Por estas y otras razones que expondremos, el presente SOS por la Paz, la Vida y las Garantías de No Repetición, insistimos en señalar la responsabilidad estatal en la reactivación de la violencia en los territorios y la grave crisis humanitaria que de ella se deriva. Esto sin señalar las reformas regresivas en materia social que se vienen gestando desde el actual gobierno que han generado la reacción del movimiento sindical en su llamado a la movilización el próximo 21 de noviembre.
La tragedia del Norte del Cauca ha volcado a la sociedad civil y a los medios de comunicación en solidaridad con el Pueblo Nasa. Hace apenas un mes, lanzamos un SOS Especial dedicado al departamento, en el marco del Encuentro Nacional de la Guardia Indígena, donde señalábamos 35 hechos violentos en dos meses, cifra que ascendió para el presente SOS a 51, hechos, es decir uno cada dos días. Posteriormente al encuentro de la Guardia, la violencia siguió recrudeciéndose y se presentaron dos masacres –en Tacueyó y Corinto- que dejaron 9 víctimas, además de los asesinatos selectivos que se siguen cometiendo en particular en la zona norte del Cauca.
Los análisis sobre la situación apuntan a entender esta dinámica de recrudecimiento de la guerra desde la perspectiva de una subregión estratégica para el megaproyecto narcotraficante, pero la realidad de las comunidades, los territorios y las organizaciones de derechos humanos señalan que también hay intereses de otros megaproyectos amparados en la legalidad como la caña de azúcar, la megaminería y los hidrocarburos que han convertido al Cauca en territorio en disputa y a sus comunidades en blanco de ataques de los más diversos actores, pero con una clara responsabilidad de la fuerza pública, tanto por acción como por omisión, tal y como lo señala el Consejo Regional Indígena del Cauca en su reciente editorial publicado a raíz de la masacre de Tacueyó.
Es así como vuelve a estar en el centro el tema de la tierra y sus usos, así como la implementación del Acuerdo de Paz en lo concerniente a los cultivos de uso ilícito y de la reforma rural integral, en esa guerra que libra la Guardia Indígena del Cauca con bastones de mando y que le sale al paso a mafias conformadas por grupos ilegales pero que también involucran a integrantes de la fuerza pública en actividades de extorsión, como lo denuncian los pueblos indígenas y las comunidades.
Es por ello que el escalamiento de la militarización de los territorios sólo contribuye a gravar el problema cuyas soluciones están planteadas en la Constitución Política y los Acuerdos de Paz. El orden público están hoy en grave riesgo por la terquedad de insistir en la fórmula fracasada de la guerra.
Este retroceso que ha conducido a una nueva crisis humanitaria también se ejemplifica en el reciente escándalo que desembocó en la renuncia del Ministro de Defensa -dejando intacta la cúpula militar- por el bombardeo realizado en Caquetá en el mes de julio de este año, y en el cual cayeron como víctimas al menos ocho niños y niñas, aunque la cifra podría llegar a 18, según recientes revelaciones periodísticas de Noticias UNO.
Antes de eso, también la Revista Semana reveló que el asesinato de Dimar Torres, excombatiente de la guerrilla de las Farc, no tuvo que ver con un forcejeo o con una disputa con miembros de la fuerza pública, como este sostuvo recién ocurridos los hechos, sino que se trató de una persecución y un asesinato premeditados y planeados en un chat de whatsapp por miembros del batallón de Operaciones Terrestres N° 11, adscrito a la Fuerza de Tarea Vulcano, en Convención, Norte de Santander.
Ante la denuncia queda el interrogante de cuántos excombatientes han sido atacados en escenarios similares, dentro del exterminio sistemático y generalizado de quienes le apostaron a la construcción de un proyecto de vida en paz y que ha cobrado la vida de 168 de ellos y ellas desde la firma del Acuerdo de Paz. A la fecha del presente SOS. Por ello no sorprende que desde la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz en donde participa el partido FARC-EP a través de Centro de Pensamiento y Diálogo Político y Gentes del Común, asocie su gestión con la tendencia a la perfidia.
Otra muestra del a crisis que atraviesa la implementación ha sido el cambio de enfoque de algunos de sus instrumentos principales como es el caso de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial –PDET que fueron sustituidos en el plan de gobierno de Duque por las Zonas Estratégicas de Intervención Integral -ZEII, en donde el énfasis en el desarrollo rural en las zonas más afectadas por el conflicto, pasó a convertirse en un plan enfocado en la seguridad y control territorial por medio del incremento de la fuerza pública. Tampoco se están implementando los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito ni las estrategias que priorizan la atención a las víctimas.
