La defensa de los derechos sociales y los derechos humanos de los ciudadanos continúa siendo combatida en diversas regiones de Colombia por los intereses particulares de poderes empresariales tanto colombianos como extranjeros. Esa es la principal conclusión del eurodiputado alemán Jürgen Klute, al término de la misión de verificación de derechos humanos que ha realizado por departamentos como Valle del Cauca, el Cesar y la Guajira, donde se entrevistó con líderes comunitarios, sociales, políticos y sindicales, así como autoridades, instituciones y empresas

 

Bogotá, 16 de mayo de 2014. Colombia sigue irrespetando los derechos humanos y los derechos sociales de sus ciudadanos porque sigue relegando el interés general del país en beneficio de los intereses particulares de grandes compañías. Esa es la principal conclusión del diputado alemán del Parlamento Europeo Jürgen Klute, que concluye hoy una misión de verificación del estado de los derechos humanos en Colombia que le ha llevado por ciudades y comunidades rurales del Valle de Cauca, el Cesar y la Guajira.

El eurodiputado Jürgen Klute, acompañado de su asesora en el Parlamento Europeo Viviana Viera, se ha entrevistado durante diez días con defensores de derechos humanos, sindicalistas, personalidades políticas, ejecutivos corporativos, víctimas del desplazamiento y el acaparamiento de tierras, expertos en cooperación y construcción de paz, autoridades militares, altos funcionarios y líderes de comunidades indígenas, negras y campesinas.

En sus reuniones por el país, tanto en Cali como en Bogotá, tanto en Buenaventura como en Valledupar, tanto en la comunidad desplazada wayúu de Provincial como en la comunidad desplazada afrodescendiente de Tabaco, el eurodiputado Klute ha constatado que los grandes capitales siguen por doquier ignorando, permitiendo o promoviendo violaciones de los derechos humanos de las que son beneficiarios directos. Los megaproyectos mineros, urbanísticos o agroindustriales todavía valen más que la vida y el bienestar de los colombianos.

De nada han servido hasta ahora, por ejemplo, los continuos esfuerzos legales e institucionales que lleva años haciendo la comunidad wayúu en Barrancas, al sur de Guajira, gravemente afectada por la mina de carbón de El Cerrejón, que ha implicado la contaminación y el riesgo de desviación del río Ranchería del que depende, al mismo tiempo que la militarización de la zona y la imposibilidad de cazar, pescar e incluso transitar libremente por su resguardo.

Parecidos problemas denuncia la vecina comunidad negra de Tabaco, donde la sombra de la mina de El Cerrejón les sigue haciendo sufrir a fecha de hoy desplazamiento y estigmatización. Los indígenas wayúu denuncian que Corpoguajira, el organismo que debería velar por el medio ambiente, en la práctica actúa como aliada de la mina, bloquea el reconocimiento del daño causado durante 30 años, no les reconoce los estragos en su salud, y permite temblores de tierra y niveles de ruido y contaminación insoportables para la comunidad y el ecosistema.

Los mismos problemas denuncia el ambientalista y activista de derechos humanos Edgar Humberto Cruz, amenazado por su defensa del ecosistema de los páramos del nororiente y por su lucha para que Ecopetrol no arruine la mayor “fábrica de agua” de Colombia con los 800 pozos de extracción petrolífera que ya ha identificado. Cruz exige que las comunidades indígenas, negras y campesinas sean informadas previamente en cumplimiento de su legítimo derecho de consulta previa.

El mismo patrón de conducta anti-derechos humanos denuncia en Buenaventura el líder Orlando Castillo, de la comunidad afrocolombiana de Puente Nayero, en riesgo de ser de nuevo desplazada en beneficio del proyecto urbanístico Malecón Bahía de la Cruz, y donde la principal reivindicación es la consulta previa y que las autoridades les integren en la construcción del malecón sin desalojarlos.

“Los derechos humanos, sociales y sindicales siguen valiendo menos en Colombia que los grandes intereses”, observa el eurodiputado Klute: “La sociedad civil colombiana está bien organizada pero su voz es sistemáticamente ignorada por el poder. En mis conversaciones con centrales sindicales, organizaciones no gubernamentales, agencias de cooperación, partidos de oposición y entidades de fortalecimiento de la paz he percibido una visión muy distinta de Colombia de la que me transmiten las autoridades y las compañías”.

“Espero transmitirle hoy mismo esta divergencia entre la Colombia de los negocios y la Colombia de las personas al vicepresidente de la República, Angelino Garzón, a quien le presentaré el balance de mi misión antes de regresar a Bruselas. Los derechos humanos siguen siendo una asignatura pendiente en Colombia, y es imposible normalizar la relación bilateral entre la Unión Europea y Colombia mientras tantísimos colombianos sigan siendo asesinados, amenazados, desplazados y víctimas de un orden social tan injusto, desigual y violento”, concluye Klute.

“Durante la misión hemos conocido personas que hacen una labor fundamental por el reconocimiento der las víctimas, por ejemplo en casos de acaparamiento de tierras”, apunta Viviana Viera, asesora europarlamentaria: “La Contraloría General y el personero Pablo Segundo soportan presiones enormes y desarrollan un trabajo clave contra la concentración de la tierra. Es importante que otras instituciones sigan esta línea, la única posible para luchar contra problemas estructurales del conflicto y la construcción de la paz en Colombia”, recalca Viera.