- Pedimos que se priorice la región en nuevo macrocaso y se declaren estos hechos como crímenes de lesa humanidad
Unidades de la Tercera Brigada y de la Tercera División del Ejército Nacional de Colombia fueron responsables por acción o por omisión en 10 masacres que dejaron 93 víctimas, cometidas por grupos paramilitares entre 1999 y 2001. Es la principal conclusión que se desprende del informe Silbidos de horror: masacres en el Suroccidente colombiano (Valle del cauca y Cauca) (1999-2001), presentado por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo a la jurisdicción Especial para la Paz –JEP, el pasado 21 de marzo.
Las masacres aquí documentadas son, en el centro del Valle: El Placer, 23 de agosto de 1999, con cinco víctimas; San Pedro, 12 de septiembre de 1999, con cuatro víctimas; Barragán, 19 de diciembre de 2000, 10 víctimas; Altaflor, 24 de diciembre de 1999, cinco víctimas, y Alaska, 10 de octubre de 2001, con 24 víctimas. En el norte del Cauca: Los Recuerdos, 23 de noviembre de 2000, 12 víctimas; Canoas, 20 de diciembre de 2000, ocho víctimas, La Rejoya, 15 de enero de 2001, 10 víctimas; Gualanday, 18 de noviembre de 2001, 13 víctimas, y Guachené, 5 de mayo de 2001, cinco víctimas.
¿Quiénes fueron los responsables?
Las diez masacres fueron perpetradas directamente por grupos paramilitares de la estructura autodenominada Bloque Calima de las AUC, pero fueron posibles por al apoyo por acción y omisión que prestaron los integrantes de la Tercera División y a su vez Batallón de Artillería N.°3 “Batalla de Palacé”, Batallón de Ingenieros N.º 3 “Agustín Codazzi” y Batallón de Infantería N.º 8 “Batalla de Pichincha, de la Tercera Brigada. Igualmente, se hace referencia a algunos civiles integrantes del Estado o no, que colaboraron con la consolidación paramilitar en este territorio.
El informe -mediante el cual solicitamos a la JEP priorizar los departamentos que integran a la región Suroccidente de Colombia en la fase de concentración de información en el macro-caso a abrirse por crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública, otros agentes del Estado o en asociación con grupos paramilitares y terceros civiles- señala algunas presuntas responsabilidades que ya han sido investigadas en la justicia ordinaria, a la vez que solicita a la Jurisdicción indagar sobre la conformación completa de la plana mayor de estas unidades durante el periodo correspondiente a estos hechos y llamarla a comparecer o rendir versión voluntaria, en relación con su acción u omisión en la financiación, entrenamiento y entrega de armas e inteligencia a los grupos paramilitares para la comisión de las masacres.
Para tal fin, describe una estructura preliminar hasta ahora identificada de la cual hicieron parte:
Como comandante del Ejército, el general retirado Jorge Enrique Mora Rangel. Como comandantes de la Tercera División, los generales Rafael Horacio Ruiz y Jaime Humberto Cortez Parada. Como comandante de la Tercera Brigada el general Francisco René Pedraza y como jefe del Estado Mayor de la misma unidad, el coronel Julio Acosta Garay.
Como comandantes del Batallón Palacé, el Coronel Jorge Alberto Amor Páez y el Coronel Rafael Alfonso Hani Jiménez. Como comandante del Batallón Agustín Codazzi Julián Cardona y Elvert Vargas Castellanos –de quienes se desconoce su rango- este último comandante contraguerrilla No. 2 adscrito al Batallón Agustín Codazzi, un Capitán de apellido Franco y un Sargento de apellido Granados, integrantes de esta misma unidad.
También el Coronel Tony Alberto Vargas Petécua, comandante del batallón Pichincha, junto con el Capitán Mauricio Zambrano Castro y el cabo Antonio Castellanos, integrantes del mismo batallón.
En relación con los mandos de la Policía Nacional para la época de los hechos, se pudo establecer que los comandantes en las jurisdicciones de las distintas masacres eran: El Coronel Edgar Estupiñán, comandante de la Estación de Policía La Magdalena, el Mayor Martín Emilio Navarro y el Coronel José Benedicto Gómez Ruíz, comandante de la Estación de Policía de Buga.
Así mismo, el Teniente Jairo Darío Pedraza, comandante de Policía Del Valle, el Teniente Diego Edison Mora Muñoz, comandante de la Estación de Policía Calima el Darién, así como Carlos Ochoa Banguero, miembro de la Policía Nacional y presunto informante de los paramilitares, quien habría sido asesinado en los días previos a la masacre del Bar “Los Recuerdos”.
De igual forma, se hace mención a los terceros civiles Célimo Bedoya, alcalde del municipio de San Pedro, Guillermo Libreros, empleado de la alcaldía de San Pedro, Cauca, sobre quienes se solicita se adelante la investigación de acuerdo con que ejercieron sus cargos durante el periodo de los hechos y los exparamilitares los han señalado de colaborar con la estructura.
¿Qué tuvieron en común estas masacres?
A partir de la identificación de los elementos comunes en estas masacres, se pudo establecer que ocho de las 10 se cometieron a través de incursiones paramilitares de hasta 85 hombres armados en cercanías de jurisdicción de unidades militares del Ejército Nacional. Por ejemplo, la masacre de El Placer, perpetrada en el municipio de Buga, en donde está ubicada la base del Batallón Palacé del Ejército, o la masacre de Alaska en la que el mismo Batallón está ubicado a máximo 30 minutos del lugar de los hechos.
