Este 20 de septiembre a las 11 am hora Bogotá/5 pm hora de Londres, se presenta el informe final de la VII Caravana Internacional de Juristas que visitó Colombia en agosto de 2022, impulsada por la organización inglesa Colombian Caravana que cumple 15 años de trabajo en solidaridad con personas que defienden los derechos humanos desde la rama judicial y desde la sociedad civil¹.

La temática de la séptima Caravana Internacional de Juristas fue la necesidad de la independencia judicial para combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia de las víctimas, y que los abogados y abogadas de derechos humanos y personas defensoras puedan realizar su trabajo con seguridad y dignidad y estuvo conformada por 18 juristas y defensoras y defensores provenientes de Canadá, España, Francia, Italia, México, Países Bajos, Reino Unido y Suiza, y quienes desarrollaron su agenda en Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena y Cúcuta, en donde se entrevistaron con organizaciones de derechos humanos, autoridades locales y personas operadoras de justicia.

El evento virtual y presencial donde se presentan los hallazgos finales de la VII Caravana contará con la participación de Sara Chandler abogada del Reino Unido y cofundadora de Colombian Caravana; Dora Lucy Arias, Abogada colombiana de DDHH y cofundadora de la Caravana; Gonzalo Sáenz (España) del Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD), Reinaldo Villalba (Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo CAJAR); Leonardo Jaimes ( Equipo Jurídico Pueblos EJP); Julia Figueroa (Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez CCALCP); Sofía López (Corporación Justicia y Dignidad) Carlos Ojeda (Fondo de Solidaridad con los Jueces Colombianos FASOL) y Águeda Teja ( OIAD).

El informe titulado Haciendo Frente a la Impunidad: Protección para la Abogacía y la Independencia judicial recoge los principales hallazgos de esta delegación que tuvo como contexto el cambio de gobierno, apenas unas semanas después de la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, y señala preocupantes como la continuidad en los asesinatos de personas defensoras de los derechos humanos y líderes sociales, el incremento alarmante de la violencia territorial y violencia de género, y la aceleración de la represión y la criminalización de las protestas sociales de 2021, así como su alarma por la persecución de quienes impulsan el cumplimiento del Acuerdo de Paz y los retos que siguen enfrentando las víctimas sobrevivientes de la violencia estatal histórica y reciente en su búsqueda de justicia.

La Caravana también encontró que la independencia del poder judicial está amenazada por la impunidad, la injerencia política de órganos de justicia y control, falta de recursos, desacato y la no implementación de las decisiones judiciales, amenazas y asesinatos de operadoras y operadores de justicia, junto con la falta de garantías y protección. Abogados y abogadas, en particular, del área de los derechos humanos, siguen enfrentando amenazas con graves consecuencias para sus familias, las víctimas que representan y la comunidad defensora de derechos humanos.

Ante este panorama, la VII Caravana formula en su informe una serie de recomendaciones al estado colombiano, comenzando por la implementación plena del Acuerdo Final de Paz, el desmantelamiento de organizaciones y actores armados ilegales responsables de ataques a la población civil y a personas defensoras ambientales y territoriales, comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, líderes sociales, abogadas y abogados defensores de derechos humanos, y la protección efectiva para estas poblaciones, y para jueces, juezas y otros operadores de justicia.

La Caravana también llama al nuevo gobierno a profundizar la reforma rural integral y resolver el problema de las economías ilícitas con enfoque étnico y de género, que involucre la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, la restitución y formalización de tierras, el reconocimiento del derecho al territorio productivo de las comunidades indígenas, afrocolombianas y campesinas, y a fortalecer la presencia y la capacidad de las entidades de justicia y los órganos de control del Estado en los territorios.

De igual manera, considera urgente fortalecer el sistema judicial para resolver los conflictos agrarios y las cuestiones relacionadas con la tierra, y garantizar el acceso a la justicia, mediante recursos financieros, humanos, técnicos para que las personas operadoras de justicia tengan condiciones laborales dignas, y puedan cumplir con sus funciones.

Para la protección efectiva de víctimas y defensores, insisten en una financiación adecuada de la reforma de la Unidad Nacional de Protección –UNP-, asistencia legal gratuita y de calidad para las víctimas del conflicto, reducir la militarización y su reemplazo con nuevas doctrinas que prioricen los derechos humanos, así como la separación de la Policía Nacional del Ministerio de Defensa.

En materia del derecho a la justicia, señalan que es necesario garantizar que las fuerzas de seguridad del Estado se abstengan de cualquier ataque a la independencia judicial, y que en general se fortalezca la seguridad y la protección de los operadores de justicia, lo que requiere investigación y sanción de ataques en su contra. Así mismo, llaman al Estado a proveer de recursos financieros, humanos y técnicos a las unidades responsables de investigar los crímenes contra personas defensoras de los derechos humanos y graves violaciones de los derechos humanos.

En relación con el funcionamiento de la JEP, la VII Caravana recomienda aumentar los recursos, asegurar el apoyo y colaboración armónica con otros entes del Estado, abordar la disparidad en el tratamiento de los casos en los que se incluye a militares y los que involucran a antiguos excombatientes de las FARC.

Sobre los órganos de control, el informe recomienda la creación de una comisión independiente que examine el riesgo de cooptación y corrupción de la Procuraduría General de la República, una reforma al sistema de selección del Fiscal General, y garantías de imparcialidad e independencia en investigaciones disciplinarias y/o penales sobre la conducta judicial.

En relación con la protección de abogadas y abogados que acompañan a víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la Caravana recomienda reconocer y valorar y condenar ataques en su contra, garantizar su ejercicio sin el temor a procesos penales o disciplinarios infundados, estigmatización, intimidación y acoso, vigilancia ilegal, robo de información sensible, detención arbitraria, daño mental y físico, desapariciones, o su asesinato y/o el de sus familiares.

Por último, la Caravana insta a Colombia a considerar e implementar las recomendaciones del Informe de la Comisión de la Verdad y las contenidas en el informe de la OACNUDH sobre Violencia Territorial y el Informe Colombia en Riesgo, así como a la implementación plena de los Principios Básicos de la ONU sobre la Función de los Abogados.

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¹ La Caravana Colombiana es una organización de derechos humanos con sede en el Reino Unido que viene organizando las delegaciones de la Caravana desde la primera, en el 2008. Las delegaciones son coordinadas junto a organizaciones de la abogacía de Colombia con las que existe una larga historia de colaboración, tales como la Asociación Colombiana de Abogados de Derechos Humanos –Acadehum-, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo -Cajar-, la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez –CCALCP-, el Colegio de Abogados de Cartagena, la Corporación Justicia y Dignidad –CJD-, la Corporación Agencia Nacional Étnica, el Equipo Jurídico Pueblos –EJP-, el Equipo Jurídico Humanitario 21 N; y el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado –MOVICE- 

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ComunicadoFinalCaravana2023F