Publicada originalmente en Confidencial Colombia.

El domingo 6 de junio llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, para realizar la visita de trabajo en el contexto de la protesta social que tantos exigimos. El equipo de trabajo lo encabezó la presidenta, Antonia Urrejola (Chile), con los comisionados Joel Hernández (México) y Stuardo Ralón (Guatemala), el relator para la Libertad de Expresión, Pedro Vaca (Colombia), la Secretaria Ejecutiva, Tania Reneaum (México), la Secretaria Adjunta, María Claudia Pulido (Colombia) y un número significativo de integrantes de la secretaria de la CIDH.

El recibimiento fue apoteósico e inédito a un organismo internacional de derechos humanos.  Miles de colombianas/os salieron a recibir pacíficamente a la CIDH en la Avenida El Dorado y el Hotel Tequendama en Bogotá, en señal de bienvenida con carteles, pitos y arengas. De acuerdo a varios medios, la bienvenida que le dio la gente superó a los de la selección colombiana de futbol.

¿Cómo se explica este recibimiento histórico?

Hay varias razones. Primero, a diferencia de los años 80s, hoy hay una comunidad internacional fuerte y vigorosa, tanto de ONG, órganos intergubernamentales, Congreso de los Estados Unidos, gobiernos europeos y más, que tienen puestos los ojos sobre Colombia. Segundo, a pesar de los ataques y asesinatos de sus líderes, se ha visto el fortalecimiento del movimiento de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil y sociales en Colombia. Tercero, la gente, la población en general, se han apropiado del tema de los derechos humanos en Colombia, algo que no se veía en años anteriores. Cuarto, los periodistas y los medios de comunicación, en especial los alternativos y las redes sociales,  se han puesto la camiseta de los derechos humanos. Quinto, la inoperancia y falta de credibilidad de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo hace que la gente pone sus esperanzas en ese mecanismo internacional. Sexto, refleja el rechazo a la jurisdicción penal militar, mecanismo de impunidad que asumió la investigación de graves violaciones a los derechos humanos como la de Dilan Cruz.

Fructificó el trabajo a largo plazo de las defensoras/es y las pocas organizaciones de derechos humanos colombianas, que no éramos más de cinco a finales de los 70s. Nos propusimos una tarea a largo plazo, accionar los órganos de control e investigación internos y acudir a los mecanismos de derechos humanos internacionales. Entre ellos está la CIDH, uno de los dos órganos, junto con la Corte Interamericano de Derechos Humanos, del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos que sacan la cara por la Organización de Estados Americanos.

¿Qué le recomendamos a la Comisión Interamericana para su declaración final?

El 8 de junio en horas de la tarde el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,  presentó una serie de recomendaciones dirigidas al Estado colombiano con el propósito de que sean tenidas en cuenta al momento de elaborar la declaración de la CIDH al finalizar la visita.

Sobre el uso de la fuerza, insistimos en que se debe respetar la presunción de pacificidad de que gozan las protestas, así como el estándar del uso excepcional de la fuerza; derogar la norma de  “asistencia militar” (Decreto 575 de 2021) porque la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ciudadana debe ser extraordinaria, justificada, excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso; asegurar que las fuerzas policiales en las manifestaciones y protestas tengan como prioridad la defensa de la vida y la integridad de las personas; limitar cualquier forma de privación arbitraria de la libertad personal en el marco de la protesta porque se utiliza de manera masiva como mecanismo ilegítimo de limitación del derecho a manifestarse; promover una reforma auténtica de la Policía Nacional para adecuar su formación y asegurar su dependencia de un ministerio civil; y cumplir las decisiones de tutela en favor de la protección de la protesta, la limitación del uso de la fuerza policial, y la actuación de los órganos de control, particularmente la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 22 de septiembre de 2020.

Sobre los derechos de las víctimas, debe el Estado rechazar y reconocer públicamente la comisión de vulneraciones a los derechos humanos a los manifestantes como consecuencia del uso indebido y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales, incluyendo afectaciones particulares sufridas por mujeres, población LGBTIQ, migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, jóvenes, niños y niñas. Se debe proveer un programa de reparación integral a las víctimas, especialmente en los casos de tortura, violencia sexual y lesiones oculares, programas que deberán tener cobertura nacional, enfoque diferencial según la víctima (enfoque de género, étnico, etario, etc.) e incluir atención médica y psicosocial, así como rehabilitación de las víctimas y sus familiares.

Sobre las defensoras/es de derechos y los periodistas, en cumplimiento del Protocolo de acciones preventivas, concomitantes y posteriores de protección a la protesta pacífica (Decreto 003 de 2021),  se debe garantizar la labor que realizan las Comisiones de Verificación conformadas por organizaciones de derechos humanos para hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones estatales en contextos de protesta social. Se debe brindar información adecuada sobre personas detenidas. Se debe mantener en todo momento la disposición al diálogo e interlocución. Se debe investigar, judicializar y sancionar las agresiones contra su labor y valorar el actual contexto para disponer el otorgamiento de medidas cautelares en favor de personas defensoras, sus procesos organizativos, liderazgos sociales y periodistas, quienes se encuentran en grave riesgo y amenaza, asegurando la concertación de las medidas de protección con las personas beneficiarias, su efectividad y adecuación étnica, de género, etárea, y demás.

Consideramos que además de las recomendaciones en un comunicado de prensa, la CIDH debe emitir un informe final con las recomendaciones sobre la visita de trabajo, la cual partió del país el 10 de junio con las esperanzas del pueblo colombiano en sus manos.

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