La comunicación urgente ante la ONU expresa la grave situación y riesgo inminente de incremento de la crisis por el Covid-19 ante exposición a la mala calidad del aire y violación del derecho al agua, piden que Naciones Unidas haga un llamado a la suspensión de la explotación de carbón que afecta sus vidas.

“Lo que estamos exigiéndole al Cerrejón es por la salud de nuestros niños, estamos luchando por nuestros derechos propios que es de vivir en un territorio sano, en un resguardo sin contaminación como era antes de llegar Cerrejón, aquí recibimos la contaminación minera las 24 horas, yo tengo mis hijos y por ellos si me tengo que enfrentar al mundo entero yo lo hago, y si tengo que ir donde tenga que ir yo lo voy hacer, por mi familia, por la memoria de los niños que han muerto y enfermedad por la contaminación, ¿Cómo es posible que nosotros somos vecinos del Cerrejón y no tengamos acceso a la salud? no tenemos agua potable, no tenemos vivienda digna, nosotros vivimos en una pobreza total” Luz Ángela Uriana

Por solicitud de mujeres Wayuu, que viven la angustia de tener a sus hijas e hijos enfermos, se instruyó por parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo -Cajar, a la abogada Mónica Feria-Tinta y se realizó la presentación de una comunicación urgente, mediante los Procedimientos Especiales de la ONU: Relator Especial sobre los Derechos Humanos y el Medio Ambiente, Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, alertando sobre la emergencia de salud pública por el Covid-19, que agudiza la alta y grave vulnerabilidad de la comunidad indígena Wayúu del Resguardo de Provincial en la Guajira, en particular para sus niños y niñas, a causa de la emisión de polvillo o material particulado que produce la explotación de la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina que se ejecuta a menos de un kilómetro de su territorio.

Recientes estudios a nivel mundial desarrollados en el marco de la pandemia han mostrado sobre la relación entre la contaminación del aire y un incremento en tasas de mortalidad por Covid-19. Estos trabajos muestran que incluso un pequeño aumento de una sola unidad de material particulado de PM 2.5 aumenta el riesgo de problemas respiratorios que pueden ser fatales para pacientes con el coronavirus COVID-19. A esta preocupación, se suman informes internacionales que muestran que las minas alrededor del mundo son un punto crítico para la propagación del Covid 19.

Los casos graves de COVID-19 devienen en enfermedades respiratorias que tendrían una mayor mortalidad en las personas con afecciones respiratorias de salud preexistentes como es el caso de la comunidad Wayuu de Provincial.

En efecto, luego de un extenso debate probatorio y argumentativo, la Corte Constitucional comprobó las serias afectaciones a la salud que antes de la pandemia ya padece esta comunidad entre las que se incluyen: “riesgo de alteraciones a nivel celular, cáncer, neumonías bacterianas no especificadas, neumocosis, bronquitis crónica, fibrosis masiva, asma mixta, asma bronquial, laringitis obstructiva aguda, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (epoc), infecciones agudas no especificadas de las vías respiratorias inferiores y otras infecciones agudas de “sitios múltiples de las vías respiratorias superiores e inferiores”.

En la petición ante las distintas relatorías de la ONU se denunció como desde el año 2014, en un informe sobre la crisis humanitaria en la Guajira, la Defensoría del Pueblo señaló que según declaraciones de las autoridades locales del municipio de Barrancas (lugar donde se ubica el Resguardo Provincial): “el problema ambiental más relevante del municipio es la contaminación por emisiones de polvo a causa de la explotación de las minas de carbón del Cerrejón, las cuales afectan la salud de los habitantes.”

La solicitud advierte que ante la nueva evidencia científica sobre la caracterización de los riesgos de la pandemia es urgente y prioritario que en aplicación del principio de precaución se mantenga la suspensión de los tajos mineros aledaños a la comunidad de Provincial. El Estado Colombiano está en obligación de brindar la protección y adoptar medidas eficaces en favor de esta comunidad, lo contrario con llevaría a tolerar el riesgo del exterminio de una etnia milenaria.

De otro lado, se denuncia que la situación de emergencia de salud que se vive por el Covid-19 agrava y profundiza las condiciones de vulnerabilidad en la que se encuentra la comunidad Wayúu por la privación de una garantía efectiva del derecho al agua. La empresa Carbones del Cerrejón niega sistemáticamente cualquier responsabilidad por la violación del derecho al agua de las comunidades indígenas aledañas a los tajos de su explotación minera. Sin embargo, es innegable la incidencia de la operación minera en las transformaciones dramáticas del sistema hídrico de su territorio en los últimos 30 años.

Carbones del Cerrejón argumenta que el (89%) del agua que utiliza para su operación minera es de muy mala calidad, no apta para consumo humano o de animales, o para regar cultivos. No obstante, no menciona o brinda información clara sobre su aporte a la contaminación del río Ranchería. Conforme la sentencia judicial T-614 de 2019 de la Corte Constitucional colombiana, diversas pruebas en el expediente señalan una afectación a los cuerpos de agua circundantes al resguardo indígena de Provincial producto de la operación minera.

De otra parte, el Estado Colombiano no ha garantizado una información veraz e imparcial sobre la relación de los impactos de la operación minera que realiza Carbones del Cerrejón con la escasez hídrica en la Guajira.

Así mismo, en la Sentencia T-302 de 2017 la Corte Constitucional que declaró la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con el goce efectivo de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, al agua potable y a la participación de los niños y niñas del pueblo Wayúu, se ordenó contratar un estudio independiente para determinar la relación causal existente entre la actividad minera a gran escala y la escasez de agua para las comunidades wayúu y en caso afirmativo, en qué lugares del Departamento de La Guajira, sin embargo, tras consultas hechas por el Cajar a las entidades estatales se estableció que a mayo de 2020 esta orden no ha sido cumplida.

Medidas urgentes solicitadas

Por las razones anteriores, respetuosamente se solicita a las Relatorías Especiales que declaren que:

1. Los pueblos wayúu tienen derecho a la vida y a un medio ambiente sano, a un aire limpio, al agua y a la alimentación, y a que la situación descrita viole esos derechos.

Que, por todo lo anterior, las Relatorías Especiales de la ONU realicen un llamamiento a:

2. En aplicación del principio de Precaución, una suspensión inmediata de las operaciones mineras de Cerrejón de los tajos y botaderos mineros de Carbones del Cerrejón que se encuentran rodeando la comunidad del Resguardo de Provincial en el contexto de la emergencia de Covid-19.

3. Que se inicie un proceso de transición justa, equitativa y participativa para la terminación de las operaciones mineras de Carbones del Cerrejón, con pleno cumplimiento de las obligaciones legales de plan de cierre y compromisos en derechos humanos, a la luz de las flagrantes violaciones de estos derechos del pueblo wayúu por la explotación de la mina, según lo establecido por numerosas decisiones del Tribunal Constitucional, la más reciente de las cuales es (T-614 de 2019), reconociendo la contaminación masiva causada por la mina de Cerrejón en detrimento de los pueblos indígenas wayúu (incluidos los niños y las niñas) del Resguardo Indígena de Provincial.

4. Que, de conformidad con las obligaciones del Acuerdo de París, pertinentes para garantizar los derechos humanos de la Wayúu, el Estado Colombiano elimine gradualmente la minería del carbón.