Las mujeres han exigido que se les garantice el acompañamiento psicosocial durante todo el proceso y han construido una propuesta de campamento permanente, adecuado para que puedan estar allí diariamente unas diez personas entre víctimas y psicólogos, donde pueda adelantarse, además de la labor de veeduría, un trabajo de memoria. Explican que se trata no solo de recoger los relatos individuales de las víctimas, sino de la reconstrucción de la memoria colectiva de la Comuna 13 y lo que ésta ha significado para la vida de la ciudad entera.
Es miércoles 15 de julio. En el búnker de la Fiscalía, unas quince cámaras fotográficas y de grabación con sus respectivos flashes apuntan los rostros de Luz Ángela, Margarita, Alejandra, Gladys y Luz Elena, todas ellas integrantes de la organización Mujeres Caminando por la Verdad. Expuestas al asedio de los periodistas, ellas comparten sentimientos encontrados de cara al anuncio que después de trece años de lucha por el esclarecimiento de la verdad de los crímenes y violaciones de derechos humanos, ocurridos en la Comuna 13 durante las operaciones militares y paramilitares en el 2001 y 2002, la Fiscalía y la Alcaldía de Medellín iniciarán un proceso de excavación y búsqueda de cuerpos en el sector de la Escombrera (en límites entre la comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal).
Por una parte las embarga la emoción y la certeza de que nada de esto sería posible sin las innumerables acciones políticas, jurídicas y de movilización que han emprendido durante años exigiendo verdad y justicia; de otro lado, la ansiedad y la ilusión de poder encontrar a sus familiares desaparecidos, una ilusión que se manifiesta también con dolor en voces entrecortadas que se debaten entre la expectativa y la tristeza, pues encontrar a sus seres queridos bajo una montaña de escombros es su última esperanza.
Entre tanto, la directora de articulación de las fiscalías especializadas a nivel nacional, Caterina Hayck, anunciaba que durante el proceso se removerán aproximadamente 24.000 metros cúbicos de tierra en un área de 3.700 m2. Esto es apenas el primero de tres polígonos (áreas) en las que se presume hay enterradas cientos de personas y que constituyen hoy lo que ella misma describe como “la fosa común más grande del mundo”.
Alejandra recuerda que durante años han recogido versiones de habitantes cercanos al sector, que mencionan carros en la noche descargando cadáveres, movimientos extraños y personas cavando su propia fosa antes de ser asesinadas. Sin embargo, según explica Adriana Arboleda, abogada de la Corporación Jurídica Libertad, que es la representante de las víctimas, existen dos versiones en las que se basan las autoridades para iniciar el proceso de búsqueda: la versión de un exintegrante del bloque Cacique Nutibara (alias “Móvil 8”), quien señaló tres puntos de la escombrera en los que habrían enterrado cadáveres, y una versión de Diego Fernando Murillo Bejarano (alias Don Berna) en la que, sin mayores detalles, reconoce que puede haber unas trescientas personas enterradas allí.
Según la abogada, aún no se ha hecho ninguna investigación y una de las exigencias por parte de las víctimas de la 13 es que el proceso vaya más allá de la búsqueda y exhumación “de huesos”, que haya un proceso de búsqueda integral que incluya todas las acciones necesarias que conlleven al esclarecimiento de los hechos. Es necesario determinar exactamente el número de personas desaparecidas, tomar declaraciones, buscar a los familiares, y que haya un fiscal que coordine todos los casos, pues los procesos penales adelantados hasta hoy se encuentran dispersos y hay muchos en los que no se ha adelantado investigación alguna.
Además, dice, no es cierto que los desmovilizados del Bloque Cacique Nutibara, incluido don Berna, hayan contribuido a la verdad. Asegura que existen muchos aspectos que deben ser tenidos en cuenta, como la sistematicidad de los casos, el hecho de que todas esas desapariciones y violaciones a los derechos humanos se dieran en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática y hay responsabilidades de autoridades civiles y militares que deben ser esclarecidas y sancionadas.
Adriana destaca que este es un proceso liderado por las víctimas, y el protagonismo de las mujeres evidencia que las víctimas más que objetos de atención, son sujetos políticos que reivindican sus derechos y que piden garantías concretas de reparación y no repetición.
En ese sentido, Luz Elena valora el hecho de que por fin la Fiscalía las haya escuchado, pues ha sido un proceso de trece años de lucha y resistencia frente a la negligencia de un Estado que nunca mostró interés en que se supiera todo lo que ocurrió en la comuna 13. Recuerda cómo ella y sus compañeras, venciendo el miedo y el dolor, realizaron actos simbólicos tales como una vigilia en el barrio Eduardo Santos, en medio de la más recia paramilitarización. También recuerda cómo, cuando se hizo la extradición de alias “don Berna”, interpusieron una queja ante la fiscalía de EEUU pidiendo respeto por los derechos de las víctimas, lo que permitió que don Berna reconociera lo que había pasado en la operación Orión y la participación de los paramilitares en los operativos militares. En 2012 crearon una Comisión de Esclarecimiento que en buena medida contribuyó a que hoy la excavación sea un hecho.
Entre las garantías que las mujeres piden para el desarrollo del proceso, Margarita resalta la importancia de que las excavaciones se extiendan a los otros perímetros señalados dentro y fuera de la escombrera en los que se presume pueden haber cuerpos enterrados. Y que se cierre de inmediato la escombrera del Salado, que aún continúa activa pese a la insistencia de las víctimas.
Carlos Fidel Villamil, director nacional de Justicia Transicional (antes, Justicia y Paz), declaró que durante los últimos siete años se han descubierto 4.649 fosas comunes en el país, de las cuales 803 están en Antioquia, y que de 1.023 cuerpos encontrados en Antioquia, solo 547 han podido ser identificados y entregados a sus familiares. Ante este relato, Margarita cuenta que otra de las exigencias de las víctimas es que una vez se hagan exhumaciones, se proceda con la mayor celeridad a la identificación y entrega de los restos a sus seres queridos para evitar así profundizar el daño sufrido.
Alejandra, que tiene 26 años y a su padre y a su hermano desaparecidos desde hace trece y nueve años respectivamente, explica la importancia de poder realizar el duelo: “Aunque es triste pensar en recibir a nuestros familiares en una caja, para nosotros es la posibilidad de darles sepultura de acuerdo a las creencias de cada familia, y de hacer el duelo, porque hasta ahora tenemos el duelo abierto. No sabemos si están allí o no, si están vivos, si so
n indigentes; eso mantiene nuestro duelo abierto”.
Las mujeres han exigido que se les garantice el acompañamiento psicosocial durante todo el proceso y han construido una propuesta de campamento permanente, adecuado para que puedan estar allí diariamente unas diez personas entre víctimas y psicólogos, donde pueda adelantarse, además de la labor de veeduría, un trabajo de memoria. Explican que se trata no solo de recoger los relatos individuales de las víctimas, sino de la reconstrucción de la memoria colectiva de la Comuna 13 y lo que ésta ha significado para la vida de la ciudad entera.
Finalmente, hacen la invitación a las organizaciones sociales y medios de comunicación de la ciudad para que acompañen el acto de apertura del proceso este 27 de julio desde las horas de la mañana.