Desde noviembre de 2016, cuando se firmó el Acuerdo de Paz, más de 500 personas han tenido el mismo fatídico destino. Esta situación ha llevado a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a reiterar la semana anterior su “gran preocupación por el patrón persistente de asesinatos de líderes y lideresas comunitarios, defensores y defensoras de los derechos humanos y excombatientes de las
FARC-EP”.

El llamado urgente que hace el Consejo de Seguridad de la ONU obedece a que estos crímenes socavan la implementación territorial del Acuerdo de Paz. Acabar con los liderazgos sociales de las zonas rurales y de las comunidades más vulnerables del país es, en realidad, un crimen contra la paz.

Pero, además, constituye una forma de profundizar la crisis humanitaria en regiones tradicionalmente abandonadas por el Estado colombiano en las que estas personas desempeñan un rol crucial en la cohesión, conservación y desarrollo del tejido social.

A ello se agrega la noticia de la aparición de ‘ejércitos anti restitución’ cuyo objetivo es exterminar a campesinos que reclamen tierra, como lo ha puesto en evidencia el ataque a una comisión de la Unidad de Restitución de Tierras, el pasado 11 de abril.

Los integrantes del movimiento Defendamos la Paz queremos manifestar a la opinión pública que:

– Insistimos en recordarle al presidente Iván Duque que la implementación integral del Acuerdo de Paz es el marco adecuado para los planes de acción en seguridad y garantía de los derechos colectivos y a la vida en democracia. Éste contempla mecanismos específicos para proteger tanto a las personas reincorporadas a la vida civil como a quienes ejercen liderazgos sociales, la defensa de los derechos humanos y la paz. El Gobierno Nacional está en mora de llevar a la práctica el mandato de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad y el conjunto de sus funciones incluida la formulación de políticas y del plan de acción para el desmantelamiento de grupos criminales que atentan contra la construcción de paz.

– Consideramos que el Presidente debe formular una política pública que, con carácter urgente, integral y eficaz, así como con recursos suficientes, atienda la situación que padecen las comunidades rurales, y que ofrezca condiciones reales para el ejercicio de la participación y la construcción de la paz. Para ello se cuenta con instrumentos legales (decreto 660 de 2018, resolución 845 de 2018 y directiva 002 de la Procuraduría). Esta política puede encontrar un firme apoyo en las organizaciones comunitarias en los territorios que están dispuestas a trabajar con su conocimiento y capacidad en afianzar la protección de la vida y de la acción social.

– Llamamos al Gobierno Nacional a adoptar una verdadera política de paz completa e integral que permita reconstruir los caminos del diálogo con el ELN que se acompañe del cese al fuego y del respeto al DIH, y desarrollar mecanismos de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, así como desactivar las bandas criminales y los grupos paramilitares.

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