Por estas y otras razones que expondremos, el presente SOS por la Paz, la Vida y las Garantías de No Repetición, insistimos en señalar la responsabilidad estatal en la reactivación de la violencia en los territorios y la grave crisis humanitaria que de ella se deriva. Esto sin señalar las reformas regresivas en materia social que se vienen gestando desde el actual gobierno que han generado la reacción del movimiento sindical en su llamado a la movilización el próximo 21 de noviembre.
En este contexto, analizamos los hechos registrados en el último trimestre, -entre el 1 de agosto y el 1 de noviembre de 2019- en el cual hemos registrado 163 hechos victimizantes, 46 más que en el período anterior comprendido entre el 1 de mayo y el 1 de julio del 2019.
Por tipos de violaciones a los derechos humanos, registramos 53 denuncias por homicidio con 73 víctimas, 27 denuncias por amenazas con al menos 92 víctimas individuales y colectivas, 36 denuncias por abusos de la fuerza pública que dejaron al menos 1583 víctimas entre las que se encuentran 1500 personas pertenecientes al pueblo Sikuani, mestizos y afro que realizaban la toma pacífica de un terreno en Mapiripán, Meta agredidas por la fuerza pública; 21 denuncias sobre atentados con al menos 31 víctimas individuales y colectivas como en el caso del bus donde se movilizaban personas del resguardo indígena, o los atentados a las sedes del Partido Farc, y del Partico Comunista y la UP.
También recibimos 8 denuncias por hechos de hostigamiento que dejaron al menos 30 víctimas, 4 denuncias por presencia paramilitar, 6 denuncias por infracciones al Derecho Internacional Humanitario –DIH con hechos como enfrentamientos entre grupos armados en Suárez y Toribío, Cauca, dos menores heridos con minas antipersona en San Calixto Norte de Santander y las al menos 8 niñas, niños y adolescentes que habrían muerto como consecuencia del bombardeo en Caquetá y que registramos dentro del presente periodo al haberse divulgado esta denuncia recientemente. También recibimos 8 denuncias de otro tipo de hechos en los que se encuentran desplazamientos forzados, la desaparición de un dirigente de Ascamcat, el secuestro de un candidato a la Alcaldía de Alto Baudó, Chocó, por parte del ELN y los señalamientos contra el Defensor de Derechos Humanos Danilo Rueda por una mujer que se presentó como fiscal, en medio de una reunión de personas desplazadas en Turbo, Antioquia.
Por departamento, el mayor número de denuncias provinieron de Cauca con 45 hechos seguido por Bogotá con 20 hechos, Antioquia con 13 hechos, Caquetá con 10 hechos, Nariño con 8 hechos, Chocó y Putumayo con 7 hechos, Valle del Cauca y Meta con 6 hechos, Norte de Santander con 5 hechos, y el resto de los 25 departamentos que registramos con denuncias inferiores a 5 hechos, como Córdoba, Atlántico, Arauca, La Guajira con 4 hechos, Bolívar y Sucre con 3 hechos.
El suroccidente y los pueblos indígenas en la primera línea de la violencia de los actores armados legales e ilegales.
Tal y como lo alertamos en el SOS Especial sobre el departamento del Cauca, este sigue siendo el que presenta mayor número de denuncias sobre violaciones a los derechos humanos del suroccidente del país. En este periodo registramos un total de 20 denuncias por homicidio que dejaron 33 víctimas, 10 amenazas que dejaron 27 víctimas, 7 atentados con 14 víctimas, 4 por abuso de la fuerza pública con 4 víctimas, 2 denuncias por infracciones al derecho internacional humanitario, 1 d por hechos de hostigamiento y 1 denuncia de presencia paramilitar.
Por otra parte, de Bogotá registramos 4 denuncias por atentados, 3 por amenazas, 1 denuncia por hostigamiento y 11 denuncias por abuso de la fuerza pública. De Antioquia registramos 5 denuncias por homicidio, 2 atentados, 1 denuncia por amenaza, 4 denuncias por hostigamiento y 2 por abuso de la fuerza pública. De Caquetá registramos 5 denuncias por homicidio, 2 denuncias por abuso de la fuerza pública, 2 infracciones al DIH y 1 denuncia por desplazamiento que afectó a 17 familias.