Las incursiones también reflejan que las autoridades civiles y de policía no reaccionaron frente a la llegada y asentamiento de los paramilitares en los municipios en los que la estas podían demorar horas, y dejar incomunicados a los municipios por medio del daño al cableado de Telecom. Esto se presenta en casos como el de la masacre de El Placer, en el municipio de Buga, donde al finalizar las atrocidades contra la población civil, los paramilitares sostuvieron un combate de por lo menos 12 horas con la guerrilla de las Farc-EP sin que el Batallón Palacé, estando en el mismo municipio, hubiera hecho presencia en el lugar de los hechos.
Igualmente, en la masacre de Los Recuerdos, en Santander de Quilichao, donde fueron asesinadas 12 personas, en el mismo municipio donde está ubicado el Batallón Pichincha en ese momento bajo la comandancia del coronel Tony Alberto Vargas Petécua, quien no reaccionó a la toma paramilitar. Otro tanto ocurrió en la incursión en Barragán implicó el secuestro por 12 horas de la población en la iglesia.
En dos de los hechos, en los que no se llevó a cabo una incursión, las masacres se desarrollaron por medio del asentamiento de retenes en la vía. Fue el caso de las masacres de La Rejoya y Gualanday. En ambos casos se cuenta con información de que los paramilitares del Bloque Calima hacían uso de guías o informantes, posiblemente suministrados por la Fuerza Pública.
También documentamos cómo los batallones Palacé, en Buga, Agustín Codazzi, en Palmira y Pichincha, en Santander de Quilichao, adscritos a la Tercera Brigada y esta a su vez a la Tercera División del Ejército, habrían incidido directamente en la conformación del Bloque Calima, llevando su responsabilidad mucho más allá de la omisión. Esto según versiones de antiguos integrantes de la estructura paramilitar que coinciden con lo descrito por la organización de derechos humanos estadounidense, Human Rights Watch, que llegó a la conclusión de que: “La Tercera Brigada es el mismo Bloque Calima”, en su informe Relaciones militares-paramilitares y la política estadounidense en Colombia de 2001.
Igualmente, se describe el conocimiento previo que tenían las autoridades de la presencia paramilitar y cómo los altos mandos de Policía y Ejército se negaban a desplegar acciones en contra del paramilitarismo y en cambio se dieron a la tarea de negar credibilidad a las denuncias que se venían haciendo sobre la llegada de los mismos a la zona, y se citan declaraciones de altos mandos militares al respecto, como la del General Jaime Humberto Cortez Parada que desestimó la existencia de grupos paramilitares en la zona y las aún más enfáticas declaraciones del Coronel Julio Acosta Garay en las que indicaba que varios factores que indicaban que la situación no era por parte de las autodefensas.
Por otra parte, el informe señala que estas masacres, tuvieron como objetivo el desplazamiento forzado y el despojo de los territorios. Esta lógica de ocupación, de la mano de la Fuerza Pública, desarrollaba la tesis de ‘sacarle el agua al pez’ como estrategia fundamental de la guerra contra la insurrección: “quitarle el apoyo campesino a la guerrilla”, afirma el informe, y añade que “bajo esta idea se dio por cimentada una relación estrecha entre el campesinado y la guerrilla que se pretendió contrarrestar forzando el desplazamiento del campesino y estableciendo que quien se quedaba en la zona ineludiblemente era ‘guerrillero de civil’ ”
A la par de esta doctrina, el documento recoge elementos de contexto histórico en el Valle como la Masacre de Trujillo, antecedente sobre el origen y expansión del paramilitarismo y sus alianzas con el narcotráfico en la región, así como la estrecha relación de los grandes emporios económicos y empresarios en el actuar delictivo de estos grupos, y cita la sentencia de Justicia y Paz donde se describe que en el origen y conformación del Bloque Calima participaron empresarios, comerciantes, y políticos de la región, sobre cuya responsabilidad no ha habido ningún avance en la justicia ordinaria.
La conclusión general de la documentación de estos hechos es que las masacres paramilitares no fueron hechos aislados que ocurrieron a algunas regiones en específico y que, por el contrario, fueron un mecanismo de consolidación del paramilitarismo a lo largo y ancho del país como parte de un plan dirigido desde la institucionalidad, que diseñó y permitió llevar a cabo una estrategia de terror para eliminar a sectores opositores del Estado y del modelo económico imperante.
Las solicitudes
Por todo lo anterior, solicitamos la priorización de los departamentos del Valle del Cauca y Cauca en el macrocaso ya mencionado, de acuerdo con el análisis macrocriminal que evidencia la identidad de los hechos con los ocurridos en otras zonas del país.
De igual manera, que se inicie el proceso de acreditación y se reconozca la calidad de víctimas a los familiares de las personas relacionadas en este informe, tanto de aquellas que fueron asesinadas, como aquellas que fueron desaparecidas y desplazadas forzadamente o víctimas de otro tipo de crímenes, e implementar todas las medidas de protección y seguridad a las que haya lugar.
Así mismo, declarar los hechos de las masacres documentadas en este informe como Crímenes de Lesa Humanidad, abrir la fase de acopio de información de la que trata el artículo 27A de la ley 1922 de 2019, y en consecuencia llamar a versiones voluntarias a los agentes estatales integrantes de la fuerza pública y los denominados terceros, en virtud de los hechos narrados en este informe.
También solicitamos que se requiera, en calidad de testigos, a los paramilitares que han reconocido su participación y aquellos de los cuales sea posible presumir su responsabilidad en los hechos objeto de este informe.
La verdad y la justicia frente al papel de la fuerza pública en el origen y la expansión del proyecto paramilitar, son fundamentales para el esclarecimiento de los hechos de competencia de la Jurisdicción Especial para la Paz –JEP- y como garantía de que hechos como los que sembraron el terror en el suroccidente colombiano y otras zonas del país, jamás se repitan.
Aquí pueden ver y descargar informe completo
Informe Suroccidente Final corregido 30322