París, Bogotá, 10 de setiembre de 2019.- La FIDH expresa su preocupación por el anuncio del pasado 29 de agosto de algunos ex comandantes de las FARC-EP de retornar a la lucha armada, y la respuesta del presidente de la Republica Iván Duque Márquez y el partido de gobierno de incrementar las operaciones bélicas y desmontar lo pactado en el Acuerdo de Paz.

París, Bogotá, 10 de setiembre de 2019.- La FIDH expresa su preocupación por el anuncio del pasado 29 de agosto de algunos ex comandantes de las FARC-EP de retornar a la lucha armada, y la respuesta del presidente de la Republica Iván Duque Márquez y el partido de gobierno de incrementar las operaciones bélicas y desmontar lo pactado en el Acuerdo de Paz.

Preocupa que, en medio del lenguaje bélico y el anuncio de intensificar acciones de combate, en los últimos días ya se han presentado muertes y amenazas, especialmente de personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos. Así, se han registrado por lo menos seis asesinatos de candidatos y candidatas a las primeras elecciones locales realizadas tras la firma del Acuerdo, al tiempo que se volvieron a dar muertes en combate de integrantes de la fuerza pública. A esto se suma al asesinato de más de 700 líderes y lideresas sociales desde la firma del Acuerdo.

La FIDH insta al Estado colombiano, con la veeduría de los países e instituciones garantes, a cumplir integralmente el Acuerdo Final de Paz como garantía de no repetición y gesto de confianza para los excombatientes y todas las organizaciones y personas de la sociedad civil que guardan la esperanza de vivir en un país en paz.

Por otra parte, la FIDH insta a Iván Márquez y los excombatientes que lo acompañan a retroceder en su decisión de regresar a las armas. Esta decisión y los llamados gubernamentales de retorno a la guerra solo van a originar nuevas víctimas y profundizará la situación de desprotección de las regiones más afectadas por la violencia, con consecuencias desproporcionadas para las mujeres, comunidades indígenas, afrodescendientes y jóvenes que sin alternativas se verán forzados a volver a la guerra.

Recordamos que hasta el 90% de los excombatientes han manifestado su interés de someterse a la JEP y aportar a la realización de los derechos de las víctimas. Pese a esto, el proceso se encuentra en riesgo pues el Estado no está garantizando condiciones básicas (salud, infraestructura, alimentación) de permanencia y reincorporación en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR´s), ni la vida misma de excombatientes, dado que a la fecha se han registrado más de 140 homicidios y de 35 de sus familiares.

El narcotráfico es uno de los factores que alimenta el conflicto en los territorios, y en especial en regiones como el Catatumbo, norte del Cauca, bajo Cauca y Nariño, entre otras, y donde se evidencia la presencia de carteles mexicanos financiando grupos ilegales que operan ampliamente, a pesar de la fuerte presencia de la Fuerza Pública.

El punto 4 del Acuerdo de Paz cuenta con herramientas muy valiosas para superar definitivamente el problema de las drogas, como los programas de sustitución voluntaria con las comunidades -PNIS, y los planes integrales de sustitución y desarrollo alternativo -PISDAS, pero también el enfoque de salud pública en relación con el consumo, y el diálogo entre países consumidores y productores para la persecución trasnacional al narcotráfico y el lavado de activos.

A la fecha 99.097 familias participan en el programa de sustitución de cultivos de uso ilícito y hay otras 30.000 pendientes de firmar acuerdos individuales. El cumplimiento de los compromisos del Estado con estas familias contribuiría de manera significativa a romper los lazos de las comunidades con estas economías ilícitas. Esto debe ir acompañado de protección integral para líderes y lideresas que promueven los PNIS en sus territorios, quienes han sido principales víctimas de homicidios.

El Estado colombiano no debe abandonar la búsqueda de la salida negociada al conflicto armado interno y la construcción de la paz duradera y sostenible, así como impulsar políticas de sometimiento a la justicia de grupos ilegales con respeto a los derechos de las víctimas. Urge que la Comisión Nacional de Garantías de seguridad avance en el diseño la política pública de desmonte del paramilitarismo y que en los territorios se suscriban acuerdos humanitarios para la protección de la población civil.

Llamamos a la comunidad internacional a insistir con el cumplimiento integral de todos los compromisos pactados en el Acuerdo Final de Paz frente al Estado colombiano, especialmente a los países e instituciones garantes.