Lamentables hechos que pusieron en riesgo a los familiares de las víctimas, se presentaron durante la jornada contra la desaparición forzada en la ciudad Cúcuta; cuando dos efectivos del Cuerpo de Inteligencia Policial (CIPOL), vestidos de civil, arribaron al parque Santander, desde el inicio de la actividad, para infiltrarla y hacer registros fotográficos y audiovisuales de los participantes.
Cuando los organizadores de la actividad les preguntaron quienes eran, se identificaron verbalmente como periodistas del canal local ATN Televisión, pero al momento de solicitarles una identificación, sacaron los documentos que los acreditaban como agentes de la policía, evitando que pudieran verse sus nombres.
Posteriormente cuando la encargada de la logística les preguntó porqué estaban grabando y tomando fotos, uno de ellos respondió que era de la Universidad Santo Tomas, pero cuando le pidió su credencial, se negaron a mostrarlas alegando que le estaban violando sus derechos. Ante tal afirmación, se les preguntó: “¿porque ustedes tienen derecho a violar nuestros derechos y a cometer infracciones al DIH en nuestra contra?, además se les dijo que estaban colocando en riesgo la seguridad de las víctimas y que ese material podía ser manipulado para hacer montajes judiciales, como ha ocurrido en otras ocasiones.
Sobre esto el agente respondió que simplemente era “por seguridad de la ciudadanía y que ¿en dónde estaba escrito que con tomar algunas fotos y algunos vídeos se estaba violando el DIH?”. La joven le respondió: “usted lo ha dicho, eso está escrito en el DIH”. En ese momento se acercó un agente de policía uniformado y al sugerirle que tomara medidas al respecto dijo: “él no está grabando, solamente está cumpliendo con su trabajo, ya que la CIPOL si está en el derecho y están autorizados para grabar”.
A pesar de los constantes llamados que se hicieron por parte de los organizadores para que no fotografiaran o grabaran a los participantes, para que no pusieran en riego la seguridad de los mismos y para que respetaran el dolor de las víctimas, los agentes hicieron caso omiso y continuaron hostigando a los civiles a lo largo de la actividad, desestimando la presencia de delegados la Defensoría del Pueblo.
Finalmente se acantonaron al interior del Palacio de Justicia para continuar con su labor de “inteligencia” dándoles a las víctimas trato de delincuentes, irrespetando su dolor y revictimizándolos con estas acciones que tienen como objetivo intimidar, satanizar y deslegitimar el derecho constitucional a movilizarse pacíficamente.
Con el propósito de respaldar las denuncias sobre lo ocurrido, los organizadores hicieron registros fotográficos de los hechos y de los agentes involucrados.
RESPONSABILIZAMOS
Al Estado Colombiano, por cualquier agresión o hecho lamentable que pueda sucederle a las víctimas y demás participantes de la marcha, a los organizadores y convocantes de la misma, ya sea por su acción u omisión perpetrada por agentes del Estado. Y demandamos garantías eficaces y reales para la protección a las víctimas y la labor de defensa de los derechos humanos de las y los colombianos.
EXIGIMOS
De la Fiscalía General de la Nación: Que se identifiquen plenamente los responsables, tanto de ordenar como de ejecutar estos hechos de agresión y hostigamiento contra la población civil.
Del Estado: Que se trate con consideración y respeto a las víctimas y que se les brinden garantía de no repetición.
SOLICITAMOS:
El acompañamiento de las organizaciones defensoras de DDHH y de la comunidad internacional para que puedan instar al gobierno a cumplir con garantías reales de protección a las y los miembros del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado-Capítulo Norte de Santander – a las víctimas de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (ASFADES) y de la Asociación de Víctimas de Crímenes de Estado de Norte de Santander (AVICENOS).