Uno de los hechos más graves recayó sobre los jóvenes Omar Guasaquillo y Diego Alexis Vega, quienes fueron atacados por miembros del Batallón de Infantería Pichincha del Ejercito Nacional, en Jamundí, Valle del Cauca. Aunque los hechos aún están siendo investigados, las denuncias señalan que los militares le dispararon a pesar de haber manifestado múltiples veces que se encontraban desarmados y que vivían cerca a aquel lugar.
En Barbacoas, Nariño, Lilia Patricia García, Secretaria del Cabildo del Resguardo Indígena Awá de Watsalpí, fue asesinada por sicarios. Aunque no contaba con amenazas al momento del ataque, ya había sido víctima de la violencia. En 2015 su hijo de 15 años fue asesinado en un intento frustrado de ser reclutado por el grupo paramilitar Los Rastrojos. Ante su muerte la comunidad denuncia que su trabajo continua en vilo, pues las autoridades no han atendido las solicitudes de constitución de un resguardo indígena en su territorio.
Así mismo, continúan las amenazas por medio de panfletos han intentado silenciar a organizaciones políticas y sociales en el Valle del Cauca. Registramos varios casos en donde por medio de panfletos reivindicados por las Águilas Negras se amenazan distintos movimientos sociales y políticos, entre los cuales se encuentran, por ejemplo, Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca-ASTRACAVA y Colombia Humana, Unión Patriótica, Polo Democrático, SINTRAUNICOL, FESTRALVA, SINTRACUAVALLE , entre otras.
Resultados electorales: Rupturas, continuidades y panorama de violencia previa
Los resultados electorales fueron un golpe al partido de gobierno en los poderes locales, según múltiples análisis que le apuntan a un desgaste en las banderas del uribismo vigentes en la casa de Nariño. No obstantes los importantes avances de propuestas más proclives a la paz y los derechos humanos en Bogotá, Medellín y Cali, una revisión más exhaustiva del nuevo mapa del poder local, apunta a una victoria mayoritaria de partidos tradicionales camuflados en coaliciones con convergencia de intereses.
Según datos de la Registraduría cruzados con análisis de las coaliciones realizado por la revista Semana, encontramos que, de 32 gobernaciones, 24 fueron ganadas por coaliciones de las cuales cuatro representan fuerzas alternativas o progresistas con cerca del 14% de los votos. Esto no descarta que en algunas de las otras 28 gobernaciones haya expresiones políticas proclives al Acuerdo de Paz, cuya agenda económica guarda coherencia con la del partido de gobierno, lo que señala que será la vía de la movilización social la que siga prevaleciendo para la exigibilidad de los derechos sociales.
La jornada estuvo precedida por amenazas y atentados contra candidatos y sedes políticas de propuestas en general alternativas.
Para el presente SOS recibimos 23 denuncias de hechos asociados a violencia electoral, los cuales no solo recayeron sobre los y las aspirantes, sino también sobre familiares, colaboradores y colectividades. 4 denuncias por homicidio en donde hubo 9 víctimas, 8 denuncias por atentados en donde hubo al menos 10 víctimas, 7 denuncias por amenazas en donde hubo al menos 9 víctimas, 1 denuncia por hostigamiento, 1 denuncia por abusos de la fuerza pública y 1 por secuestro.
Uno de los casos más notorios fue el asesinato de Karina García, aspirante a la alcaldía de Suarez por el Partido Liberal, y cinco de sus acompañantes, entre los cuales se encontraba su madre. Aunque los hechos aún son investigados, el crimen ha sido atribuido a disidencias de las FARC.
Otro grave hecho fue el ataque a la candidata Yolanda Gonzáles García, candidata del Partido ASI, por miembros del Ejército Nacional. Aunque los hechos aún no han sido esclarecidos, la candidata relata que los soldados habrían disparado a pesar de que el conductor del vehículo en el que se movilizaba, incluso luego de haberse identificado como miembro de la Unidad Nacional de Protección.
Así mismo, registramos denuncias de amenazas a Carlos Redondo, candidato a la alcaldía de Coveñas por el Partido Verde, le dejaron en la puerta de su vivienda un paquete envuelto en bolsas de basura en forma de cadáver con un letrero que decía “sapo”. A Nohora Stella Tovar Manrique, aspirante a la alcaldía de Andalucía por la coalición Colombia Humana UP, le llego a la puerta de su vivienda un ramo de flores mortuorias . A Tulio Mosquera Asprilla, candidato a la alcaldía de Alto Baudó por el Partido Liberal, lo secuestró el Ejército de Liberación Nacional -ELN cuyo paradero sigue siendo desconocido.
