Los páramos y su delimitación
Los páramos son ecosistemas fríos en el trópico que surgieron hace unos cinco millones de años. Se trata de espacios de alta montaña cerca de la línea ecuatorial: por eso, no solo se encuentran en Latinoamérica, sino también en África.
Más de la mitad de los páramos del mundo se encuentran en Colombia. Su protección es importante para mitigar el cambio climático y para conservar la biodiversidad. Capturan carbono, albergan especies y regulan el clima. Y sobre todo, son la fuente de buena parte del agua consumida por los colombianos, que proviene directa o indirectamente de esos ecosistemas.
Con el 1,3 por ciento del territorio, aportan el 85 por ciento del agua potable: no en vano albergan especies vegetales que absorben hasta 40 veces su peso en agua. De alguna manera, es posible decir que “cada metro cuadrado de páramo genera un litro de agua al día”[1].
La recuperación de los páramos es lenta y es difícil, pero destruirlos es muy sencillo. Son frágiles y necesitan protección.
El Estado colombiano decidió que para su adecuada gestión es necesario delimitarlos. Este es un ejercicio técnico bajo intensa disputa política donde han intervenido el gobernador de Santander, Richard Aguilar, los organismos de control, los movimientos sociales y la ministra de Ambiente. La razón: la delimitación del páramo de Santurbán, ubicado entre los Santanderes, determinará la forma como se hará con todos los demás.
Los páramos tienen protección jurídica y esa protección incluye la delimitación. De diversas maneras, están amparados por el derecho ambiental internacional, en particular por el Convenio Marco de Cambio Climático, el Convenio de Diversidad Biológica y la Convención de Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional. La Constitución colombiana incluye cláusulas ambientales aplicables a su protección y la Corte Constitucional se ha pronunciado a favor de la misma.
La Ley del Plan Nacional de Desarrollo vigente excluye ciertas actividades en estas zonas y establece que los páramos deben ser delimitados a escala 1:25.000, sobre la base de estudios técnicos. También ordena que la delimitación se adopte mediante acto administrativo y dispone que, hasta tanto no se cuente con una cartografía más detallada, se debe tener como referencia mínima el Atlas de Páramos elaborado por el Instituto Humboldt.
Por eso mismo la delimitación no es solamente una cuestión jurídica sino una herramienta compleja de la política pública, donde es preciso incluir varias formas de entender el problema.
La dimensión exacta de la cuestión
La comunidad científica ha construido una serie de criterios para identificar qué son y dónde están ubicados los páramos. Nadie ha dicho que sea fácil: es una tarea compleja que involucra muchas variables y, sobre todo, un enfoque interdisciplinario. Pero es posible y, de hecho, el Instituto Humboldt lo viene haciendo muy bien.
Para identificar los páramos hay que empezar por superar la distinción artificial entre ser humano y naturaleza, como si la actividad humana aconteciera en un vacío ecosistémico. Por el contrario, debe entenderse que la experiencia humana afecta y es afectada por el entorno natural.
Es crucial reconocer las conexiones de los ecosistemas con los sistemas socioculturales, pero también hay que aceptar que la influencia humana debe estar limitada por el equilibrio del ecosistema y su resiliencia, es decir, por la capacidad de conservar dicho equilibrio frente a los cambios.
Forzar la delimitación científica de los páramos a las fronteras de ciertas actividades económicas -es decir, “tirar la línea” más arriba o más abajo dependiendo de dónde están las minas o los títulos-, puede ser rentable políticamente, pero es un tremendo error de gestión pública.
Para saber qué hacer con los páramos, primero debemos saber oficialmente dónde están, qué extensión tienen y cuáles son sus características. Pero, ese “saber oficialmente” no puede ser artificial: debe tener en cuenta la realidad ecosistémica.
¿Por dónde debe ir la delimitación? La respuesta es simple: por dónde los estudios científicos que ha venido realizando el Estado colombiano, por medio del Instituto Humboldt, indican que están las fronteras -siempre complejas- de estos ecosistemas. La intervención insostenible que han sufrido algunos páramos no debería ser utilizada para concluir que estos se convirtieron en otra cosa o que ya no están allí.
Ahora bien, la delimitación no debe ser entendida como una línea arbitraria y de hecho, pueden ser necesarias zonas de amortiguación contiguas a los páramos.
La geografía humana de los páramos
Las comunidades que habitan los páramos son importantes para su conservación y, sobretodo, tienen derechos. De hecho, algunos enfoques sostienen que aquellas son parte de estos.
Pero una cosa son las personas que derivan su mínimo vital de estos ecosistemas y otra muy distinta, las operaciones mineras a gran escala: sus intereses económicos y la importancia jurídica de sus derechos son diferentes. Por tanto, merecen tratamientos distintos.
La comprensión de los páramos como sistemas socio-ecológicos es muy positiva, pero no debe perder de vista que la presencia humana es tan solo una variable entre muchas que condicionan la existencia de un ecosistema de este tipo.
Las medidas para preservar el equilibrio en los páramos deben ser graduales y concertadas con las comunidades. Cuando se identifiquen actividades que definitivamente ponen en peligro ese equilibrio, el Estado debe ofrecer alternativas económicas que garanticen sustento en condiciones dignas.
Es cierto que la minería no es la única actividad que afecta negativamente los páramos. El uso de pesticidas y la ganadería también lo hacen. Sin embargo, hay razones para pensar que la actividad minera a gran escala tiene efectos mucho más severos, difíciles de gestionar y revertir.
Además, en Santurbán parece ser más riesgosa: la actividad sísmica en zonas aledañas es alta y eso puede afectar las infraestructuras de contención de residuos peligrosos de la minería, con daños potenciales de alcance desconocido.
Un páramo es un páramo
Algunas voces piden participación de las comunidades que dependen de la minería en Santurbán y zonas aledañas en el proceso de delimitación. Eso está bien. Además, las poblaciones que obtienen agua potable de ese sistema en las zonas bajas –con toda probabilidad, más numerosas- también deben ser invitadas a participar. El derecho al agua es tan fundamental como el derecho al trabajo y no hay razones para discriminar entre los afectados.
En resumen, el componente social de los estudios técnicos no debe ser un insumo para ignorar los parámetros de la ecología y decir, por ejemplo, que un páramo dónde hay oro no es páramo porque se quiere explotar el mineral, aunque esté rebosante de agua y lleno de frailejones.
Antes bien, debe servir para entender las necesidades, las prácticas culturales y los sistemas de conocimiento desarrollados por las comunidades que los habitan, con el propósito de conservar el equilibrio ecosistémico y elevar el bienestar de la población, tanto la que allí vive como la que bebe aguas abajo.
Dejemos que los científicos delimiten los ecosistemas colombianos: un páramo es un páramo. Adoptemos jurídicamente esa delimitación. Luego, será bienvenida la discusión política sobre cómo queremos ordenarlos.
Investigador asociado del Grupo Política y Legislación en Biodiversidad, Conocimiento Tradicional y Acceso a Recursos Genéticos PLEBIO, Instituto de Genética, Universidad Nacional de Colombia.
[1] http://nuevoportal.corantioquia.gov.co/Enlaces
