Entre el 15 y el 23 de enero de 2018, una misión de verificación integrada por seis personas, entre abogados, activistas de derechos humanos (ver perfiles al final) y representantes de organizaciones sociales, realizaron un recorrido por el cañón del río Cauca, zona de influencia del megaproyecto hidroeléctrico más grande del país: la represa Hidroituango, para constatar, a través de testimonios de comunidades, la existencia de cientos de cuerpos enterrados en la ribera del río…

… que podrían corresponder a muchas de las víctimas de al menos 642 desapariciones forzadas, y de 63 masacres con 372 víctimas, según registros del Centro Nacional de Memoria Histórica. Estas cifras corresponden a los periodos 1978- 2016 y 1982-2016, respectivamente.

Las estadísticas del CNMH no coinciden con las del Registro Único de Víctimas y el Registro Nacional de Desaparecidos, de 622 y 343 víctimas respectivamente, pero todas dan cuenta de la magnitud de la violencia sociopolítica vivida en la zona, y de la existencia de una verdadera fosa común en las riberas del Río Cauca, cuya verdad histórica, así como derechos de sus familiares podrían quedar inundados y enterrados debajo del megaproyecto.

“Los familiares y las personas del lugar señalan los tres puentes visitados -Pescadero, entre Ituango y Toledo; el puente la Garrucha entre Sabanalarga y Peque; y el Puente viejo en el corregimiento de Puerto Valdivia- como lugares de tortura, ejecución y sacrificio de personas en donde tiraban los cuerpos al río Cauca para no ser encontrados. La Misión visitó estos tres sitios y escuchó las narraciones de las masacres y asesinatos que se han vivido en estos lugares que quedarán inundados por Hidroituango.”

Foto: Erik Arellana Bautista, integrante de la misión.

Por tal razón, la misión lanza un llamado de urgencia al gobierno nacional para que emprenda un plan de búsqueda antes de que se inicie la inundación de esta represa prevista para junio de 2018. Cabe anotar que las comunidades, a través del Movimiento Ríos Vivos, Antioquia, que agrupa a organizaciones campesinas de los 12 municipios con influencia del proyecto, han denunciado esta situación desde el año 2012, sin tener eco en las autoridades ni los medios de comunicación.

Las exhumaciones que se han realizado por cuenta de los avances de la obra Hidroituango, han encontrado 159 cuerpos de los cuales han sido identificados y entregados 84, en medio de irregularidades como la participación de privados, mediante convenio entre Fiscalía y EPM:

“Conforme lo indicado por Fiscalía, entre ella y EPM existen acuerdos con el propósito de que la empresa recabara la información sobre la presencia de cuerpos sin identificar en la zona de inundación del proyecto, a partir de la cual la Fiscalía realizó 159 exhumaciones. Asimismo, se nos señaló que se convino que era competencia de la empresa la sociabilización y concertación de la exhumación y traslado de aquellos cuerpos presentes en los cementerios de la zona a ser inundada con las familias involucradas, para lo cual EPM convocó a licitación a diferentes entidades”.

Las comunidades han denunciado señalamientos y estigmatizaciones en este procedimiento, ya que en muchos casos fueron los mismos pescadores y pescadoras quienes dieron sepultura por sus convicciones morales y éticas a estos cuerpos. Por eso reclaman que el plan, en el cual están dispuestos a colaborar, cuente con garantías y protección para ellas, y que el Estado asuma su responsabilidad en el papel de búsqueda, identificación y entrega de cuerpos a sus familiares.

La misión también encontró que las muertes violentas en la zona no son cosa del pasado y que persistes la amenaza para las comunidades, como lo percibió una de las integrantes en carne propia, según se recoge en el informe final:

“Se constató que siguen llegando por el río cuerpos producto de muertes violentas; que subsisten las amenazas e intimidación a los pobladores que se animan a denunciar o colaborar con la visibilización de esta situación y que subsisten la presencia de paramilitares en la zona. Incluso uno de los vigilantes de Interglobal Vigilancia al servicio de la empresa EPM se dirigió a una de las observadoras de La Misión diciéndole que ‘si no le daba miedo de los grupos armados presentes en la zona’ y respecto a ese momento indicó que una hora antes los paramilitares habían estado allí.”

La misión también se reunió con autoridades regionales y nacionales relacionadas con los procedimientos de recuperación e identificación de cuerpos y búsqueda de desaparecidos en el departamento de Antioquia. Con base en esta recopilación de información presentó sus recomendaciones dirigidas a la Fiscalía investigar y desplegar el plan de búsqueda, tomando las medidas de protección para la comunidad.

También a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, cuya puesta en marcha considera de la mayor urgencia e importancia, para que preserve los sitios y disposición de cuerpos y referencias a su ubicación y garantice la protección a quienes suministran dicha información, así como a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad para garantizar la memoria y la no repetición de los hechos allí ocurridos.

La misión se dirigió así mismo a la comunidad internacional y le solicitó que impulsen, acompañen y realicen el seguimiento al caso, y ala sociedad civil para que se informe y solidarice con esta realidad.

A las Empresas Públicas de Medellín, EPM, les solicita que se abstengan de seguir realizando labores que puedan afectar la memoria, la verdad y la justicia y en particular la investigación, juzgamiento y sanción de hechos violatorios de los Derechos Humanos o de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, ocurridos en el área de influencia del megaproyecto.

La misión convocada por el Movimiento Ríos Vivos y con apoyo del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo estuvo integrada por:

– Verónica Heredia. Abogada argentina defensora de Derechos Humanos; representante legal de las víctimas en el Caso “Torres Millacura” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de los familiares en el caso de Santiago Maldonado; abogada de Nora Morales de Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora en habeas corpus; Secretaria de la Asociación Civil sin fines de lucro “Encuentro de Profesionales contra la Tortura”

– María Elena Ugalde. Abogada chilena, apoyo jurídico al Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), y en causas de violaciones a los derechos humanos en la dictadura chilena.

– Carolina Caycedo. Artista plástica vinculada a #MásVoces, colectivo de trabajadores culturales en Colombia que se organiza en 2016, ante la apatía de la sociedad civil y la desidia estatal frente al incremento de asesinatos de defensores/as de derechos humanos y líderes sociales post acuerdo.

– Ivi Silva Simas Oliveira. Front Line Defenders, protección a los/as defensores/as de derechos humanos en riesgo, personas que trabajan, de forma no violenta, por alguno o todos los derechos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). Front Line da respuesta las necesidades de protección identificadas por los mismos/as defensores/as.

– Erik Arellana Bautista. Periodista de Colombia Plural, nuevo medio de comunicación independiente, periférico y diverso con vocación de incidencia en la opinión pública nacional colombiana pero desde la construcción de narrativas territoriales que sean el reflejo de la diversidad humana, política y cultural del país; miembro de la plataforma desaparicionforzada.co, red amparada por la asociación Human Rights Everywhere.

– Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia Psicosocial (EQUITAS). Organización sin ánimo de lucro, que surge en el 2004 en respuesta a la necesidad de un equipo forense independiente, al servicio de la investigación de graves violaciones a los derechos humanos en Colombia.

Mapas con información sobre desapariciones y masacres en la zona, según fuentes

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