El Relator Especial ha podido constatar la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, concluye que la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz.

Resumen
La Secretaría tiene el honor de transmitir al Consejo de Derechos Humanos el informe del Relator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Michel Forst, relativa a su visita a Colombia, del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2018.
El Relator Especial ha podido constatar la voluntad política y las iniciativas del Gobierno para crear un entorno seguro y adecuado para la defensa de los derechos humanos en Colombia. Sin embargo, concluye que la gran mayoría de las personas defensoras de los derechos humanos están en peligro, y su riesgo ha aumentado en los últimos tres años desde la firma del Acuerdo de Paz.
Las personas defensoras en mayor riesgo son los líderes y lideresas sociales, que defienden los derechos humanos en zonas rurales, en particular el Acuerdo de Paz, la tierra, los derechos de los pueblos étnicos y el medio ambiente, frente a los intereses de grupos criminales, grupos armados e ilegales, y frente a los intereses de actores estatales y no estales como empresas nacionales e internacionales y otros grupos de poder.
Colombia sigue siendo el país con el mayor número de personas defensoras asesinadas en América Latina, y las amenazas en su contra se han disparado, en un contexto de altos índices de impunidad, pese a avances en esta materia. Las personas defensoras carecen además de un reconocimiento público y social positivo, a pesar de declaraciones públicas del Presidente del Gobierno y otras autoridades reconociendo su importante papel, y son deslegitimizadas y criminalizadas por otros actores estatales y no estatales.
El Relator Especial destaca la importancia de la implementación efectiva del Acuerdo de Paz y la elaboración de una política integral para la defensa de los derechos humanos, con la plena participación de las personas defensoras y la sociedad civil, y mayores avances en la lucha contra la impunidad para garantizar un entorno seguro y propicio para los defensores.

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