La guerra pasa y las minas quedan. Los indígenas del Norte del Cauca, con su campaña de limpieza de la tierra que alcanzó su punto más elevado en 2012 con la exigencia de retiro de sus territorios de todos los actores armados, demostraron que la guerra es un síntoma grave de enfermedad de la sociedad y que era necesario realizar una campaña de limpieza de la tierra. También para la sociedad mayoritaria es la hora de descontaminar los territorios y las mentalidades.
En noviembre de 2015, se anunciaron los ganadores del Premio Nacional de Paz, que en la categoría personajes, fue otorgado al general Rafael Colón, por su papel al frente de la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersona-Daicma-, que tiene como función principal limpiar los territorios que puedan estar afectados por este tipo de armas no convencionales.
El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo saluda tanto a las personas como a los grupos y comunidades ganadoras de este galardón. En el caso del general Colón señala lo justo y merecido de este reconocimiento, que además de los méritos personales del galardonado, en realidad refleja la labor conjunta del programa de desminado, especialmente el que se adelanta de consuno con las Farc-ep y la Ayuda Popular Noruega, que tiene como programa piloto el que se desarrolla en la vereda El Orejón del municipio de Briceño en el departamento de Antioquia.
Por primera vez en la historia del país, en el territorio nacional, sin que aún hay terminado el conflicto armado y sin cese bilateral del fuegos, se observa un gran ejemplo de convivencia y trabajo conjunto entre miembros de la insurgencia y del ejército que en tiempos no muy lejanos se batían en los campos de batalla. Ahora, en esa región comparten y se reconocen como hermanos, hijos de un mismo pueblo, empeñados a contribuir a limpiar la tierra y ayudar a una siembra definitiva de la paz de la mano con las comunidades.
Y es que la tarea que apenas comienza es titánica. Son 673 los municipios afectados por la presencia no solamente de las minas antipersonales sino también de municiones sin detonar, dejados por los diferentes actores armados, tales como granadas, otros artefactos explosivos, proyectiles de mortero, bombas arrojadas desde avionesque no estallaron y restos explosivos de guerra en general. De acuerdo a los datos oficiales, cuyos registros se llevan desde 1990, tales elementos han producido 11.200 víctimas, de las cuales el 60% son miembros de la fuerza pública.
En esa zona están dadas las condiciones para unir los tres primeros puntos de losdiálogos en que ha habido acuerdos alcanzados: – desarrollo rural (necesitan vías, asistencia técnica, escuela, proyectos productivos; – participación ciudadana porque la comunidad está integrada al proyecto de desminado y: erradicación de cultivos de uso ilícito porque hay muchas hectáreas con coca.
Además del compromiso y voluntad política de gobierno, insurgencia y comunidad, es indispensable la coordinación interinstitucional y unir el desminado a otras tres políticas que van de la mano: la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito y el retorno en condiciones dignas y seguras de la población desplazada.
Así se ha establecido en los encuentros con la comunidad en balance hecho recientemente con la participación no solamente de los actores involucrados, sino también de dos de los países garantes de los diálogos de paz, Cuba y Noruega.
Los encuentros han permitido recoger las iniciativas de la comunidad y de sus opiniones entre las que se resaltan las quejas por los negativos efectos ecológicos y sociales de la construcción de la represa de Hidroituango por parte de las Empresas Públicas de Medellín, las inquietudes por la gran minería que precisamente asoma sus orejas en inmediaciones de la vereda mediante la concesión de una extensión considerable a una multinacional para la explotación de oroy la tolerancia de las autoridades con la presencia de grupos paramilitares en la zona que han sembrado riesgos para el proyecto de desminado.
De todos modos, esta experiencia es una muestra de la importancia de la participación activa de las comunidades como aspecto decisivo para superar las desigualdades sociales y exigir políticas estatales en beneficio de la población rural más deprimida.
En momentos en que los acuerdos de paz parecen estar llegando al punto de no retorno se necesita ampliar el programa de desminado, a otras zonas del país, lo que a su vez va de la mano con el cese del fuego bilateral que cada vez se muestra más necesario y viable.
El laboratorio de El Orejón ha demostrado que es posible la convivencia y colaboración entre compatriotas en aras de un objetivo común.
La guerra pasa y las minas quedan. Los indígenas del Norte del Cauca, con su campaña de limpieza de la tierra que alcanzó su punto más elevado en 2012 con la exigencia de retiro de sus territorios de todos los actores armados, demostraron que la guerra es un síntoma grave de enfermedad de la sociedad y que era necesario realizar una campaña de limpieza de la tierra. También para la sociedad mayoritaria es la hora de descontaminar los territorios y las mentalidades.
El desminado debe ser un paso hacia una sociedad con amplia democracia y justicia social, que pague su deuda con el campesinado y con el medio ambiente, en programas con amplia inclusión y participación que contribuyan a dejar atrás la militarización del país y a afianzar la democracia.