Entre los detenidos se encuentra Heiler Lamprea Florez, de 26 años, estudiante de Licenciatura en Filosofía. Representante ante el Consejo Superior de la Universidad Pedagógica Nacional. Es parte del Proceso Nacional Identidad Estudiantil y del Congreso de los Pueblos desde el año 2010. En la actualidad participa del 4º curso nacional de la Escuela de Formación de Referentes Colectivos; espacio en el cual se ha caracterizado por su liderazgo y trayectoria en la defensa de la educación pública, la paz y los derechos humanos. Heiler, ha desarrollado trabajo de acompañamiento barrial-comunitario en colegios de Suba promoviendo el acceso gratuito a la educación superior pública y de calidad. Desde su papel como representante estudiantil, ha impulsado el espacio institucional de Diálogos UPN, que tienen como objetivo la discusión sobre el papel de la universidad en la construcción de paz.

Este accionar de las autoridades es lo que se conoce como “falsos positivos judiciales” que son sistemáticos montajes judiciales contra dirigentes del movimiento social y población civil en general en el afán de mostrar resultados. Según datos del Comité de Solidaridad con Presos Políticos, estos “falsos positivos judiciales” han representado más de 13.000 demandas administrativas al Estado por errores judiciales, lo que compromete cerca de 27 billones de pesos del presupuesto nacional. Demostrando que existe una estigmatización hacia el ejercicio del movimiento social lo que conlleva a detonar amenazas de grupos paramilitares hacia los y las dirigentes sociales. Cabe resaltar que varias de las personas detenidas este 8 de julio en Bogotá fueron amenazadas previamente por grupos paramilitares frente a lo cual no se conoce el avance de investigaciones y resolución de justicia.

Frente a estos hechos solicitamos al gobierno nacional garantías para el ejercicio político, respeto al debido proceso y presunción de inocencia; en tanto el manejo dado por los medios de comunicación y los pronunciamientos hechos desde la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación emiten una condena anticipada al vincular públicamente a las personas detenidas con organizaciones insurgentes. En el mismo sentido, exigimos respeto por el principio de independencia judicial y que cese la criminalización hacia el movimiento social.

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