Las instalaciones del Partido Comunista Colombiano, Unión Patriótica y Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común – FARC fueron asaltadas por atacantes que dejaron un martillo, un aerosol de pintura negra y una nota con un símbolo asociado a las SS alemanas y la palabra “regresamos”.
Excombatientes y líderes sociales: Sin garantías no hay política pública
Luego del anuncio del envío de 2500 integrantes más del Ejército al departamento del Cauca las plataformas de derechos humanos de no seguir participando en la concertación de una política pública de garantías para los derechos humanos, que pierde todo sustento ante la insistencia en el enfoque militarista que este gobierno insiste en darle a la protección de la vida de líderes y lideresas sociales.
Entre tanto, tampoco se ha implementado el decreto 660 de 2018 en donde establece el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios ni la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, pactada en el numeral 3.4 del Acuerdo de La Habana. Sin contar con el hecho de que el gobierno desaprovechó la oportunidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, en donde hay instrumentos para la protección de liderazgos asociados a la protección ambiental y territorial.
En este contexto, registramos en el presente SOS 71 denuncias con 190 víctimas de distintas agresiones contra defensoras y defensores, 43 de ellas y ellos fueron víctimas de homicidio, 39 de amenazas, 76 de desplazamiento, 18 de atentados, 6 de abuso de la fuerza pública, 5 de hostigamientos y 1 de secuestro. Estos sin contar con aspirantes a cargos de elección popular, que analizamos más adelante.
Algunos de los casos más graves registrados en el periodo fueron el asesinato de la lideresa wayuu Oneida Epieyú y a su familia mientras que almorzaban en un restaurante de la Avenida Los Estudiantes en Riohacha, el homicidio de José Manuel Pana Epieyú, miembro de la Junta Autónoma Mayor de Palabreros por los Derechos Humanos y autoridad tradicional de Karaquita, destacado promotor de la paz; Constantino Ramírez, de Irama Móvil Gámez lideresa wayuu y aspirante al Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira.
Por otra parte, Rodrigo Londoño presidente del partido Fuerza Alternativa del Común, Farc, denunció que desde la firma del Acuerdo de Paz 168 exguerrilleros han sido asesinados, 88 en el gobierno de Iván Duque. Recibimos 8 denuncias de homicidio y 1 un atentado ocurridos en los últimos 90 días.
El caso más alarmante fue del asesinato, dentro del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación-ETCR Mariana Páez ubicado en Mesetas, Meta, de Alexander Parra, reconocido Consejero de Reincorporación atacado por desconocidos encapuchados que entraron a su casa y le dispararon hasta quitarle la vida.
También en Cúcuta, Norte de Santander, fueron atacados por desconocidos Milton Urrutia Mora, José Milton Peña Pineda y Arsenio Maldonado. Los dos primeros lamentablemente perdieron la vida y el último quedó gravemente herido por las heridas. En hechos similares, Jhon Arley Cañas Piedrahita fue atacado en su casa en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán, en desconocidos entraron a la fuerza y le dispararon quitándole la vida. Al igual que las otras víctimas no contaba con amenazas previas a los hechos.
Abuso de la fuerza pública: La respuesta a la movilización estudiantil
En el período que abarca este informe las protestas estudiantiles han sido frecuentes y la comunidad universitaria ha denunciado tanto hechos de corrupción dentro de sus instituciones como los abusos de la fuerza pública en el control de las manifestaciones. De esa manera, registramos 18 denuncias de abusos de la fuerza pública que tuvieron lugar en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Santander y Risaralda, en donde no es posible establecer la cantidad de personas afectadas en cada una de las lamentables situaciones.
Diego Hernández, estudiante de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, fue impactado en su ojo izquierdo por una bala de goma disparada por el ESMAD en la manifestación del 10 de octubre, en donde ningún miembro de la fuerza pública le prestó auxilio. Además, tuvo que ir gravemente afectado por varios centros de salud para que le atendieran, en donde finalmente lograron salvar su ojo por medio de una compleja intervención que condicionará drásticamente sus actividades.
