políticos de la población, en particular en zonas rurales. La continuación de estas políticas generó un aumento de la protesta social de los sectores rurales, con sucesivos paros y concentraciones en todo el territorio nacional. Frente a esto el Gobierno nacional ha respondido con un tratamiento represivo que ha dado lugar a la comisión de múltiples violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH.
El período se caracteriza también por el posicionamiento en la agenda pública del tema de la paz y los derechos de las víctimas. A pesar de la adopción de múltiples medidas legislativas y administrativas para la atención y reparación a las víctimas, como la expedición de la Ley 1448 de 2011 sobre atención integral a las víctimas y restitución de tierras, los avances concretos en el cumplimiento de las recomendaciones hechas por el Comité en 2010 son exiguos. Se destaca el proceso de paz iniciado desde 2012 con la guerrilla de las FARC, que concluye satisfactoriamente con la firma del Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera el 26 de septiembre. La posibilidad de que el conflicto con uno de los principales actores armados termine y, en consecuencia, las violaciones a los derechos de los ciudadanos disminuya, han generado grandes expectativas entre la población. Habrá que esperar para ver si lo establecido en el papel se lleva efectivamente a la práctica y si las víctimas logran ver finalmente sus derechos satisfechos.
Por otra parte, hay que señalar que las tres recomendaciones que el Comité priorizó en 2010 y sobre las que solicitó al Estado colombiano información de seguimiento, no han sido suficientemente implementadas después de cinco años. Estas tres recomendaciones son relativas a la posible impunidad causada por el proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia –AUC– y la aplicación de la ley 975 de 2005 (Recomendación 9), la comisión de ejecuciones extrajudiciales por parte de la fuerza pública, cuyas víctimas fueron falsamente presentadas como guerrilleros muertos en combate (Recomendación 14), y los seguimientos e interceptaciones ilegales a organizaciones sociales, defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas y operadores de justicia realizados por el Departamento Administrativo de Seguridad –DAS–, abusando de las actividades de inteligencia (Recomendación 16).
Pese al seguimiento especial que ha efectuado el Comité al cumplimiento de estas tres recomendaciones, hoy no se aprecian avances suficientes en estos temas. El proceso de desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia fue incompleto y la impunidad es muy alta, las estructuras paramilitares nunca se desmantelaron completamente y muchas se encuentran en actividad. Los procesos de investigación y sanción contra los autores de las ejecuciones extrajudiciales, a pesar de algunos logros, no han dado los resultados esperados. En especial, las investigaciones contra altos mandos militares encuentran múltiples obstáculos para avanzar. En cuanto a las interceptaciones ilegales por parte de agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), aunque este organismo ya fue liquidado, el fenómeno del abuso por parte de la inteligencia estatal ilegal no se ha esclarecido. Además, se continúan presentando seguimientos y amenazas a diversos sectores sociales y políticos.
Para la estructuración del presente Informe se han tomado como referencia el orden del articulado del PIDCP y la Lista de Cuestiones presentada por el Comité al Estado colombiano. Se inicia con un panorama general de las políticas y medidas adoptadas en relación con las obligaciones del Estado colombiano en el cumplimiento del Pacto. Luego se abordan la continuación del conflicto armado y su impacto en los derechos de las personas, y el panorama de los derechos a la vida, la libertad y la integridad en el país. Se continúa con la situación de la población víctima de desplazamiento forzado y las medidas para asistir y reparar a las víctimas del conflicto armado. Posteriormente se analizan las injerencias arbitrarias o ilegales en la vida privada. El siguiente apartado revisa las libertades de opinión, expresión y asociación, y en concreto la situación de las defensoras y defensores de derechos humanos en el país, y luego los derechos a la igualdad y la no discriminación en los casos de las mujeres, las personas LGBTI y los movimientos y partidos políticos. Al final se encuentra un capítulo de conclusiones y recomendaciones.
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