Publicada originalmente en Confidencial Colombia.
Que el doctor Álvaro Uribe Vélez proponga al país una amnistía general para los crímenes atroces cometidos (y que se siguen cometiendo) en el marco del conflicto armado interno que ha hecho tanto daño a Colombia por décadas, no debe sorprender a nadie porque el expresidente nunca ha sido amigo de la verdad. Lo que busca es devolvernos a los días oscuros de la época antes de la Constitución de 1991, cuando cada ciclo de violencia extrema terminó con un borrón y cuenta nueva justificado por la necesidad de que el país avanzara. Colombia ya ha vivido esta realidad y ha aprendido de ella. No volveremos atrás.
Desde 1782 hasta hoy, se han expedido aproximadamente 63 indultos y 25 amnistías. Todas las constituciones políticas de Colombia las contemplan como mecanismos de perdón y olvido de los delitos, en la idea de facilitar el fin a la guerra.
Pero hoy en día solamente se puede amnistiar los delitos políticos y conexos. Para los graves crímenes de guerra y de lesa humanidad, el grado de perdón permitido en una sentencia depende del compromiso del victimario de contar la verdad completa. Esto es lo que quiere evitar el doctor Uribe y sus simpatizantes. Parece que temen las consecuencias sociales y políticas de contar las barbaridades que ellos mismos facilitaron.
Durante el siglo XIX, las guerras civiles finalizaron casi siempre en una amnistía para los crímenes cometidos por los alzados en armas. En el siglo XX la amnistía e indulto del General Gustavo Rojas Pinilla (1953 -1957), favoreció a los guerrilleros liberales y a los agentes del Estado que “se excedieron” en la defensa del mismo (decretos-leyes 1823 y 2062 del 8 de julio de 1954). Cuando se encontraba desarmado y desmovilizado se asesinó al jefe de las guerrillas liberales Guadalupe Salcedo.
El Frente Nacional se promovió supuestamente con el ánimo de frenar la violencia partidista. Efectivamente, Alberto Lleras Camargo (1958-1962), primer presidente de Frente Nacional, aprobó una ley de amnistía e indulto para antiguos combatientes (decreto-ley 328 del 28 de noviembre de 1958), mediante la cual se pretendía facilitar la solución a la lucha armada. Pero en realidad supuso una especie de amnistía política para quienes habían desencadenado la violencia partidista que dejó centenares de miles de muertos y desplazados. El Frente Nacional terminó siendo un modelo excluyente de alternancia de los partidos Liberal y Conservador que dio origen en las guerrillas izquierdistas.
Veinte años después el expresidente Belisario Betancur (1982- 1986) repitió y concedió una amplia amnistía (Ley 35 de 1982) en que se otorgó perdón y olvido incondicional para todos integrantes de la Coordinadora Nacional Guerrillera. Con esto logró una tregua de un año que terminó con la tragedia del Palacio de Justicia el 6 y 7 de noviembre de 1985.
El expresidente Virgilio Barco (1986-1990), consiguió antes de la Asamblea Nacional Constituyente el cese unilateral del fuego con el M-19, firmó con ellos un acuerdo de paz y reinserción, y concedió amnistía e indulto general (Ley 77 de 1989, enero de 1990). Dos semanas después de la entrega de armas por parte del M-19, el 28 de abril de 1990, su candidato presidencial, Carlos Pizarro, asesinado dentro de un avión, con la participación de paramilitares y escoltas del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. La guerra continuaba.
En ninguno de estos procesos se exigió a los beneficiarios que contaran la verdad como contraprestación. Y ninguno de ellos puso fin a la guerra en Colombia.
La nueva Carta Política de 1991 también le dio amplísimas facultades al expresidente César Gaviria Trujillo (1990-1994), para lograr la reinserción de grupos guerrilleros. Aun cuando ni las FARC ni el Ejército de Liberación Nacional, ELN, se acogieron, sí lo hicieron otros grupos menores como el Ejército Popular de Liberación, EPL, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, y el Movimiento Armado Quintín Lame.
Sin embargo, desde entonces, la jurisprudencia de la Corte Constitucional creada por la nueva Constitución, tomando en cuenta el desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos y los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia, ha limitado los delitos que se podría amnistiar como conexos a los políticos, excluyendo crímenes de guerra y de lesa humanidad. Este desarrollo jurisprudencial da prioridad a los derechos de las víctimas cuyas vidas terminan siendo tan gravemente afectadas por los grandes señores de la guerra.
Es debido a los derechos de las víctimas que el mecanismo de Justicia y Paz diseñado por el gobierno del doctor Uribe (2002-2010) para conseguir la desmovilización de los paramilitares, sin amnistía pero con pequeñas penas frente a la magnitud de los crímenes cometidos, tuvo que incorporar el requisito de que sus beneficiarios revelaran la verdad aunque lo hicieron a medias.
La misma exigencia de las víctimas, basada en sus derechos, hizo que el expresidente Juan Manuel Santos (2010- 2014), quien buscando el desarme y la desmovilización de las FARC, dio su aval a un modelo de justicia transicional que preveía sanciones no privativas de la libertad a cambio de exigir que se contara la verdad del conflicto.
Seguramente es cierto que ni la Ley de Justicia y Paz, ni el actual Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y no Repetición, son perfectos. Pero en alguna medida han respondido al profundo anhelo de verdad y justicia que existe en la sociedad colombiana. La gente sí quiere saber quién hizo? qué y por qué lo hizo?. Eso es lo que Uribe no quiere que se sepa.
El fiscal general de bolsillo del actual gobierno derechista, Francisco Barbosa, sabe que lo propuesto por el doctor Uribe no está permitido en el derecho internacional. En opinión de Humberto de la Calle, exnegociador de paz, es una posición errónea porque viola todas las barreras y destruye un elemento esencial del Acuerdo con las FARC que consiste en la asunción de responsabilidad judicial por los más graves crímenes, cualquiera haya sido el victimario. El exnegociador de paz, Sergio Jaramillo, afirmó que la amnistía atentaría contra los derechos de las víctimas. El Senador Iván Cepeda dijo que una amnistía es contraria al derecho internacional y genera impunidad. El magistrado Eduardo Cifuentes sostuvo que es una propuesta indecente en un país con más de 9 millones de víctimas, es inconstitucional y conlleva el desmonte del Acuerdo de Paz y la JEP, que tiene bajo su conocimiento los crímenes de guerra y de lesa humanidad.
No sabemos todavía si conocer la verdad plena sobre el conflicto armado y hacer justicia en la medida posible en un sistema de justicia transicional son suficientes para terminar, por fin, la guerra en Colombia. Lo que sí sabemos es que el borrón y cuenta nueva nos ha dado durante siglos, ciclos de violencia que nos agota a todos. La verdad y la justicia son la base de la esperanza de un país nuevo. Al doctor Uribe no le vamos a permitir robarnos esta esperanza otra vez.
