Bogotá, 18 de noviembre de 2014. El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos la reanudación de los diálogos de paz con las FARC –EP suspendidos a raíz de la retención, presuntamente efectuada por esta guerrilla, del General Rubén Darío Álzate, el Capitán Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, en confusos hechos ocurridos en el departamento del Chocó, los cuales son materia de investigación.

 

 

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) exige al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos la reanudación de los diálogos de paz con las FARC –EP suspendidos a raíz de la retención, presuntamente efectuada por esta guerrilla, del General Rubén Darío Álzate, el Capitán Jorge Rodríguez Contreras y la abogada Gloria Urrego, en confusos hechos ocurridos en el departamento del Chocó, los cuales son materia de investigación.

El MOVICE ha reiterado que la vía para alcanzar la PAZ es la negociación política del conflicto armado. El Gobierno Nacional ha insistido en negociar en medio de las hostilidades y confrontación bélica, lo que debilita la confianza de las partes en el proceso. Por ello, urge una tregua bilateral y un cese al fuego, que permitan el desescalamiento del conflicto, que cuente con efectivos mecanismos de verificación y seguimiento pactados por los partes.

Urge aclarar si las FARC- EP tienen en su poder a las personas retenidas y para tal efecto, es necesario cesar los operativos en la zona para facilitar la comunicación con los voceros en la mesa de La Habana y de ser así, debe pactarse entre el grupo insurgente y el Gobierno las condiciones en que se efectuara la liberación, que de todas formas implica un cese de operaciones por parte de las fuerzas militares en la zona para la protección de la vida e integridad de las personas retenidas. Es fundamental que la entrega de las personas retenidas se haga a una comisión humanitaria del CICR, la iglesia y organizaciones de la sociedad civil.

Las víctimas participantes en las delegaciones que han asistido a la Habana han reiterado en sus visitas su apoyo al proceso de paz, el compromiso de la sociedad colombiana con este proceso y exigencias a las partes de que, por ningún motivo, se retiren de la mesa sin concretar acuerdos y asuman los compromisos para que se haga un cese bilateral al fuego y de hostilidades que prevenga nuevos hechos que victimicen a la población colombiana en todo el país.

El Movice ha insistido en que la paz es un derecho que el Estado debe garantizar y pasa por el reconocimiento de su responsabilidad en hechos victimizantes. Igualmente, que la solución política al conflicto armado implica reformas estructurales que combatan las causas que lo han originado y cambios en la política nacional, la cual presenta verdaderos obstáculos para el ejercicio de la democracia y la defensa de los derechos humanos.

La posibilidad de que los diálogos concluyan con éxito no sólo depende del gobierno y la insurgencia, sino de la sociedad en su conjunto, por ello hacemos un llamado para defender este proceso de paz a través de la movilización en las ciudades y los campos, que permitan avanzar en la construcción de un proyecto colectivo capaz de responder, no sólo al eventual “fin del conflicto”, sino a la necesid! ad histórica de animar y reinventar un nuevo país con justicia social y sin impunidad.