En una situación similar, Juan Guerrero Rubiano, estudiante de la Universidad Distrital, fue impactado en uno de sus ojos por un gas lanzado por el ESMAD mientras que acompañaba uno de los plantones en solidaridad por los abusos de la fuerza pública en una de las sedes de su universidad. Aunque fue atendido de manera oportuna y llevado a un centro asistencial por la gravedad de la herida perdió definitivamente la visión en uno de sus ojos.
En este periodo de movilizaciones estudiantiles es ESMAD y la Policía Nacional han entrado varias veces a las instalaciones de universidades públicas, en las cuales no solo han atacado a la comunidad universitaria, sino que ha dañado la infraestructura. Particularmente entraron a la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, a la Universidad Pedagógica Nacional, a la Universidad del Atlántico, entre otras.
¿Quiénes son los responsables?
En 78 de 163 hechos el autor fue desconocido, en donde registramos 46 denuncias por homicidio, 17 por atentados, 10 por amenazas, 2 por infracciones al DIH, 1 secuestro y 1 por situaciones de hostigamiento, en donde hubo al menos 165 víctimas individuales y colectivas, entre ellas un grupo de 76 personas que fueron desplazadas del resguardo Aguas Negras en Caquetá.
Así mismo, 32 hechos fueron perpetuados por grupos armados ilegales, en donde registramos 16 denuncias por amenazas, 4 por presencia paramilitar, 2 por atentados, 4 situaciones de hostigamiento, 2 por secuestro, 2 por homicidio y 1 por infracciones al DIH. Registramos como autores a miembros de las Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las FARC, Ejército de Liberación Nacional ELN, entre otras estructuras criminales.
Por parte de la fuerza pública, registramos 36 denuncias en donde hubo al menos 1583 víctimas individuales y colectivas, entre las que se encuentran 1500 personas pertenecientes al pueblo Sikuani, mestizos y afro que realizaban la toma pacífica de un terreno en Mapiripán, Meta agredidas por la fuerza pública. Específicamente, registramos 36 denuncias por abusos de la fuerza pública, 2 por violaciones de derechos humanos dentro de instituciones carcelarias, 3 por situaciones de hostigamiento, 2 por homicidio y por infracciones al DIH. En los hechos se vieron envueltos miembros del Ejército Nacional, Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, Cuerpo Técnico de Investigación CTI, Escuadrón Móvil Anti-Disturbios ESMAD, Gaula, Grupo de Operaciones Especiales GOES y Sijin.
Guerra y paquetazo: Motivos del descontento social
Aunque la Corte Constitucional no aprobó la Ley de Financiamiento del gobierno Duque hay otras medidas contrarias a los derechos sociales en marcha. El llamado “paquetazo” del gobierno incluye propuestas de flexibilización laboral para combatir el desempleo y la informalidad y los planes para la reforma al sistema pensional que contemplan la posible eliminación de la prima media.
A este descontento se ha sumado también la agenda del movimiento ambiental den defensa de la naturaleza que incluye cuestionamientos al nombramiento del ministro Carrasquilla para dirigir el licenciamiento del Páramo de Santurbán a la empresa Minesa. Desde el movimiento estudiantil, también se suma el polémico Artículo 44 del texto del Presupuesto General de la Nación para 2020 en donde el gobierno destina los recursos de la educación superior para pagar las demandas contra el Estado.
Ante el ambiente de inconformidad y los aires de movilización social que corren en el continente, la respuesta del gobierno Duque no deja de ser desconcertante. La continuidad de la cúpula militar comprometida en el bombardeo donde murieron niñas, niños y adolescentes víctimas de reclutamiento forzado, junto con el nombramiento del canciller Carlos Holmes Trujillo como nuevo Ministro de Defensa son mensajes indolentes con las víctimas y de continuidad con la política de seguridad contraria al Acuerdo de Paz y de retorno de las peores prácticas de la política de seguridad democrática (2002-2010).
En este panorama crece el ánimo de movilización social previo a la convocatoria de Paro Nacional el próximo 21 de noviembre, pese al clima de zozobra que se ha querido generar desde el gobierno con teorías conspirativas y señalamientos contra quienes promueven la movilización. Si el Gobierno Duque sigue empañado en gobernar a espaldas a los clamores populares, aferrado a la agenda de su partido de gobierno, aislada y debilitada en las recientes elecciones locales, serán cuatro años más de movilización popular insistiendo en la paz con justicia social y ambiental como único destino posible de una nación hastiada de la violencia.
Consulte las denuncias del periodo aquí:
